Ofensiva venezolana

En los últimos días, el gobierno de Venezuela mostró una poderosa ofensiva diplomática y militar contra quienes pensaron que, a estas alturas, las guerras de diverso tipo empleadas contra ese país por Estados Unidos (EE. UU.) y sus títeres internacionales habrían destruido el proceso político bolivariano iniciado por el fallecido presidente Hugo Chávez y continuado por su sucesor, Nicolás Maduro Moros.

Ha sido una guerra no convencional sin cuartel de EE. UU. para derrocar a Maduro y reinstalar un régimen de derecha en el bastión socialista suramericano. Contra esa nación —al igual que Cuba y Nicaragua— el multimillonario mandatario republicano Donald Trump y sus asesores mantienen una continuada política de odio expresada en la asfixia económica de la rica nación petrolera para culpar —campaña mediática mediante— a las autoridades de las escaseces materiales y de la delicada situación financiera en que sobrevive el país. Ponen sus esperanzas en el que el pueblo se subleve contra el proceso revolucionario.

Las pérdidas económicas por la hostil política norteña son multimillonarias. De acuerdo con el vicepresidente sectorial de comunicación social, turismo y cultura, Jorge Rodríguez, solo las sanciones económicas de la mayor potencia mundial han causado pérdidas a Venezuela por 116 000 millones de dólares.

Esta cifra es resultado de las sanciones económicas —como el bloqueo a la exportación de petróleo, primer renglón de la economía venezolana—, el cierre a la adquisición internacional de alimentos y medicinas, atentados a importantes empresas locales, entre muchas otras medidas extremas que afectan a la población de ese país, uno de los símbolos latinoamericanos de la resistencia contra el imperialismo norteamericano.

Los números no recogen, sin embargo, el sufrimiento infligido a la ciudadanía por Trump y sus ansias de hacerse con el petróleo venezolano.

Sin embargo, apoyado por una mayoría de la población que no ha olvidado su destino bajo el desgarro de las dictaduras y regímenes neoliberales anteriores, el gobierno de Maduro Moros no cesa de denunciar las arbitrariedades foráneas, busca soluciones, invita al diálogo a los opositores que con su violencia ocasionaron decenas de muertos y heridos, y no se agota en la búsqueda de entendimientos y soluciones.

Hace pocos días, y en busca de justicia para su país, el gobierno venezolano presentó una demanda en la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya, capital de los Países Bajos, por las extremas medidas contra su economía, y reclamó a la fiscal jefa del tribunal, Fatou Bensouda, que haga una investigación contra EE. UU. por “crímenes de lesa humanidad”.

El ministro de Relaciones Exteriores de la nación suramericana, Jorge Arreaza, presentó una denuncia que, en sus palabras, “supone un hecho histórico, pues las sanciones son un arma de destrucción masiva contra la población venezolana”.

En conferencia de prensa dictada poco después de entregar la documentación acusatoria, Arreaza reiteró que la víctima fundamental de la política de odio de la administración Trump es la población civil venezolana, que ha muerto, sufrido enfermedades y obstáculos para garantizar su supervivencia.

El texto de Caracas ocupa unas 60 páginas, contentivas de datos estadísticos, razones jurídicas, ilegalidades de las normas coercitivas unilaterales, en tanto, las autoridades acusatorias preparan un conjunto de testigos y pruebas contundentes para presentarlas en La Haya.

Arreaza indicó que la CPI posee la jurisdicción para investigar, enjuiciar y determinar responsabilidades en los hechos. Es, dijo, un caso bien sustentado porque se trata de “ataques generalizados y sistemáticos contra los ciudadanos”, por lo que el gobierno va a difundir la denuncia por varias vías.

Sin mencionar nombres, el canciller afirmó que los responsables de la crisis financiera de su país “están en la élite de EEUU”.

También esperan las autoridades venezolanas que la denuncia siente jurisprudencia para detener la locura de EE.UU. contra “todos los pueblos que son sujetos de medidas coercitivas unilaterales”, afirmó el canciller.

“Las medidas contra la economía de mi país se parecen a la persecución al pueblo judío durante el holocausto o a la persecución del pueblo palestino”.

Horas después, el presidente Maduro se reunió con los periodistas locales y extranjeros en el Palacio de Miraflores para hacer una reflexión sobre la demanda de su gobierno ante la CPI de La Haya.

En su opinión “vamos con la buena fe para que haya justicia. El poder de las pruebas que tiene Venezuela tiene un solo camino: la justicia”.

El mandatario también se refirió a los avances del diálogo que sostiene su gobierno con partidos de la oposición, en especial ahora sobre el tema de la elección del Consejo Nacional Electoral con vistas a las próximos comicios parlamentarios.

A pesar del daño causado por el republicano Trump a su país, Maduro lo invitó públicamente a sostener un diálogo: “Si usted se quiere entender con quien tiene la riendas de Venezuela estoy a la orden, pero si usted quiere que lo sigan engañando y quiere seguir diciendo que va a invadir Venezuela, que va a aplastar a Venezuela como lo dijo en el Congreso, allá usted. Nosotros seguiremos nuestro papel de país pacifista, de país de trabajo, pero el día que quiera cambiar el rumbo de George Bush y Barack Obama, aquí estamos a la orden, aquí estoy a la orden para el diálogo, para la conversación, y también para el entendimiento” —informó Telesur en su programación noticiosa.

En la actual ofensiva para dar a conocer su verdad a la opinión pública internacional, este fin de semana, y como muestra de su unidad interna cívico-militar, se realizó en toda la nación el ejercicio militar Escudo Bolivariano 2020, el cual, según el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, “permite instruir los planes de campaña para enfrentar la agresión permanente en todas sus formas e intensidades”.

En estas acciones de dos días fue desplegada la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) con más de dos millones de combatientes movilizados para defender la integridad territorial, amenazada con una intervención militar por EE. UU. y naciones fronterizas, como Colombia.