¿Pende la paz de un hilo en Colombia?

En el largo proceso para alcanzar un pacto de paz en Colombia, luego de más de cinco décadas de guerra civil y casi siete millones de personas afectadas, siempre hubo analistas que alertaron sobre las trampas que pondría la clase política de derecha para distorsionar los acuerdos a su favor, luego de que la guerrilla cumpliera con su desarme y el pase a la vida civil.

El pacto de pacificación nacional entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el gobierno de Juan Manuel Santos abarcó numerosos aspectos, como la entrega de las armas por las fuerzas rebeldes, creación de zonas de tránsito, integración de los exguerrilleros a la sociedad, distribución de la tierra mediante una reforma agraria, destrucción de los sembradíos de coca y su sustitución por otros productos, pase de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo a partido político, y la creación de la Jurisdicción Especial de la Paz (JEP).

La JEP es uno de los instrumentos más importantes para que se haga justicia a las víctimas del conflicto y sean condenados quienes, tanto del gobierno como de la subversión, hayan cometido crímenes de gravedad.

Hasta ahí todo bien, con la aceptación de Naciones Unidas (ONU), cuyos observadores se encargaron de recoger y meter en contenedores los equipos bélicos de las FARC-EP para construir, dijeron, un monumento a la paz.

Pero la ONU carece de funcionarios en el Congreso Nacional de Colombia, un centro de poder donde son mayoría los políticos negados a continuar el proceso pacificador y hacer negativos cambios al Acuerdo de Paz firmado en La Habana, primero, y luego de rectificaciones, en Cartagena de Indias y en Bogotá, en 2016.

El líder de esa corriente militarista es el presidente Álvaro Uribe, líder del ultraderechista Partido Centro Democrático y reconocido jefe de los grupos paramilitares creados por él cuando era gobernador de Antioquia, y que devienen una de las peores pesadillas de los exguerrilleros, sin armas y a merced de esos grupos de asesinos a sueldo.

Además de que estas agrupaciones que responden a la oligarquía agraria matan también a activistas sociales y de derechos humanos, a pesar de estar vigente los acuerdos con la fuerza rebelde.

La Corte Constitucional de Justicia colombiana dio un paso el pasado día 15 que despertó la ira de quienes defienden el cumplimiento estricto de lo pactado, y que son los más perjudicados en este remedo de paz implantado por el derechista presidente Santos, a quienes muchos consideran cumplió un plan trazado desde Estados Unidos para acabar con la más antigua guerrilla de América Latina.

Como premio, la aparente ingenua Estocolmo lo galardonó con el Nobel de la Paz, como si las FARC-EP hubiesen sido invitadas de piedra durante los cuatro años de negociaciones en La Habana, cuando la historia demuestra que los líderes guerrilleros contribuyeron a los acuerdos e hicieron concesiones para alcanzar la tranquilidad ciudadana y ahora batallan para que se cumplan las regulaciones establecidas por el gobierno, varias en deuda.

A estas alturas, los líderes guerrilleros que colgaron los uniformes devinieron políticos que, a no ser que ocurra una toma de conciencia generalizada, poseen pocos chances en las futuras elecciones presidenciales.

El acuerdo suscripto en la capital cubana, y en respeto a la Constitución Nacional de Colombia, acogió el fuero de juzgamiento solo a los presidentes de la República. Sin embargo, en un viraje que muchos califican como la tumba de la paz, la Corte extendió tal prerrogativa a los agentes civiles del Estado, o sea, ministros, congresistas, fiscales, procuradores y gobernadores; con lo cual crea un cuerpo de intocables por la justicia, incluyendo, incluso, a terceros responsables por graves crímenes, quienes no serán llamados a responder por sus actos ante la JEP.

Ello significa que una jurisdicción que debía juzgar a todos los involucrados en delitos importantes durante el conflicto —aunque fuera de manera indirecta—, luego de la disposición de la Corte solo actuará exclusivamente en el caso de los exmiembros de las FARC-EP, lo que viola el Acuerdo de Paz y es una burla a las víctimas de delitos y asesinatos atribuidos a los aforados, entre ellos militares, jefes de los grupos paramilitares y ministros.

Otro ejemplo de la nefasta posición adoptada ahora por los jueces fue la posibilidad de la extradición para excombatientes de las FARC, lo cual quedó prohibido por un Acto legislativo declarado exequible y es, por tanto, un derecho, una garantía que no puede ser revertida, aunque la Corte dejó establecida esa posibilidad entre líneas.

En honor a la verdad, ni Santos se hubiese salvado de ser llevado a la justicia, pues cuando era ministro de Defensa de Uribe ordenó personalmente el asesinato del canciller de las FARC-EP Raúl Reyes, una decena de guerrilleros y civiles mexicanos, en la frontera con Ecuador, y cometió otros muchos desmanes contra las fuerzas rebeldes.

Algunos observadores piensan que el presidente, ya en las postrimerías de su mandato, pudiera —como ocurre cuando le conviene a los gobiernos— influir en la Corte Constitucional para que la paz no se haga agua, al menos mientras él ocupe el Palacio de Nariño.

Sin embargo, no hay indicios de que moverá un dedo para resolver la difícil situación, pero existe una protesta formal ante la ONU del comandante Rodrigo Londoño, ex jefe de la insurgencia, por la violación del acuerdo y la gravedad de los últimos acontecimientos generados en la Corte.

Santos, además, está muy ocupado en fomentar una guerra sucia contra Venezuela, emprendida desde los tiempos de Uribe y que podría considerarse una traición ante el gobierno de Nicolás Maduro, y de Hugo Chávez, quienes fueron y son importantes impulsores del proceso de reconciliación en La Habana.

En su carta a la ONU, Londoño, también conocido como Timochenko, en su carta a Alberto Guterres, secretario general de la ONU, explicó que aunque las autoridades e instituciones del Estado quedaron obligadas a cumplir fielmente el contenido de los acuerdos de paz “ello pasa asombrosamente a ser desconocido por la misma Corte Constitucional en su reciente fallo”.

En su misiva, Timochenko acusó al Senado colombiano de abusar de su misión —que era expedir la ley estatuaria que reglamentara lo que ese órgano elevó a norma constitucional— para proceder a revertir lo aprobado en La Habana y en el Acto Legislativo 02 de 2017.

El Comandante de las FARC-EP, candidato a la presidencia el próximo año por el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) recordó que en el tratado de la capital cubana se decidió un procedimiento para escoger los magistrados que integrarían la JEP, designados por un cuerpo internacional de altísimas calidades.

Tras la selección, y cuando solo faltaba la toma de posesión, el Senado introdujo una serie de inhabilidades e incompatibilidades para ser ordenado en la JEP, además de quienes en ejercicio de su actividad como defensores de derechos humanos hubiesen actuado alguna vez contra el Estado.

Para Timochenko, según planteó a la ONU, “este es un acto que únicamente empata con la intención de que solo pueden ser magistrados los defensores de la impunidad estatal”.

Hay más. El Senado aprobó también que miembros de los partidos tradicionales condenados judicialmente por vínculos con grupos paramilitares podrán aspirar libremente al ejercicio político y, por ende, presentarse como candidatos a corporaciones públicas y luego posesionarse, una acción que el comandante guerrillero calificó de “una consagración infame de desconcertante impunidad”.

Después de solicitar la intervención de la ONU y su Consejo de Seguridad en la implantación del Acuerdo de Paz, el líder de la exguerrilla apreció que “…no cumplir con este compromiso esencial, después de la entrega de las armas, tendría repercusiones muy graves para el proceso y no sería entendido ni aceptado por la comunidad internacional”.

Nunca nadie dijo que la implantación de la paz sería fácil y que no surgirían trabas en el camino, pero lo que hace ahora la clase política colombiana es enterrar la posibilidad de darle una oportunidad a la democracia que, según las evidencias, no interesa a los grandes grupos de poder.