Perdedor electoral, gobierno colombiano impondrá un “paquetazo”

El gobierno del derechista Iván Duque ha dedicado sus dos años de gestión a obedecer órdenes de Estados Unidos (EE.UU.) para tratar de derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro, obviando sus obligaciones para con sus electores. El pueblo le pasó la cuenta el pasado 20 de octubre y tanto él como su gestor Álvaro Uribe, del derechista partido Centro Democrático (CD), perdieron las elecciones regionales de ese día, cambiando el mapa político del país.

Estos dos políticos —Duque, el delfín del senador Uribe, sujeto ahora a investigación por corrupción— están obsesionados con destruir el socialismo venezolano e hicieron hasta el ridículo para afianzar su alianza con EE.UU. en fracasados planes organizados por el liderazgo derechista regional para apoyar al autoproclamado presidente del fronterizo país, Juan Guaidó, vinculado al grupo paramilitar colombiano Los Rastrojos.

Cuando el escrutinio concluyó, las cifras demostraron que el CD no había ganado las principales plazas políticas de la nación, lo cual constituye un duro golpe para las pretensiones del conservadurismo de mantenerse en el poder en las presidenciales del 2022 y continuar su política de admitir el exterminio de las fuerzas progresistas, mientras acuerda las ventas de las empresas estatales con financistas internacionales.

Resultaron triunfadores en estos comicios —con una convocatoria a más de 36,6 millones de electores— los partidos de centro y centro-izquierda. Ese día resultaron electos 32 gobernadores —de los cuales solo dos, Casanare y Vaupes están en manos del CD— así como 1101 alcaldes municipales, 12 063 concejales y 6 814 ediles de Juntas Administradoras Locales (JAL).

A Uribe, expresidente de Colombia durante dos mandatos, fundador de los grupos paramilitares cuando era gobernador de Medellín, y considerado el verdadero actual jefe político de Colombia, no le quedó otra que admitir su derrota, aunque ello no significa que ha perdido absolutamente el poder.

El triunfo de Claudia López, de la Alianza Verde y el Polo Democrático fue una de las peores humillaciones de la cúpula derechista, tras ganar la alcaldía de Bogotá, la segunda plaza política nacional. López, miembro de la comunidad LGTBI y reconocida por sus investigaciones y denuncias sobre la parapolítica, es la primera mujer que dirigirá el destino de la capital colombiana.

El aspirante de Uribe, Miguel Turbay, ocupó el cuarto lugar en el escrutinio.

Otro gran revés sufrió el CD en la ciudad de Medellín, capital de Antioquia, considerada un bastión de Uribe, donde nació en una familia de hacendados. Fue gobernador departamental, y de su mano nació el paramilitarismo en principio llamado Milicias de protección en las fincas de los terratenientes.

Pero también perdió en plazas que consideraba consolidadas, como Barranquilla, Cali, Cartagena, Popayán y el Cauca.

Por primera vez desde el acuerdo de paz firmado con las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional-Ejército del Pueblo en 2016, dos exguerrilleros ganaron alcaldías.

Guillermo Enrique Torres Cueter, también conocido como “Julián Conrado”, ganó las elecciones para la alcaldía en Turbaco, en el departamento de Bolívar.

Torres Cueter, también cantante de vallenato, y exnegociador en los diálogos de paz en La Habana, recibió el apoyo del 50,11 % de la población y participó en las elecciones con el respaldo de la Colombia Humana y la Unión Patriótica, y el partido FARC, que surgió de la extinta organización guerrillera.

El segundo excombatiente de las FARC que logró una alcaldía fue Edgardo Figueroa Ramírez, en el municipio de Puerto Caicedo, en el departamento del Putumayo

En el Cauca, el departamento donde impera la pobreza y es el más castigado por paramilitares vinculados al narcotráfico, ganó la gobernación Elías Larrahondo, el primer hombre negro en alzarse con la victoria a ese nivel, como candidato del partido “Porque sí es posible”.

En el municipio Silvia, en ese mismo departamento situado en el suroccidente del país, resultó electa alcaldesa Mercedes Tunubala Velasco, conocida como “Mamá Mercedes”, primera indígena en ocupar ese cargo. Apoyada por el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, Tunubala pertenece, al igual que el restante 90 % de la población cauqueña, al pueblo Misak o guambiana.

En el Cauca, donde han sido asesinados decenas de activistas políticos, sociales y exguerrilleros en los dos últimos años, también ganaron alcaldías el líder social Marino Grueso en el municipio Guapi, en una coalición integrada por el partido FARC, Colombia Humana y dos agrupaciones más.

Estos son solo ejemplos, pero es cierto que en la nación donde operan siete bases militares norteamericanas cambió su mapa político interno, aunque el asunto no parece preocuparle demasiado a la élite gobernante.

Por el contrario, Duque tiene preparadas duras reformas laborales y sociales que afectarán a los grupos sociales, siguiendo órdenes del Fondo Monetario Internacional (FMI) que en mayo pasado le otorgó un nuevo crédito por 11 400 millones de dólares.

Según el analista Pablo Nariño, en el blog Las2orillas, el gobierno de Duque evaluó en 160 billones de pesos colombianos las propiedades del Estado que serán rematadas, tras la aprobación del Plan de Desarrollo.

De “una ambiciosa agenda de reformas estructurales acertadas para fortalecer la resilencia de la economía” calificó el Ministerio de Hacienda el compromiso de las entidades del Estado con el prestamista internacional.

Las declaraciones fueron hechas luego de que el FMI alertara sobre la economía del país suramericano y pidió medidas fiscales adicionales.

De acuerdo con Nariño, el magnate Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien controla un tercio de todas las entidades financieras de Colombia, con una fortuna de 10 800 millones de dólares, resaltó la importancia de tramitar con urgencia una reforma laboral, e insistió en la necesidad de promover otras para disminuir los “altos costos laborales”, e instó a Duque para que tome medidas.

Es un hecho el remate del resto del 20 % de las acciones de Ecopetrol, la venta del oleoducto Cenit y las electrificadoras estatales, la subasta de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (ISA), empresa que opera principalmente en el sector Infraestructura, Energía Eléctrica y TIC.

El endeudamiento de las naciones, que crece como la nieve luego de las recetas de fórmulas neoliberales que dejan sin reservas a los gobiernos será el futuro más inmediato que se vislumbra en Colombia, como ya pasó en Ecuador y Argentina este año.

Duque, que procede de la banca, impondrá el “paquetazo” con sus reformas que afectarán sectores vulnerables de la sociedad: recrudecimiento del endeudamiento estudiantil en los universitarios —para quienes puedan acceder a ese nivel— eliminación de subsidios a la educación y la salud, aumento de la edad de jubilación, reducción de los derechos de pensión, subida de impuestos, aumento del desempleo, reducción de dinero a las regiones, y disminución de salarios son algunos de los flagelos que implica el pago al FMI.

Los planes gubernamentales indican que bajo el gobierno del Duquesito —como le llaman los colombianos por su porte elitista— continuó la herencia de Uribe de seguir siendo un sumiso total a las políticas de EE.UU.

Con su actitud posesiva, siempre siguiendo las órdenes emanadas de Washington, el presidente de Colombia —al que en medios políticos se considera un mediocre como presidente— pretende esconder el paquetazo neoliberal con su espíritu en apariencia aventurero al entrometerse en los asuntos internos de un Estado soberano como es Venezuela, uniéndose a la contrarrevolución regional.

Duque ya recibió, en compañía de su padrino Uribe, una sacudida política en los comicios regionales. Pero quizás no se ha mirado en el espejo de Chile, Honduras y Ecuador, donde millones de personas han salido a las calles asfixiadas por economías fallidas y exigen la reestructuración de sus países desde las bases.

No hay que fiarse del apoyo de EE.UU., aunque Macri y Moreno se decían sus amigos, a la hora de la verdad Washington no impedirá que los saquen del gobierno. Macri ya fue expulsado en las urnas y Moreno tiene índices de popularidad rayanos en el 10 % de la ciudadanía. Desastre total para el neoliberalismo.