Primeros 100 días de gobierno derechista en Colombia

El presidente colombiano Iván Duque no puede jactarse de empezar con buen pie su gobierno derechista. Cien días después de asumir la Casa de Nariño, un 74 % de ciudadanos encuestados afirma que su gestión política ha sido mala, y apenas está comenzando.

Duque, 42 años, abogado y escritor, ahijado político del senador y expresidente Álvaro Uribe, solo cuenta hoy con un 14 % de apoyo popular, según una investigación de la emisora Radio Caracol, mientras un 12 % la considera regular.

Se estima que los primeros tres meses de una administración —iniciada el pasado 7 de agosto— constituyen una referencia fundamental del mandato absoluto de cuatro años. Es este el momento en que se puntualizan los programas oficiales y se determina qué ocurrirá en los restantes tres años y nueve meses que oficialmente restan de gobierno.

El actual rechazo de la población, que este año lo prefirió al candidato izquierdista y ex alcalde de Bogotá Gustavo Petro, tiene varias razones, entre ellas sus antipopulares disposiciones, como el aumento de los impuestos y el precio de los alimentos de la cesta básica familiar, reducción de personal en el aparato estatal y de prestaciones de servicios, indiferencia ante los asesinatos selectivos de exguerrilleros y líderes comunitarios y su alianza incondicional a Estados Unidos.

El pasado día 31 se radicó ante el Congreso el proyecto de la ley de financiamiento por el gobierno de manos de su ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla —quien ya ocupó igual cargo con Uribe entre 2003 y 2007—, conocido por su displicencia y arrogancia ante las clases populares y sus constantes manifestaciones en contra de la dignidad y la justicia social para con el pueblo colombiano, según Semanario Latinoamericano.

Economistas consultados por la multinacional Telesur indicaron que del IVA que se recaude, si pasa en el Congreso, se entregará el 20 % como abono al pago de la deuda externa y el 13 % a las Fuerzas Armadas.

Pero, y esta es la mayor de las piedras con que camina en sus zapatos, este inexperto político —tras el cual se encuentra Uribe, el principal decisor de la política oficial—, se mantiene al margen del cumplimiento de los acuerdos de paz suscritos con la desaparecida Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia (FARC), abandonó las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y mantiene un discurso belicista contra la vecina y democrática Venezuela.

Ese conjunto de regulaciones y de otras propuestas ha lanzado la gente a la calle en protestas masivas, como las de los estudiantes a quienes redujeron el ingreso universitario, o la de los campesinos e indígenas.

El Congreso Nacional, en el que Centro Democrático cuenta con un alto porcentaje de curules, consideró la gestión de Duque hasta ahora como “ausente o con poco liderazgo”, lo cual es altamente peligroso, pues si sigue el actual camino y se demuestra su incapacidad para gobernar es muy posible que Uribe busque reemplazarlo en la presidencia. Otros rejuegos políticos peores se han visto. Analistas políticos renombrados, como el argentino Atilio Borón, ha denunciado que Duque es solo un monigote en manos del Senador, que implantó el paramilitarismo en ese país cuando era gobernador de Antioquia.

Para Jaime Mendoza, del opositor Polo Democrático, el actual Gobierno colombiano no tiene una hoja de ruta clara que pueda determinar el rumbo del país para los próximos años.
La irregular situación de Duque parece ser el iceberg de un plan, para en el momento adecuado acusarlo de incompetente, enjuiciarlo, sacarlo del poder y convocar a nuevas elecciones, en las que seguramente se presentará Uribe.

Una señal. Para algunos legisladores de Centro Democrático “la normativa tributaria propuesta por Duque afectaría a la clase media, por lo cual consideró ‘justificada’ la preocupación ciudadana. Mediante un comunicado, el partido ultraderechista fundado por Uribe, que al igual que le hizo ganar le quita el apoyo, solicitó respetuosamente buscar alternativas diferentes a este gravamen a la canasta familiar”.

La reforma neoliberal del gobernante, si es aprobada en el órgano legislativo, podría convertirse en un detonante de mayores problemas para el líder del ejecutivo.  El Gobierno busca recaudar casi 4 500 millones de dólares con los nuevos impuestos. Para ello aspira, entre otras cosas, ampliar la cobertura del IVA (Impuesto al Valor Agregado) del 19 % actual a un 80 % en la cesta alimentaria.

La medida afectaría en especial el bolsillo de la clase media, pues la subida del IVA recae sobre productos básicos como arroz, leche, carne, huevos, frutas y verduras, alimentos a los que no tienen acceso los pobres.

“Ahora resulta que para financiar las deudas estatales, el Gobierno debe arrasar la economía de los estratos pobres y las capas medias del país imponiendo el IVA, protestó el senador Iván Cepeda Castro, un reconocido defensor de los Acuerdos de Paz suscritos con la guerrilla en 2016 e incumplido hasta ahora en su casi totalidad, tanto por el saliente mandatario Juan Manuel Santos como por Duque.

Por su parte, el secretario general del Partido Comunista de Colombia, Jaime Caicedo, catalogó la gestión de Duque como “los primeros 100 días de caos” de un mandato previsto hasta 2022.
Y para completar la decadente gestión presidencial, Donald Trump suspendió por segunda vez su anunciada visita a Bogotá, prevista para el 2 de diciembre, cuando concluya la reunión del G-20, lo que provocó diversas opiniones. Algunos medios consideran que está evitando que los estudiantes engrosen las protestas por su presencia, mientras otros afirman que se está desligando de la administración del llamado “Duquesito”, pues las órdenes la transmite directamente su embajador en la capital colombiana.

¿Y LA PAZ DÓNDE ESTÁ?

El presidente colombiano, que repudió los acuerdos firmados con las FARC en 2016, al igual que Uribe, muestra absoluta indiferencia ante la revelación de un plan criminal contra líderes del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), fundado en 2017 después que las guerrillas entregaran sus armas, cerraran sus campamentos e identificaran a sus miembros, como indicaban los Acuerdos de Paz suscritos en La Habana.

“La Comisión de Paz del Senado colombiano convocó al Gobierno Nacional y a la comunidad internacional para que rodeen de plenas garantías la vida y ejercicio democrático pacífico de los miembros de la FARC”, dijeron los legisladores FARC en un documento reproducido por la prensa colombiana. Tras destacar que los militantes de la agrupación cumplen legalmente el ejercicio de su representación política, solicitaron a la Fiscalía encuentren a los autores materiales e intelectuales del atentado sufrido en la ciudad de Medellín el pasado fin de semana por la excomandante de las disueltas FARC-EP, Erika Montero.

Informaron también la muerte, el pasado día 11, del joven exguerrillero Emar Botina Tello, de 28 años, en el municipio de Argelia, Departamento Cauca (suroccidente colombiano). Botina abandonó la lucha armada en el marco del Proceso de Paz y se desplazaba a pie hacia su residencia cuando dos personas desconocidas abrieron fuego contra su persona desde un vehículo, aseguraron testigos de la comunidad.

¨Las fuerzas oscuras y enemigas del proceso de paz que pretendan hacerle daño, sembrando incertidumbre y, peor aún, atentando contra la vida de quienes le están apostando a la paz, deben ser identificadas, capturadas y juzgadas”, indicó la declaración.

La solicitud ocurre después de que las FARC aseguraran que los organismos de inteligencia de la policía detectaron planes para atentar contra los dirigentes del partido, y que el ocurrido contra Montero parecía ser el comienzo de ello. Mientras, en otra maniobra para evitar que el proceso pacificador continúe un camino orgánico, el Congreso Nacional advirtió la imposibilidad de discutir este año el proyecto de ley que busca revivir los 16 curules para las víctimas del conflicto armado.

La iniciativa, de suma importancia pues crea las circunscripciones especiales de paz, está detenida y puede no ser tramitada este año, ya que en 40 días comenzará el receso parlamentario.
Para el senador del partido de la FARC Carlos Antonio Lozada, los curules son una deuda del mecanismo del fast track legislativo que se implementó el pasado año para acelerar la aprobación de los proyectos referidos al Acuerdo de Paz.

También, el excomandante de las FARC-EP Jesús Santrich, detenido por presunto narcotráfico aunque sin pruebas, dijo en entrevista a la prensa que “la perfidia está configurada y atizada por sectores guerreristas como el uribismo, haciendo de protagonistas de la vindicta. Aunque los verdaderos titiriteros están en el bloque de poder dominante, en las transnacionales y el sector financiero, en la embajada gringa; ellos son los verdaderos factores de poder que quieren acabar con las FARC, no sólo con lo que eran como fuerza guerrillera, sino como el proyecto de cambio revolucionario que encarnan, a si no tengan armas”.