Una vigilia permanente de familiares y amigos de las víctimas de la represión ordenada por la expresidenta de facto boliviana Jeanine Áñez espera en las afueras del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz, mientras la acusada permanece en el reclusorio femenino de Miraflores, donde sigue detenida de manera preventiva.
El proceso judicial contra la ex senadora Áñez, denominado Golpe de Estado II, se instaló debido a los acontecimientos del 10 y el 12 de noviembre de 2019, cuando de manera inconstitucional, bajo el amparo de las Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica, asumió el mando de Bolivia, luego del golpe de Estado fomentado contra el presidente Evo Morales, ganador legítimo de las elecciones presidenciales donde resultó reelecto con un 48% de los votos.
Sin embargo, la Organización de Estados Americanos (OEA), en complicidad con la embajada estadounidense en La Paz y las fuerzas derechistas internas, determinó que el proceso había sido un fraude, lo que restó legitimidad a los resultados. Para evitar un desastre mayor del ocurrido contra su pueblo, Morales renunció y abandonó el país, ya en manos del conservadurismo.
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Ahí surgió la exsenadora nacida en cuna humilde en el departamento de Beni, donde fue reelecta para dos mandatos en el Congreso plurinacional. Desde fines del 2013, la abogada y presentadora de televisión militó en el Movimiento Demócrata Social (MDS, o Demócratas) partido resultante de un proceso de confluencia de diversas organizaciones y movimientos políticos de la oposición a Morales, y que estaba promovido principalmente por dirigentes y fuerzas del Oriente boliviano. En esa región se asientan los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando. Áñez pasó a integrar el Comité Ejecutivo Nacional de los Demócratas, con Rubén Costas Aguilera, el entonces influyente gobernador cruceño, al frente.
Añez, que oculta su evidente mestizaje con un cabello rubio decolorado, se hizo notable por un catolicismo ultraconservador contra los cultos tradicionales de los pueblos indígenas y su rechazo al reconocimiento estatal de la whipala, la bandera multicolor identificativa del pueblo aymara y otras etnidas andinas.
En abril de 2013 la senadora publicó en la red social Twitter un mensaje donde decía lo siguiente: "Sueño con una Bolivia libre de ritos satánico indígenas, la ciudad no es para los indios que se vayan al altiplano o al chaco!!".
En su segundo ejercicio senatorial, Áñez estuvo asociada a los trabajos legislativos para combatir los feminicidios y la violencia contra la mujer. Sin embargo, su postura más distintiva fue el repudio radical a Morales, ignorando la decisión de los electores y soslayando la Constitución Nacional.
La ex senadora consideró un abuso flagrante la candidatura del mandatario en 2019. Tras su salida, se convirtió en su sustituta por mandato de las corrientes retrógradas de la derecha y bajo su gestión se cometieron al menos dos masacres de indígenas que protestaban por el golpe de Estado en Senkata y Sacaba, con saldo de más de 30 civiles asesinados y más de 600 detenidos y desaparecidos.
Un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes registró, además, apresamientos arbitrarios, torturas, y ejecuciones extrajudiciales durante su gestión de las cuales, según analistas, tenía pleno conocimiento.
MANIOBRAS DE LA DERECHISTA
La expresidenta de facto, que cayó en prisión luego que el partido Movimiento al Socialismo (MAS), fundado por Morales ganó las presidenciales de 2020 con Luis Arce Caracota y David Choquehuanca, fue encarcelada, y durante este período sus abogados defensores han intentado distintas maniobras para alargar el juicio en espera de un dictamen internacional, en especial de la OEA.
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A Áñez se le imputa burlar la Carta Magna tras la renuncia de Morales (2006-2019) cuando le correspondía, como segunda vicepresidenta del Senado, era convocar a una sesión para elegir nuevas directivas, lo que obvió para declararse como primera magistrada.
Según el gobierno de Arce, la Presidencia debió recaer sobre un legislador del MAS, de mayoría en el Legislativo y no en Áñez, quien aseguró que tomó el mando del país al existir un vacío de poder debido a la ausencia, por distintas razones, de los congresistas.
Familiares y amigos de las víctimas del régimen de facto realizan una vigilia permanente frente al Tribunal de La Paz donde es juzgada la política derechista. (Tomada de Telesur)
La exsenadora usa en su defensa el argumento de que asumió el Palacio Quemado ¨sin pedirlo, sin buscarlo y mucho menos esperarlo...con la única misión de llamar a elecciones y pacificar el país en convulsión", mientras se autodeclaró como "presa política".
Su abogado Luis Guillén afirmó que ya está acordada una "presentencia", pues califica a la usurpadora como "de facto" e "inconstitucional".
La exmandataria fue asimismo señalada por "genocidio", que conlleva penas de cárcel de entre 10 y 20 años, a raíz de la denuncia de familiares de víctimas de la represión de 2019.
Para algunas voces, en especial los parientes de los fallecidos, el juicio contra Áñez y seis ex jefes militares y policiales ha sido postergado en varias oportunidades por solicitud de la defensa de la acusada, y por sus continuas indisposiciones de salud, que consideran falsas.
Los abogados de la exsenadoa han introducido unos 50 recursos legales entre apelaciones, impugnaciones, nulidades, acciones de libertad, de amparo constitucional, entre otros, según el viceministro de Justicia, César Siles.
El proceso estuvo detenido este lunes cuando Carolina Ribera, hija de la acusada, avisó una supuesta descompensación de su madre, quien no se ha presentado todavía a declarar de manera presencial.
Este martes 7 la Fiscalía hizo su presentación y luego lo harán los acusadores particulares y, finalmente, la defensa de los incriminados.
Ante las continuas enfermedades de Áñez, otro elemento para atrasar el juicio, los miembros del tribunal encabezado por el juez Germán Ramos la escucharán, al igual que a los ex mandos castrenses Flavio Arce y Pastor Mendiete en las cárceles de Miraflores y San Pedro.
SANCION EJEMPLAR
Lejos estaba de imaginar Áñez que terminaría encarcelada por quebrar la Constitución Nacional cuando, con una biblia en la mano, en una iglesia de La Paz, juró la presidencia, y mucho menos que podría ser sancionada a 15 años de prisión por cargos de resoluciones contrarias a las leyes del Estado Plurinacional e incumplimiento de deberes, ya que dejó un país en ruinas, con mas de 8 000 muertos a causa de la COVID-19.
El abogado defensor Alaín Canedo, en tanto, anunció que cuando se agoten los procedimientos para impedir una sentencia se acudirá a instancias internacionales, entre ellas la OEA, principal instigadora del golpe de Estado y de su nombramiento.
La Fiscalía boliviana anunció que un nuevo recurso que planteó la defensa fue desestimada por el Tribunal Constitucional.
En una comparecencia ante los medios, el fiscal general, Juan Lanchipa, advirtió que aunque pide 15 años de prisión para Áñez, las victimas de sus acciones solicitan una pena mayor. Contra la acusada, dijo, "se presentaron más de 70 pruebas" y "casi una veintena de declaraciones testificales" por el caso "golpe de Estado II".
El juicio contra Áñez se retomará después de estar paralizado desde fines de abril por un incidente que presentó su defensa y que demoró un par de semanas.
Este proceso debe ser el primero de los enjuiciamientos previstos de otros operadores políticos de derecha, involucrados también en el golpe contra Morales, entre ellos los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga, el empresario Samuel Doria Medina y el actual gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, instigadores del golpe y de la represión contra los indígenas sublevados contra la trampa de la OEA.
Para demostrar una vez más implicación de Estados Unidos en el golpe contra Morales, los organizadores de la excluyente IX Cumbre de las Américas indicaron que contarán con la presencia de la hija de Añez, quien presentará ante los jefes de Estado y de Gobierno participantes las supuestas ilegalidades del proceso judicial contra su progenitora.
Nada sorpresivo si se considera, luego de estudios y testimonios, la presunta participación de Washington en la salida del presidente Morales. En 2020, Áñez solicitó armamento a la sede diplomática estadounidense en Bolivia para presumiblemente reprimir al pueblo boliviano, otra vez, semanas antes de ser electo Arce, indicó el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos.
Lo que espera el pueblo boliviano, según distintos voceros políticos, es una sentencia ejemplar contra Áñez y sus cómplices para sentar un precedente que evite nuevos atentados contra la democracia y un gobierno constitucional.
Aunque sin asideros judiciales, la alianza Creemos, del separatista regional Camacho, consideró falsa la versión de que en Bolivia hubo un golpe de Estado en 2019 y tildando de victima a la política que se prestó a apuntalar a los opositores derechistas cuando el país fue tomado militarmente y resultaba imposible la comunicación entre los miembros del MAS.
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