Muchas penas, pocas glorias

Un somero balance del primer año de gestión de Michel Temer confirma que Brasil y su pueblo trabajador viven entre penas, y no glorias, debido a la arremetida neoliberal del presidente-peón de los grandes capitales nacionales y la corrupción política en altos cargos de dirección.

Temer, quien sustituyó a la suspendida mandataria legítima Dilma Rousseff el 12 de mayo del pasado año, y luego destituida de manera definitiva en agosto siguiente, es el propulsor de las reformas que le exige una oligarquía con la que está en deuda por la ayuda brindada para dar su golpe de Estado parlamentario.

La polémica apareció pocas horas después de conocerse su gabinete, integrado solo por hombres blancos. Semanas más tarde, ocho de sus ministros se vieron obligados a renunciar dado sus comprobados vínculos con la corrupción existente en la petrolera estatal Petrobras.
Reconocido como uno de los políticos más oscuros de Brasil, por sus continuos cambios de posición según el gobierno de turno, Temer adoptó una serie de medidas y reformas neoliberales que perjudican de manera especial a la clase obrera, que había mejorado su posición económica y social en los 12 años precedentes, y a la democracia en su conjunto.

Este año, el presidente dictó la Ley 55 “Techo para los gastos públicos” que desató las protestas callejeras en los 27 estados de la gigantesca nación de más de 200 millones de habitantes, otrora la primera economía suramericana, en recesión desde 2014 y sin avisos de crecimiento.

El Congreso Nacional, considerado un sistema de alta corrupción (la quinta parte de los diputados y la sexta de los senadores están bajo investigación), aprobó la congelación de los gastos públicos los próximos 20 años, en perjuicio de sectores tan importantes como la educación y la salud.

Luego de sus criticas públicas a Rousseff por la deprimida situación económica del país (él era su vice gracias a una alianza con su Partido del Movimiento Democrático Brasileño), Temer sin embargo no ha podido mejorar los niveles dejados por el anterior gobierno del Partido de los Trabajadores (PT).

No es su culpa, como tampoco lo fue de la anterior mandataria, pues en el desempeño económico influyen especialmente factores externos, o sea la crisis capitalista mundial, con afectaciones en casi todas las naciones, incluso, desarrolladas.

Sin embargo, este aliado de Estados Unidos, enemigo declarado del gobierno democrático de Venezuela, emprendió un ambicioso paquete de reformas y un severo ajuste fiscal en componenda con los grandes centros de poder financiero sin que los números cambiaran de posición. Él y sus seguidores conservadores encontraron una buena excusa para enriquecer aún más a los adinerados en el país más desigual del planeta.

En su discurso para atraer inversiones que no llegan —al igual que ocurre en Argentina— el usurpador esconde sus intenciones de entrega del país a las trasnacionales en el supuesto de reequilibrar las cuentas públicas y modernizar —para peor— las legislaciones laboral y del sistema de pensiones.

Además de congelar los gastos hasta dentro de dos décadas, en marzo pasado el gobierno anunció el recorte de 13 150 millones de dólares del presupuesto y suprimió la exoneración fiscal en más de 50 sectores económicos.

Apoyado por el corrupto Congreso, Temer lleva adelante las reformas laboral, pendiente en el Senado, y la del sistema de pensiones, que aún debe pasar por las dos Cámaras. Ambas son consideradas atentatorias a los derechos ciudadanos.

La nueva ley laboral, si es aprobada, estipula que lo negociado entre el trabajador y la empresa prevalezca frente a lo legislado, con lo cual se reduce la negociación de los sindicatos, abre la veda a jornadas de 12 horas de trabajo, y reduce días de vacaciones, entre otras negativas repercusiones.

El colectivo Alerta Social, surgido con la imposición de Temer, creó una web en la que pregunta ¿Qué derecho has perdido hoy?, en la que cuentan 365 puntos que afectan a la sociedad.

La coordinadora del documento, Mónica Rodriguez, afirmó que una de las pérdidas es la categoría de elector, ya que Temer no fue votado en las urnas, y recordó los cortes de dinero a los agricultores familiares y la caída a la mitad de los presupuestos de las universidades, con pérdida de becas a miles de estudiantes.

Alerta Social menciona también la privatización del Presal, el mayor descubrimiento de petróleo del país y las concesiones efectuadas para la venta de aeropuertos, carreteras y puertos a empresas nacionales y extranjeras.

Temer además dejó a seis millones de familias sin derecho a una vivienda digna al suprimir fondos al programa habitacional del anterior gobierno “Mi casa, mi vida”. La Bolsa Familia, otro de los programas sociales del PT, que ayudaba a personas pobres, también sufrió reducciones y cinco millones dejaron de recibir sus beneficios.

Temer, rechazado por el 95 % de los brasileños en su primeros 365 días en el Palacio de Planalto —según encuesta de DataFolha—, piensa, sin embargo, mantenerse en el gobierno por más tiempo del estipulado, o sea, hasta el próximo año.

En los últimos días, a la vez que arrecian las campañas judiciales contra el ex mandatario petista Luiz Inacio Lula da Silva (favorito en una próxima lid), la Cámara de Diputados propuso una enmienda constitucional para suspender las elecciones presidenciales previstas para el 2018, y hacerlas junto a la de gobernadores, en el 2020.

El diputado del PMDB de Temer, Marcelo Castro, busca, según dijo, “poner fin a la reelección de la mayoría y un mandato de cinco años para los cargos de elección popular a escala federal, estatal y municipal, en tanto aumentaría el período de los senadores a 10 años”, reseñó el Journal do Brasil.

Un documento del también legislador Paulo Pimienta, del PT, denuncia la maniobra dirigida a la permanencia de mayor tiempo de Temer en el Planalto.

Ello le daría posibilidades de cumplir la frase dicha en septiembre último, que identifica a su régimen derechista “Vamos a privatizar todo lo que se pueda”, en los dos años más que le daría la enmienda, si fuera aprobada.

Al presidente, con una agenda por cumplir, le interesa ganar tiempo con los capitales privados, a pesar del fuerte rechazo a su gestión y las amenazas de nuevas huelgas generales organizadas por los sindicatos, como la ocurrida a finales de abril, la primera en los últimos 20 años.