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viernes, 11 de octubre de 2024

Nicaragua busca la paz en medio de presiones de EE.UU.

La OEA intentará aplicar Carta Democrática Interamericana en la tierra de Sandino...

Clara Lídice Valenzuela García en Exclusivo 06/05/2019
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Daniel Ortega-Presidente de Nicaragua-ley Nica Act. 2017
Mientras la OEA plantea la intervención en Nicaragua mediante la CDI, el presidente Ortega afirmó que ¨la lucha por la paz es permanente¨.

El gobierno revolucionario de Nicaragua, que intenta la paz con la oposición mediante el diálogo, está amenazado por la Organización de Estados Americanos (OEA) con la aplicación de la llamada Carta Democrática Interamericana (CDI), considerada un preámbulo para una intervención extranjera en la nación centroamericana.

En una sesión del Consejo Permanente de la OEA, efectuado a fines de abril “para analizar la situación en Nicaragua”—según voceros del organismo— el presidente Daniel Ortega fue tildado de “dictador” y de “atacar la democracia en el país centroamericano”.

Un guión muy parecido al que ese organismo multilateral usó contra Venezuela para facilitar la injerencia de otras naciones latinoamericanas —receptoras de las órdenes de Estados Unidos (EE.UU.)— y sacar del Palacio de Miraflores al presidente legítimo Nicolás Maduro para derrocar la Revolución Bolivariana.

Pero Caracas, que siempre resultó victoriosa con el apoyo de varios países y el bloque compacto de Estados caribeños, cortó por lo sano cuando pidió hace dos años su salida oficial de la OEA, la que se hizo oficial el pasado día 30.

Mientras, Ortega y su gobierno de reconciliación nacional intentan alcanzar la paz nacional mediante una Mesa de Diálogo con la opositora Alianza Cívica, luego de los sucesos contrarrevolucionarios del pasado año que dejaron como saldo unos 600 muertos y centenares de heridos.

La solicitud de aplicar la CDI de la OEA partió de las misiones permanentes de EE.UU. y de su aliada Argentina, las que presentaron supuestos incumplimientos del gobierno de Ortega en cuanto a los derechos humanos —más de la película ya vista contra Caracas— y la obligación de una reforma electoral que adelantaría las elecciones presidenciales y legislativas previstas para 2021.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó en fecha reciente —y lo está intentando cumplir con extremas medidas— con acabar con el socialismo en Venezuela, Nicaragua y Cuba. Como si fuera el autoproclamado nuevo emperador mundial, al que las naciones sin distinción deben rendirle cuentas.

Ortega, comandante del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), es un estorbo para los planes dominadores de la Casa Blanca que quiere adueñarse, tengan más o menos recursos naturales, de aquellas naciones que creen más en la integración y el humanismo que en el mercado capitalista.

Los países que dejaron atrás gobiernos progresistas y ahora forman parte de regímenes derechistas en América Latina encuentran en la OEA el lugar ideal para ejecutar los planes hegemónicos que Trump y sus viejos asesores tratan de imponer con la antiquísima Doctrina Monroe en lo que ellos consideran su “patio trasero” donde se mueven sus incondicionales.

El uso de los medios de comunicación que sirven a los conservadores satanizan a Ortega y a la Revolución Sandinista, como hacen con todos aquellos que buscan nuevas vías de desarrollo sin dañar a sus pueblos y mantienen relaciones con potencias emergentes basadas en la igualdad y el respeto a la soberanía nacional. EE.UU. pretende, y no se esconde para hacerlo, quebrar las relaciones de Nicaragua con China, bajo el pretexto de la supuesta influencia del gigante asiático en las regiones de Centro y Suramérica. Igual tratamiento brinda a Rusia.

El Consejo de la OEA acordó “dictar una resolución convocando a una asamblea general de cancilleres de las Américas” y que estos apliquen a Nicaragua, si así lo acuerdan, la mal llamada Carta Democrática Interamericana.

CONTEXTO INTERNO

Mientras la OEA plantea la intervención en Nicaragua mediante la CDI, el presidente Ortega afirmó que “la lucha por la paz es permanente ante la escalada de sanciones de EE.UU. contra naciones soberanas”, durante un acto dedicado a recordar el séptimo aniversario de la muerte del comandante Tomás Borge, fundador del FSLN, a fines del pasado mes.

“Nicaragua no puede renunciar al milagro de la paz con reconciliación, algo que fue posible a finales de la década de 1980 en condiciones de guerra”, y analizó públicamente las condiciones en que se encuentra el paralizado diálogo nacional por el entendimiento y la paz.

De “lo más abyecto sobre la Tierra” calificó el mandatario la postura de opositores que piden de rodillas sanciones contra su propio país, a los que calificó de “personas sin alma ni corazón. Tienen veneno que los convierte en miserables y son expresión de las miserias humanas”, enfatizó el jefe del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua (GRUN).

La posición del Ejecutivo nicaragüense siempre ha sido clara y firme, aún durante la grave crisis interna creada por los opositores que pagaron a grupos mercenarios llegados de países vecinos —y también personas engañadas con continuas mentiras— para que crearan un ambiente de violencia, en el que asesinaron a seguidores del FSLN, incendiaron instituciones públicas e intentaron desestabilizar el país.

El Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua (Cosep) reveló que las acciones desestabilizadoras causaron pérdidas económicas al país por más de 1 300 millones de dólares tras la paralización de las actividades comerciales y turísticas.

A partir de entonces, y para evitar nuevos ataques similares respaldados por naciones latinoamericanas y centroamericanas aliadas de Washington, Ortega se pronunció por la creación de un diálogo nacional, acompañado por la Iglesia Católica, para conversar y buscar acuerdos, a pesar de las miserias humanas de los conservadores.

Ante esas realidades, el presidente afirmó que “no he escuchado ni un solo pronunciamiento o comunicado de condena a las sanciones contra Nicaragua de quienes promovieron el dolor y la muerte cuando el país estaba en paz y mejor que nunca, ni de ellos ni de quienes coinciden con ellos en diferentes campos, económicos, mercantiles o espirituales”, advirtió el mandatario.

Como parte de su estrategia para asfixiar económicamente a los procesos revolucionarios, EE.UU. emplea medidas extremas también contra Nicaragua, cuyo liderazgo político está comprometido con continuar los esfuerzos de negociación iniciados el pasado 27 de febrero.

La oposición nicaragüense solicitó la aplicación de sanciones por parte de instituciones y gobiernos extranjeros, que hasta ahora se han focalizado en el sistema financiero y político.

La delegación del GRUN en la Mesa de Negociaciones, encabezada por el canciller Denis Moncada, solicitó a su contraparte, la Alianza Cívica, que retorne a las conversaciones y desista de su actitud menesterosa de pedir a gobiernos extranjeros que castiguen a Nicaragua para destruir el país y negar sus legítimos derechos a las familias de esta nación.

El pasado día 2, en una nota de prensa, el equipo gubernamental afirmó que las sanciones impuestas por EE.UU al país “causan daño a los más pobres”, según informó desde Managua la agencia española de noticias EFE.

En un nuevo llamado a los opositores a reiniciar las negociaciones, la nota señala que “es elemental reconocer el daño que las sanciones ilegales y unilaterales infringen a todos los sectores de la sociedad nicaragüense y particularmente a los más vulnerables y pobres”, precisa la información de EFE basada en un comunicado oficial.

Este viernes, el GRUN solicitó de nuevo a la Alianza Cívica “que se pronuncie para que cesen y se suspendan las sanciones impuestas a seis miembros de la administración sandinista acusados por Washington de violación de derechos humanos, lavado de dinero y corrupción”, incluida la vicepresidenta Rosario Murillo y a Laureano, su hijo con Ortega.

También sufrió la arremetida del gobierno estadounidense el Banco Corporativo, “entidad vinculado a la empresa venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA)”, indicaron autoridades del imperialista país norteño.

Sobre Nicaragua pesa también la Nicaraguan Investment Conditionality Act (Nica Act) impuesta por EE.UU., que permite a ese país vetar los préstamos de instituciones internacionales para impedir el desarrollo nacional y crear el descontento de la población.

No obstante, el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, aseguró que pese a las dificultades presentadas durante las acciones callejeras que duraron ocho meses, el sector económico se ha recuperado “tomando la senda de la normalidad”.

Reyes previó que la economía crecerá entre 2019 y 2020 de manera progresiva, debido a las estrategias implementadas por Ortega, quien ha reiterado su compromiso para optimizar políticas financieras que logren mitigar las sanciones del Nica Act.

La nación centroamericana, intervenida por EE.UU. en 1912 y de 1927 a 1933, posee una población de poco más de 6 351 000 habitantes que residen en un área de 130 373 kilómetros cuadrados.

En 2006 Ortega ganó las elecciones presidenciales como candidato del FSLN y en noviembre de 2008 los sandinistas ganaron 105 alcaldías, mientras la oposición solo obtuvo 41.

Según el índice de Brecha Global de Género del Foro Económico Mundial, Nicaragua era en 2017 el país con mayor equidad de género en América Latina.


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Clara Lídice Valenzuela García

Periodista


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