Perú estrena Congreso superfragmentado

El nuevo Congreso Nacional del Perú, electo en medio del desgano de una población hastiada por la corrupción de los políticos locales, está integrado por representantes de diez partidos, cuatro más que en 2016, con una notable pérdida de escaños del derechista Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, de 73 a 12, devenido gran perdedor de los comicios del pasado día 26.

Sin figuras destacadas en las campañas por el Congreso, más aun luego de las manifestaciones populares de rechazo a los diputados, cada partido tiró hacia su lado, sin unión entre los que profesan similares ideologías, incluidos los de izquierda.

A diez días de las elecciones extraordinarias, las encuestas apuntaban a un voto viciado o nulo sin precedentes, que ascendía a más del 40 %. Para una mayoría de peruanos que debían escoger entre 21 partidos y 513 candidatos para ocupar los 130 curules del Congreso, este fue un proceso inicialmente confuso, según el diario NuevaTribuna.es.

Los resultados finales indican que, para alcanzar consensos en el Parlamento será necesario formar un alto número de coaliciones partidistas, de donde posiblemente salgan algunos candidatos para las presidenciales del próximo año.

Luego de la experiencia de finales del 2019, en que el poder ejecutivo hizo valer su poderío, es probable que el actual gobierno del presidente Martín Vizcarra pueda terminar su mandato sin nuevos sobresaltos y armonía entre los tres poderes de la República.

Keiko Fujimori, ahora en prisión preventiva por acusaciones de lavado de dinero, hizo la guerra a Vizcarra para impedirle llevar adelante algunos de sus planes, entre ellos lograr la transparencia en el trabajo de los políticos con cargos.

Vizcarra sustituyó al banquero Pedro Pablo Kuczynski (PPK), del Partido por el Cambio, quien le ganó la presidencia a la hija del ex dictador Alberto Fujimori. Kenji, otro de los hijos de Fujimori, también excongresista, sobornó a PPK: o sacaba de la cárcel a su padre acusado de crímenes de lesa humanidad y corrupción o divulgaría sus vínculos con la empresa Odebrecht de Brasil, que supuestamente le entregó grandes cantidades de dinero a cambio de otorgarle la licitación de obras.

Jorge Barata, exjefe de la trasnacional brasileña en Perú, delató en el juicio de la investigación Lava Jato de la estatal Petrobrás, al menos a 71 políticos peruanos, entre ellos varios parlamentarios. Solo en el 2011, Odebrecht entregó 455 776 dólares para la llamada Campaña Legislativa.

Bajo presión de la familia de origen japonés, PPK renunció tras gobernar entre 2016 y 2018, y en su lugar asumió Vizcarra, su vice y de su mismo partido, a quien habían nombrado embajador en Canadá —PPK decía que simultaneaba las dos funciones, algo poco creíble— y prometió una limpieza del contubernio de los tres poderes: sistema judicial, legislativo y ejecutivo.

Como herencia encontró que sus cuatro antecesores estaban acusados de robo, corrupción y tráfico de influencias: PPK, Ollanta Humala, Alejandro Toledo (prófugo de la justicia) y Alan García, quien se suicidó de un disparo en la cabeza cuando estaba a punto de ser arrestado en su domicilio.

La crisis peruana estalló en septiembre último cuando Vizcarra disolvió el Congreso Nacional, luego de que este se negara a brindarle, en tres oportunidades, un voto de confianza para realizar cambios en la política interna.  En un mensaje al país, el mandatario explicó que “el cierre del Congreso buscaba dar una solución democrática y participativa a un problema que el país venía arrastrando desde hacía más de tres años” y aclaró que la iniciativa buscaba dar paso a una “nueva elección parlamentaria, y que sea finalmente el pueblo el que decida”.

La respuesta legislativa fue suspenderlo en el cargo por “incapacidad temporal”, como primer paso para destituirlo, y designó en su lugar a la vicepresidenta Mercedes Aráoz, representante de la oligarquía y el empresariado privado, quien rechazó la oferta ante la carencia de apoyo institucional y por la protesta social en la que miles de voces reclamaban “que se vayan todos”, ella incluida.

Poco antes de los sucesos, el presidente había denunciado que el proceso de elección de jueces era poco transparente. Los nombramientos eran a dedo y recaían en magistrados corruptos. Asimismo, la Constitución peruana prevé que el mandatario del país está facultado para disolver el Congreso si se le niega en tres ocasiones ejercer un voto de confianza, tal como sucedió. Los jefes de las Fuerzas Armadas y la Policía expresaron su lealtad a Vizcarra, así como numerosos gobernadores regionales y la Asociación de Alcaldes. Luego de conocerse la noticia, miles de personas tomaron las calles de Lima y otras principales ciudades del país andino para demostrar su adhesión a Vizcarra y exigir la salida de los destituidos congresistas.

Una vez concluidas las elecciones de enero, la encuestadora CPI lo identificó como el vencedor en la lucha de poderes, mientras consideró perdedores al fujimorismo y el partido Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), que perdió todos sus escaños por primera vez en los últimos 25 años.

Los electores, según los resultados comiciales, expresaron un voto de castigo tanto a Fuerza Popular como al APRA, y, por el contrario, premiaron a Acción Popular (AP) y Alianza por el Progreso (APP), los dos relacionados con el Ejecutivo, aunque con bajos porcentajes.

El apoyo a Fuerza Popular disminuyó sustancialmente: de 73 escaños en 2016, a solo 12 cuatro años más tarde.

El partido Solidaridad Nacional (SN), que mantuvo en sus filas a Rosa Bartra y Yeni Vilcatoma, exfujimoristas pero opositoras a Vizcarra, solo alcanzaron el 1,4 % de votos válidos. Por último, exmiembros del partido de Peruanos Por el Kambio (PPK), tales como Salvador Heresi y Juan Sheput, que postulaban con el partido Contigo obtuvieron la más baja votación con 1,1 %.

También algunos partidos de izquierda perdieron apoyo: el Frente Amplio (FA) logró veinte escaños en el 2016, y sumando también los de Juntos por el Perú (JP) tendrían catorce en este periodo. Ambas agrupaciones destacaron por la búsqueda de un modelo con un sistema económico diferente al neoliberal actual, reformas constitucionales o una nueva constitución, pero cada uno en solitario.

Entre las organizaciones políticas tradicionales, AP obtuvo la primera fuerza parlamentaria (antes con cinco curules y ahora 25). Este partido, al menos públicamente, acertó cuando enfrentó a PPK y al fujimorismo, pero sin atacar después a Vizcarra.

La APP, partido de César Acuña, dueño de la universidad limeña César Vallejo, también elevó su presencia, de nueve escaños a veintidós. Esta agrupación actuó igual que AP en el congreso anterior, al mantenerse al margen del conflicto entre legislativo y ejecutivo.

La sorpresa de esta elección fue el Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap), con la tercera mayor votación en la capital. Fundado en 1989 por Ezequiel Ataucusi Gamonal tiene su base en el “principio de la Ley Moral de (….) los diez mandamientos de la ley de Dios”. Se autoconsidera nacionalista, revolucionario, agrario ecologista y defensor de los derechos fundamentales, con fuerte presencia mesiánica. Hizo una campaña puerta a puerta, lo que explica su éxito, según alguna prensa.

Podemos Perú (PP), relacionado a la Universidad Telesup y cuyo dueño y fundador está vinculado con actos de corrupción, obtuvo la mayor votación en Lima. Daniel Urresti, militar en retiro, exministro del Interior y gerente de seguridad ciudadana de uno de los distritos más grandes de la Lima, encabezaba la lista de PP y fue el candidato más votado del país. Ese partido se centró entre quienes piden mayor seguridad ciudadana, considerado el principal problema de la capital.

Unión por el Perú (UPP) expartido de Humala, ahora está en manos de su etnocentrista hermano Antauro. Esta agrupación ganó en regiones que votan históricamente por candidatos antisistema y de izquierda, tales como Ayacucho, Cusco y Puno.

Somos Perú, relacionado a alcaldes municipales, creció en especial en Ancash y Ucayali, debido a la popularidad de sus candidatos en estos distritos.

Por último, el Partido Morado se posiciona básicamente como limeño, de centro y progresista. Recibió fuertes críticas porque uno de sus candidatos fue denunciado por violencia contra la mujer.

Las elecciones presidenciales se realizarán en abril del 2021. El nuevo Parlamento, considerado de transición, funcionará hasta julio de ese año.

Median 14 meses para conocer quienes optarán por el más alto cargo del gobierno, teniendo en cuenta los antecedentes de la mayoría de los políticos peruanos.