Perú busca soluciones

En los caminos de la política, en cualquier esquina puede salir un escollo, pero el nombramiento en Perú del primer ministro Walter Martos puede significar una distensión en un país donde, desde hace meses, existió una puja en los poderes Ejecutivo y Legislativo de muy negativas consecuencias.

Martos, quien se desempeñó como ministro de Defensa desde octubre de 2019, es un general retirado de larga data que fue jefe del Estado Mayor del Ejército. Según la prensa local, el presidente Martín Vizcarra lo escogió por su manejo de la seguridad durante la emergencia sanitaria.

En Perú, a pesar de las medidas dictadas tempranamente por Vizcarra, la COVID-19 hace estragos, con un trágico saldo de casi 26 000 fallecidos, y más de 516 000 contagiados debido, entre otras causas, a un sistema de salud fallido durante tres décadas de sistema económico neoliberal. Doce de las 25 regiones peruanas están bajo el estado de emergencia sanitaria.

Hombre del entorno de Vizcarra, el nombramiento del general (r) Martos como jefe de gobierno y su ratificación por el Congreso Nacional por 115 votos a favor, cinco abstenciones y cuatro en contra —de 130 legisladores— permite pensar en cambios favorables en las relaciones entre las dos instituciones. El actual Congreso debe conciliar proyectos con Martos durante los ocho meses que faltan para las elecciones nacionales, lo cual no significa que ratifique todas sus propuestas. El nuevo órgano legislativo asumió el 16 de marzo de este año y culminará sus funciones el 16 de julio del 2021, luego de tres legislaturas ordinarias.

El Congreso Nacional fue disuelto por Vizcarra el pasado año debido a sus negativas a aprobar alguna de las leyes que impulsaba, entre ellas la reforma que exigía quebrar la inmunidad parlamentaria y el obstruccionismo, lo cual habría puesto tras las rejas a muchos de los entonces vigentes parlamentarios.

Los partidos opositores al nuevo presidente trabaron 48 proyectos sobre minería y 57 000 millones de dólares listos para fortalecer la economía.

Un país no puede trabajar con resultados sin armonía entre sus tres poderes regidores de las leyes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

El presidente, que sustituyó en un abrir y cerrar de ojos al exmandatario Pedro Pablo Kuczynski (conocido como PPK), por corrupción y manejo indebido en el cargo —llegó a prometer a Kenji Fujimori la libertad de su padre Alberto a cambio de no ser depuesto—, en medio de una convulsión política en la ancestral nación suramericana.

Sustituido por Vizcarra, que aunque vicepresidente electo fungía entonces como embajador en Canadá, el órgano legislativo dominado por la corrupta familia Fujimori —tanto Kenji como Keiko guardan prisión— impedía un desempeño gubernamental medianamente estable. De ahí la decisión tomada por el mandatario de manera radical hasta las elecciones legislativas.

El primer político propuesto para primer ministro resultó un fiasco. Pedro Cateriano (1957) fue rechazado por los asambleístas de manera contundente.

Cateriano tuvo el mismo cargo y el de titular de Defensa (respaldado por el ultraderechista escritor Mario Vargas Llosa), durante el gobierno de Ollanta Humala, detenido por corrupción. Consigo carga una historia política poco convincente.

Solo estuvo en el cargo unos 20 días, por lo que le pusieron el sobrenombre de El Breve, igual que a Pedro Carmona, sustituto del líder bolivariano Hugo Chávez por unas 48 horas. Fue objetado luego de un extenso discurso en el que alabó al empresariado privado y dejó entrever medidas de ajuste neoliberal en medio de la incontrolable pandemia y crisis sanitaria.

En cambio, el primer discurso de Martos fue conciliador y bien recibido. De manera inteligente puso como primera prioridad la lucha contra la COVID-19 —ya Perú pidió la vacuna a Rusia, primera nación en conseguirla a nivel mundial— y confirmó la magnitud del fracaso de las propuestas neoliberales de Cateriano, abogado derechista, catalogado de arrogante defensor del empresariado privado, cuando la pobreza nacional aflige a más de 6,4 millones de personas, es decir, un 20.5 % de la población peruana.

Uno de los momentos más aplaudidos de la intervención de Martos fue cuando aludió a que la primera prioridad de su gobierno será revertir la situación ante la COVID-19, y reconoció como justificadas las demandas de los parlamentarios.

Matices de un discurso en el que no faltó la condena a la violencia usada por fuerzas del orden, que mataron a tres indígenas del Amazonas por solicitar ayuda médica ante la emergencia sanitaria.

No es que el primer ministro haya profundizado en la toma de decisiones que afecten de plano a la fuerte derecha peruana, pero tampoco dio la espalda a una población que exige cambios políticos urgentes.

Sin embargo, el hecho de que el Congreso lo haya ratificado con una significativa mayoría le permite la posibilidad de un pase de hoja con el Congreso, y empezar con buen pie su mandato.

También Vizcarra afirmó que ya era tiempo de diálogo entre las distintas agrupaciones políticas para realizar unos comicios satisfactorios el próximo año.

En un mensaje televisivo, advirtió que “este no es el momento para la división sino para la unidad y el consenso” y, sin mencionar el rechazo parlamentario a Cateriano, indicó que las fuerzas políticas deben unirse para reiniciar el trabajo a favor de la población, es decir, en primer lugar, el combate a la COVID-19.

Mencionó cinco ejes en el anunciado pacto: la constitución de un sistema unificado de salud, garantizar la calidad y reducir las brechas educativas, crecimiento económico sostenible e inversión, lucha contra la pobreza para cerrar brechas históricas, y la reforma política y del sistema de justicia.

El mandatario recordó la crisis sin precedentes que existía desde antes de la pandemia, que esta reforzó, creada, en buena medida, por el antagonismo entre poderes.

También informó sobre el mecanismo de Diálogo Nacional, que en los próximos días convocará a conversaciones sobre metas comunes, como la construcción de un nuevo sistema de salud que abarque a toda la población.

Según un despacho de la agencia Prensa Latina desde Lima, la capital peruana, el mandatario también se refirió al crecimiento bajo la “economía social de mercado” de beneficio general, en su opinión, y no solo de algunas empresas.

En un momento de desesperación para el desprotegido pueblo peruano, el viceministro peruano de Salud, Luis Suárez, anunció el pasado sábado que buscan convenios con laboratorios extranjeros para adquirir la proyectada vacuna contra la COVID-19, mientras autoridades menores iniciaron gestiones para obtener la de Rusia, anunciada hace pocos días por el presidente Vladimir Putin.

Suárez dijo que las gestiones para obtener el producto se realizan mediante el mecanismo COVAX Facility, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), diseñado para el acceso a países de menores recursos y de renta media.

No obstante, el alcalde del municipio de Moche, de la norteña región de La Libertad, Arturo Fernández, señaló que pidió a la embajada de Rusia una donación de la vacuna e información sobre el precio de la misma.
Precisó que estudió medicina en Europa y conoce que los científicos rusos están entre los mejores del mundo.

En seguimiento de la política interna, el pasado mes, el periódico El Peruano publicó el Decreto Supremo N° 122-2020-PCM, que convoca a elecciones generales el 11 de abril del 2021, para la presidencia de la República, vicepresidentes, congresistas y representantes ante el Parlamento Andino.

Ese medio opinó que “estamos ante un proceso de gestación política de nueve meses que no anuncia un buen alumbramiento; que sea garantista, inclusivo, renovador. En resumen, un proceso democrático y no una democracia de baja intensidad”.

El Congreso Nacional modificó el artículo 4to. de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE) para poder producir reformas electorales en el plazo de seis meses, plazo que culmina el próximo 26 de septiembre, aunque con la inconformidad de algunas bancadas.

Encuestas publicadas antes del inicio de la cuarentena por la COVID-19, iniciada el 19 de marzo de este año, arrojaron que solo un 18 % de los ciudadanos deseaban que los parlamentarios priorizaran la Reforma Electoral, pues había otros problemas de mayor significado.

Es en este contexto que se conoció la noticia del juzgamiento de Kenji Fujimori, exlegislador ahora en prisión, por chantajear a sus pares del partido derechista Fuerza Popular, liderado por su hermana Keiko, para que no votasen por la destitución del entonces presidente Kuczynski.

La fiscal suprema Bertsabeth Revilla solicitó penas de 11 y 12 años para el hijo menor del exmandatario, tras acusarlo junto a varios de sus colaboradores de conspiración y compra de votos en el legislativo.