Pueblo colombiano sigue de pie frente a Duque

En un pulseo con el gobierno del ultraderechista Iván Duque, iniciado el pasado 28 de abril, el pueblo colombiano, en paro nacional, y con miles de movilizados reprimidos en las calles, insiste en mantener sus demandas de cambios internos en el país, a lo que se niegan las autoridades.

El Comité Nacional del Paro (CNP) denunció que Duque no pretende ceder ante un pliego de emergencia presentado para finalizar las actuales acciones que costaron la vida a más de 45 personas, miles de heridos, en especial oculares, y otros tantos detenidos y desaparecidos..

Cada día que transcurre en la nación suramericana es de fuerte represión por parte del del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional contra manifestantes en decenas de localidades, pero con epicentro en la ciudad de Cali, capital del suroccidental departamento de Valle del Cauca..

El gobierno no cede, pero el CNP tampoco, pues si lo hace poco habrían logrado la continuas movilizaciones que presentaron un pliego de 15 puntos, entre ellos, un cambio radical en las estructuras neoliberales de la llamada tierra cafetalera.

Poco después de que el pasado sábado el CNP abandonara las negociaciones que mantiene con representantes del presidente ante la abulia oficialista, su vocero Cristian Serna, afirmó que “realmente están dilatando las cosas”, según explicó en una entrevista a La Estrella de Panamá.

Serna precisó que el mandatario hizo dos anuncios sobre asuntos planteados en las demandas, pero fuera de las negociaciones, y sin contar con el CNP, lo cual significa, más que un desconocimiento, una burla a los manifestantes. Duque ordenó matricula sin costo en las universidades, y modernización de la estructura orgánica de la Policía Nacional, ambas exigidas por la oposición, pero intenta que aparezca como una de sus iniciativas.

“El que haya anunciado por fuera las cosas no significa que lo hiciera, sino que demuestra su desinterés en el proceso negociador, ya que ni siquiera sabemos el alcance de esos asuntos”, explicó.

En sus primeros encuentros con la parte gubernamental, una de las primeras demandas fue lograr unas garantías mínimas para quienes participan en las protestas pacíficas, infiltradas por grupos paramilitares y mafiosos. El CNP solicitó la protección de las vidas de las personas en las calles, lo cual nunca resolvió el mandatario.

En la noche del último domingo tres personas fueron asesinadas en Cali, y solo en esa ciudad, según la organización no gubernamental Temblores, se registraron casi 4000 casos de ataques policiacos durante el paro y el cierre de carreteras que bloquean el paso hacia la capital.

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Francisco Maltés, declaró, al cerrar el diálogo con miembros del Ejecutivo, que “hoy ha quedado constatado una vez más que Duque no quiere tratar ni el pliego de emergencia, ni negociar, prefiere la vía de la represión”.

Maltés, uno de los líderes del CNP, indicó a periodistas que las autoridades nacionales no quieren firmar el preacuerdo de garantías para parar la violencia y la brutalidad. “Insistimos en que no haya más asesinatos, heridos ni detenidos”, dijo.

Ese preacuerdo que él ahora presenta como un recurso propio, recordó, quedó convenido el pasado día 24 en presencia de tres ministros y otros funcionarios.

Para el líder de la CUT, la estrategia de Duque es mantener “entretenido al Comité con falsas promesas hasta cansarlo y debilitarlo, lo cual no sucederá y, por el contrario, llevaremos ese punto para que sea evaluado por la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscripto a la Organización de Estados Americanos (OEA) que ya está en el país”, advirtió.

La ONG Temblores hizo un balance aun incompleto de las represivas actuaciones del ESMAD, organismo al que encargaron de la contención de los movilizados que ya ganaron, en estos días de huelga indefinida, varias victorias al conservador dignatario.

Entre ellas aparece la renuncia de dos ministros de su gabinete (Defensa e Interior), y la suspensión de las discusiones en el Congreso Nacional de las reformas tributaria y la de salud, las cuales atentaban directamente contra el pueblo trabajador que no dudó en salir a exigir sus derechos, en especial una gran masa juvenil.

Ese repliegue del gobierno ha tenido un alto costo para la ciudadanía.

Según Temblores, mediante su plataforma Grita, desde el día que comenzaron las manifestaciones hasta el 31 de mayo, hubo más de 50 asesinatos de civiles, 1649 detenciones arbitrarias, 3789 casos de violencia policial.

Temblores precisó también que hay 65 personas con lesiones oculares causadas por balas, otros 187 heridos con arma de fuego y 25 actos de violencia sexual contra mujeres y hombres.

Este fin de semana llegó a Colombia la CIDH, la que recibirá también el preacuerdo al que el CNP llegó con Duque y que después fue violado por el mandatario. Se espera que la CIDH primero se reúna con el Comité y posteriormente con las autoridades nacionales.

Está claro que el mandatario actúa a espaldas de la delegación del CNP, como hizo el pasado domingo cuando refirió que solicitará al Congreso Nacional un conjunto de transformaciones en la Policía Nacional, cuyo jefe, responsable de las matanzas y detenciones, fue ascendido a general hace apenas unos días.

La intervención del dignatario fue recibida con desconfianza no solo por la gran masa ciudadana, sino también por representantes de distintos sectores, entre ellos abogados, exmilitares, congresistas y analistas que siguen el devenir de la política en el país.

La voz popular calificó de hipócritas los mandatos del dignatario, que acusó a la Policía Nacional como “única culpable de la violación de derechos humanos” en más de un mes de manifestaciones, ya consideradas históricas.

Como si se tratara de un cuerpo militar que no responde a su gobierno, Duque atribuyó a la policía la brutalidad contra gente pacífica, y prometió un cambio en la imagen institucional del ente.

Luego de conocerse la nueva medida, la congresista Ángela María Robledo expresó que “el verdadero cambio de la policía es regular el uso de las armas llamadas ¨no letales¨, responder por sus delitos ante la justicia ordinaria y pasar a depender del Ministerio Interior y suspender el ESMAD, que usó desde carros con bombas de agua, hasta armas especiales usadas por las Fuerzas Armadas”.

En realidad, lo que busca Duque, según coinciden analistas, es darle un maquillaje a quienes portan uniforme debido a la llegada de la CIDH, pero sin comprometerse a acabar con los vándalos y las bandas paramilitares que actúan de manera brutal.

Lo que espera el pueblo, según esas fuentes, es la refundación del cuerpo armado, lo que permite observar la demagogia gubernamental.

Duque, apoyado por el sistema judicial que no se pronuncia, no piensa, según parece, capturar a los asesinos y bandoleros que matan a los jóvenes en las calles, asaltan viviendas, desaparecen personas, apoyados en esas fechorías por las bandas ilegales de extrema derecha vinculadas al narcotráfico y a intereses privados.

Colombia, considerada un narco-Estado, es la principal productora y distribuidora de coca de la región latinoamericana, destinada en gran parte a Estados Unidos.

Aun se desconoce cuándo se reanudarán las conversaciones entre el Ejecutivo y el CNP, pero se supone que la presencia de la CIDH en el país pueda colaborar con un acuerdo bilateral. O, por el contrario, trabajar a favor del gobierno de Duque.

Mientras, miles de asustados ciudadanos se ven obligados a desplazarse de sus hogares para evitar ser asesinados por los paramilitares.

La Defensoría del Pueblo denunció que desde el inicio de los ataques de los grupos armados en coincidencia con el estallido social, 3101 familias con 8902 miembros fueron forzados a marcharse ante la gravedad de los sucesos.

Sin embargo, la Defensoría aclaró que los grupos armados aprovechan la situación para matar a activistas sociales y no relaciona los crímenes con los manifestantes, sino con el narcotráfico.

Casos de desplazamientos se dan en las regiones del Pacífico, en el departamento de Nariño y en el del Cauca. En el Caribe colombiano ocurrieron en La Guajira y Córdoba, de donde salieron los indígenas Emberá Katío.

La situación de peligro se extiende a la región andina, en especial a Antioquía, donde surgieron los paramilitares, Risaralda y el norte de Santander, Orinoquia y Amazonía.

El narcotráfico, el verdadero gobernante en distintas regiones del país, también hace que las personas vivan confinadas en sus casas. Se estima que mantienen presas a 10 comunidades con unas 3635 personas, sin que la criticada Defensoría mueva un dedo para rescatarlos.

Muy difícil resultará para el debilitado presidente Duque enderezar la situación interna en su país, ya que en sus tres años de gobierno devino en jefe de la guerra sucia contra su vecina Venezuela, sin quizás darse cuenta que en el seno de su población se cocía una gigantesca insurrección.