Morir para salvar el medio ambiente

Honduras, el tercer país más pobre de América Latina, ostenta el triste galardón de ser considerado el más letal para los defensores de la naturaleza y el medio ambiente, quienes luchan desde sus comunidades indígenas contra los intereses de las trasnacionales que intentan la construcción de hidroeléctricas en detrimento de los ríos, lagos y bosques, vitales para la sobrevivencia de las poblaciones autóctonas.

Cuatro meses y cuatro días después del aún impune asesinato de la líder lenca Berta Cáceres, otra activista medioambiental, Lesbia Yaneth Urquía, fue asesinada el pasado miércoles en un sitio llamado Mata Mulas, cerca del basurero municipal de Marcala, departamento de la Paz, fronterizo con El Salvador, por donde transitaba regularmente.

El cadáver presenta cortes de machete, en especial en la cabeza, lo que denota un brutal ataque, según reporta la BBC, medio que destaca la posición asumida por la fallecida contra el golpe de Estado al presidente Manuel Zelaya hace seis años.

Igual que su compañera Cáceres, se manifestó por la detención de la construcción de la represa hidroeléctrica Aurora I del municipio San José, obra vinculada directamente a la presidenta del Partido Nacional y vicepresidenta del Congreso, Gladys Aurora López, cuya responsabilidad en este crimen no ha sido aún delimitada.

Urquía defendió los derechos de las comunidades y se opuso a las concesiones y a la privatización de los ríos en ese departamento.   

Por las características de la violencia, que definirá el Instituto Médico Forense, el ensañamiento contra la indefensa mujer indica que se trata de otro asesinato político, presuntamente ordenado por quienes intentan suprimir ríos y bosques situados en las comunidades indígenas, lo que para sus habitantes significaría el desplazamiento o la muerte.

Integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), al igual que Cáceres, la víctima tenía 49 años y dos hijos. Ante la demora en retornar al hogar, que compartía con el esposo —maestro de la escuela Marco Aurelio Soto— y sus dos hijos, comenzó el rastreo por la zona hasta encontrarla sin vida.

Medios de prensa hondureños estiman que los asesinos procedían de El Salvador y fueron pagados para matar a esa luchadora, que ahora engrosa la creciente lista de asesinatos políticos en Honduras, incrementados luego de la destitución de Zelaya.

El Copinh responsabilizó al gobierno nacional por el crimen de Urquía, pero al igual que hizo cuando mataron a balazos a Cáceres, la policía nacional trata de desviar la atención sobre el móvil con el pretexto de un eventual asalto o disputas familiares.

En un comunicado emitido este jueves, el Consejo apuntó que la víctima “…fue una ferviente defensora de los derechos de las comunidades y opositora de las concesiones a empresas foráneas privatizadoras de los ríos” y destacada líder comunitaria vinculada a ese organismo defensor del medio ambiente y la vida de los indígenas. Muy conocida en su localidad, la activista se oponía a la construcción de una represa hidroeléctrica en La Paz.

Para el Copinh, constituido hace 23 años, los asesinatos de las dos mujeres forman parte de un plan del gobierno y los grandes capitales para desaparecer a quienes defienden los bienes comunes de la naturaleza. En protesta por estas acciones, al parecer cometidas por asesinos a sueldo, el Consejo prepara una movilización de grandes proporciones para la próxima semana.

El crimen de Urquía coincide con una consulta sobre la represa en La Paz que realizaría en los próximos días a los activistas sociales una organización defensora de los derechos humanos.

Honduras es hoy el tercer país más pobre de América Latina y sus bosques, que cubren casi la mitad del territorio, son interés de las trasnacionales, que cometen delitos y crímenes para eliminar la oposición a la apropiación de las riquezas naturales. Para analistas, la posición de los consorcios extranjeros aumentará en poco tiempo el 65 % de la pobreza imperante en esa nación centroamericana.

Economistas indican que se trata de un país quebrado que está entregando sus recursos naturales a las grandes compañías para tratar de salir a flote, sacrificando con ellos a las comunidades minoritarias.

A tenor del nuevo asesinato, la Organización No Gubernamental (ONG) Testigo Global, con sede en Londres, afirmó que “…mientras los gobiernos se reúnen para discutir en foros globales sobre el cambio climático, quienes están a la vanguardia de la defensa de ríos y bosques mueren impunemente”.

Un informe de la entidad en 2015 confirmó que ese año murieron de forma violenta 185 activistas. Solo en Honduras resultaron asesinados 111, y 80 de ellos en los últimos tres años, en la región Bajo Aguán, según Chris Moye, portavoz de Testigo Global. 

Creada en 2002 sin fines de lucro, la institución indicó que casi el 40 % de las víctimas eran miembros de pueblos indígenas situados en lugares de grandes recursos naturales, como madera, minerales, tierra y ríos y lagos.

A juicio de los investigadores de ese ente, la mayoría de los inversionistas en hidroeléctricas en Honduras son europeos, estadounidenses y asiáticos.