El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, a pesar de las amenazas contra su gobierno progresista, sigue dando muestras de fortaleza política, en un escenario complejo protagonizado por la COVID-19, una derecha oportunista y un narcotráfico golpeado y vengativo.
López Obrador, conocido como AMLO, lleva adelante el programa de la IV Transformación, que en menos de año y medio hizo importantes cambios socio-económicos para mejorar la calidad de vida de las mayorías, en un país siempre dominado por los grandes capitales y sometido a las mafias del narcotráfico gobernante en varios Estados de esa nación de 1 964 375 km2 y una población de 124 738 000 personas.
Para analistas políticos, la derecha mexicana, aplastada por un gobierno que declaró oficialmente el fin del neoliberalismo en 2018, aunque se había tardado, comenzó a reorganizarse. Y además de movimientos internos van por apoyos en el exterior. Los golpistas de la derecha, a contracorriente de los deseos de la mayoría, se disponen a retomar el gobierno bajo los augurios del fracaso y harán lo imposible por ganar las elecciones del próximo año.
Críticos implacables de la actual administración ya dan muestras de sus planes, en espera del momento idóneo para desatar un golpe de Estado blando, quizás mediante la vía electoral, con apoyo mediático de la prensa tradicionalista aliada durante 36 años a los regímenes que llevaron la pobreza y la desigualdad a uno de los países más ricos de América Latina.
AMLO no podía quedar fuera de la estrategia de Estados Unidos (EE.UU.) de derrocar gobiernos no afines a su ideología. Los usureros beneficiados por el capitalismo tuvieron que unirse a la comparsa golpista.
El presidente líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) trata de acabar con los flagelos que situaron a México en una incómoda posición frente a la Casa Blanca. Para hacerlo, prometió acabar con la corrupción y la impunidad, correas de transmisión de los anteriores regímenes que involucraba a los partidos y poderes estatales, las dependencias federales y los Estados.
De ahí que aunque AMLO decretara el fin del modelo neoliberal el 17 de marzo del pasado año, aun persisten antiguas prácticas porque la tradición de apoderarse de las riquezas quiere sobrevivir a cualquier costo.
En un complejo panorama económico con la caída de los precios del petróleo (producto de punta del país), apenas con 14 meses de gobierno progresista, apareció la pandemia de la COVID-19, creando un punto de inflexión aprovechado por los conservadores para atacar al gobierno.
AMLO alertó a los mexicanos que la crisis por la baja del precio petrolero no era causada por el ataque demoledor de la pandemia, sino del fracaso del neoliberalismo, lo que quedó claro para la mayoría de la población.
Sin embargo, como hicieron otros países, debió replantearse cambios en sus planes mediatos para que la situación afectara lo menos posible las líneas del programa de la IV Transformación.
La reactivación de la derecha forma parte de un plan maestro para socavar la administración de Morena y dificultarle el enfrentamiento a la compleja situación sanitaria y económica.
En una de sus conferencias diarias en horas tempranas de la mañana, el presidente desenmascaró a sus opositores. Presentó un documento apócrifo supuestamente firmado por personas que luego lo negaron, en el que se incita a acciones contrarias a la regencia de Morena. La estrategia llamada Rescatemos a México es auspiciada por el Bloque Opositor Amplio (BOA).
¿Qué decía el texto que López Obrador precisó no tenía “nada de censurable, pues es muy adecuado a criterios obsoletos pero vigentes, de la democracia representativa”?
Los golpistas pretenden —según la plataforma política planteada— ganar las elecciones en la mayor parte de los gobiernos de los 32 Estados en 2021 e imponer la salida del mandatario en el referendo revocatorio a que él convocó para 2022 el mismo día de su asunción.
En ese momento estarán en disputa 15 gobernaciones y 500 diputaciones federales. Si el presidente pierde la mayoría en la Cámara Baja será maniatado, pues ya no podrá mandar leyes al Legislativo, entre otras, las de ingresos y de egresos en beneficio de sus políticas públicas.
En el plan, afirma, participarían los expresidentes Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012). A nivel internacional se efectuaría una campaña mediática para desprestigiar a AMLO y su partido Morena, y difundir falsas noticias sobre el supuesto riesgo existente en México para las inversiones estadounidenses.
Algunos líderes opositores, como Marko Cortés, presidente del Partido Acción Nacional (PAN) no se quedaron callados. Afirmó que dialogó con organizaciones y figuras políticas para crear un frente que les permita obtener una nueva mayoría opositora el próximo año “y corregir el rumbo que lleva el país”, según dijo en conferencia de prensa.
En lo que parece ser una débil, pero bien pensada escalada antigubernamental, hubo dos convocatorias en mayo y junio pasado de desfile en autos frente al Palacio Nacional para exigir la renuncia de AMLO. Solo lograron aglutinar a unos 600 automóviles y motos con uno o dos pasajeros en cada vehículo. Un fracaso absoluto.
Parecen olvidar que el presidente cosecha grandes apoyos de las redes, la población y en especial en los jóvenes.
UN MENSAJE SANGRIENTO
En México no es un secreto que el narcotráfico estaba insertado en el gobierno federal y varios estaduales, los que manejaban a su conveniencia. La violencia criminal que aterroriza al pueblo mexicano es difícil de exterminar, según observadores políticos.
Aunque AMLO se proyectó de manera firme ante el narco y la recuperación de la seguridad pública, dándole importantes golpes financieros, hubo 35 596 muertes por homicidio doloso y feminicidios entre el primero de diciembre de 2018 y el 30 de noviembre de 2019. El Estado mexicano aun no puede proteger a sus ciudadanos, especialmente a los pobres. La tasa de homicidios es de alrededor de 100 víctimas al día en un país sin conflictos bélicos.
A fines de junio pasado, México llegó a las primeras planas de la prensa nacional y extranjera cuando un grupo armado realizó un fallido atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana del gobierno de Ciudad de México, Omar García Harfuch, quien resultó herido por tres impactos de bala y en el que murieron dos de sus escoltas y una mujer que cruzaba por el lugar.
La acción realizada cuando apenas amanecía, muestra, en la perspectiva oficial, “una desesperación de los cárteles del crimen organizado por los golpes recibidos”, refirió Luis M. Arce, corresponsal de Prensa Latina en México.
Sin embargo, las organizaciones criminales se mantienen poderosas en sus territorios. Lo peor es que rompieron su presunto acuerdo o compromiso de no accionar en la capital federal o, al menos, en los niveles que lo hacen en los territorios del interior del país, donde gobiernan de manera paralela al Estado. Recuérdese el caso aún pendiente de los 43 estudiantes de magisterio apresados y desaparecidos en Ayotzinapa.
La gobernadora de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, declaró que “el atentado se debió a la efectiva actuación del jefe policial contra los cárteles, en particular el Cártel Jalisco Nueva Generación” (CJNG). En la operación resultó capturado José Briseño De los Santos, alias Vaca, jefe de los bandidos del CJNG, lo cual descabeza de momento a la organización criminal.
Aunque las investigaciones continúan, el hecho de que se conociera por la mafia el recorrido de la caravana del secretario, más el equipo militar usado, los vehículos blindados y otros indicios apuntan a que presuntamente hay implicados residentes en la capital federal. Si había acuerdos con otras administraciones —acusadas de corruptas y de responder al narco— ya se rompieron con AMLO, lo cual es un golpe para la pacificación que propuso para el país, mediante un plan de estudios para la juventud pobre y desempleada.
El actual gobierno lleva adelante un plan de desarticulación de grupos criminales basado en su destrucción en materia financiera, como el reciente congelamiento de 1 939 cuentas bancarias vinculadas al cártel de Jalisco.
ENCUENTRO CON TRUMP
Este 1 de julio entró en vigor un nuevo tratado comercial entre México, EE.UU. y Canadá, conocido como T-MEC, el cual posee adecuaciones al acuerdo original de 1994, principalmente en temas laborales y de las industrias automotriz, la del acero y la del aluminio.
La visita anunciada por López Obrador al presidente Donald Trump levantó una serie de expectativas en medios políticos mexicanos, en especial los opositores, dada la difícil situación en la zona fronteriza común de 3 000 km.
Aunque algunos referentes políticos critican el encuentro, hay varios temas pendientes en la agenda bilateral, pues el gigante norteño es el primer socio comercial de México e importante plaza para su reactivación económica. AMLO también anunció una próxima visita a China, el segundo, país al que agradecerá su solidaridad durante la pandemia.
En EE.UU. residen más de 12 millones personas nacidas en México y otros 26 millones de segunda y tercera generación. Esos emigrantes, calificados por Trump en su momento como “animales”, son el pilar de la economía familiar mexicana.
Con su presencia en las dos naciones —enfrentadas debido a las erróneas políticas de Trump contra Beijing— México da muestras, una vez más, de su política exterior libre de cualquier compromiso.
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