Medida de fuerza contra gobierno argentino

Aunque el gobierno argentino marcha con buen paso para tratar de resolver problemas heredados de su antecesor, se enfrenta ahora a una medida de fuerza de los llamados reyes de la soya, grandes agroexportadores que buscan desestabilizar aún más la economía arruinada por la derecha reaccionaria en cuatro años de administración neoliberal de Mauricio Macri.

Para reconocidas fuentes sindicales y agrupaciones obreras, los poderosos hacendados están tratando de crear una intencionada crisis política con el nuevo presidente Alberto Fernández y su vice, Cristina Fernández —exmandataria en dos mandatos consecutivos— para crear un estado de opinión contrario al progresismo que ellos representan.

Este pequeño, pero poderoso grupo, donde se depositan las grandes fortunas en Argentina, tiene el apoyo de los medios de comunicación derechistas, utilizados para su beneficio en momentos en que el país atraviesa una grave situación económica, expresada, por ejemplo, en su gigantesca deuda externa.

Por necesidades financieras, para que el campo produzca más y la distribución de la riqueza sea más equitativa, el ministerio argentino de Agricultura decidió redistribuir el impacto de las retenciones, y subió tres puntos (del 30 al 33 %) a los grandes productores de soya (de más de 1000 toneladas de ese grano por campaña) pero rebajándole de uno a 12 puntos en compensación a los que lograron menos de 500 toneladas en igual tiempo.

Además, dispuso que una parte de lo recaudado por el alza de las retenciones tuviera un sentido inverso en diversos cultivos regionales

En un intento de extorsión a los Fernández —como llama al pueblo al mandatario y su vice—, la dirección rural, sin tomar en cuenta los intereses de productores pequeños y de las regiones, decidió un paro en la comercialización de sus productos desde el pasado lunes hasta el jueves 12.

Según el llamado de la oligarquía agrícola, no enviarán a los puertos ni granos ni ganado para su exportación, lo cual no los perjudicará en el bolsillo, pues se trata de un grupo de gran ascendencia económica.

La llamada Mesa de Enlace, que responde a los intereses de ese grupo e integrada por las Confederaciones Rurales Argentinas (CRL), la Sociedad Rural, Coninagro y la Federación Agraria, rechazó las medidas redistributivas, que favorece a los productores menores, en lo que algunos dirigentes del campo observaron un tinte claramente político.

El vicepresidente de la CRA, Gabriel De Raedemaeker, afirmó que “los derechos de exportación es un mal impuesto. Estamos pidiendo la eliminación del esquema de retenciones a la soya, y el jueves tomaremos otras providencias, si el gobierno no cede”, dijo.

La Mesa de Enlace retó al gobierno cuando advirtió que “si las medidas tomadas son empujadas por un espíritu recaudatorio, tengan en cuenta que es un juego de suma cero en el corto plazo; si son empujadas por un espíritu ideológico, entonces… nos veremos en las rutas”.

La organización agraria aludió, en su amenaza, a las protestas que durante varios meses realizó en el transcurso de 2009 contra el gobierno progresista de Cristina Fernández, quien dictó la Resolución 125, que pretendía establecer un régimen de retenciones móviles a la soya.

Desde hace varios días, en repetición de acciones antigubernamentales realizadas hace 11 años, los hacendados movilizaron tractores y camionetas por vías del centro de la provincia de Córdoba, aún antes de que se conociera la propuesta del ministerio de Agricultura, lo cual indica que es un plan antigubernamental elaborado por enemigos de la nueva oleada progresista en el país suramericano.

Son varias las entidades sindicales y agrupaciones rurales que están en desacuerdo con el anunciado paro de las patronales.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), un sindicato que reúne a trabajadores del Estado Nacional, provinciales y municipales de Argentina afirmó que “la crisis fue provocada por los mismos que no quieren soltar un peso”.

El secretario general de la ATE en Buenos Aires, Oscar de Isasi, afirmó que los oligarcas agrícolas “nunca quieren relegar sus ganancias extraordinarias” y recordó que la disposición gubernamental “tiene mucho de la propuesta que hicimos desde la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma (CTAA) de ofrecer un incentivo para sostener las economías regionales con baja de impuestos”.

Isasi indicó que “vivimos en un país donde más del 40 % de la población es pobre y la mayoría de este porcentaje es de mujeres y niños. En el país del trigo no puede faltar el pan en la mesa de los argentinos y que esta regulación se cumpla debe ser una prioridad del Estado”, puntualizó.

Respecto a la provincia de Buenos Aires, afirmó que “es mentira que sea inviable y deficitaria, y representa el 40 % de lo que produce el país. Lo que sucede es que esa riqueza no queda en su territorio sino en las manos de los grandes beneficiados de los últimos años. Ellos deben ceder su gran tasa de rentabilidad para resolver los acuciantes problemas de los sectores populares”, argumentó.

Mientras, Ramón Ayala, líder de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) criticó la huelga de cuatro días impulsada por los terratenientes y afirmó que “están tomando una decisión errónea, pues más allá de los problemas del sector, hay que entender la necesidad de la gente”.

Aunque Uatre funcionaba unida a la patronal, y apoyaba a Macri, Ayala se mostró cauteloso en declaraciones a la radio AM750 cuando pidió reflexión sobre la situación nacional. “Estamos peor que en la crisis del 2001 (cuando el país quebró económicamente) y hay que ver el esfuerzo del presidente —como hizo el exmandatario Néstor Kirchner para sacar a Argentina de la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional (FMI)— y ponerle el pecho a las balas y colaborar”.

Aunque algunas fuentes sindicales no confían en Ayala, pues está resentido porque la Mesa de Enlace no consultó a la Uatre sus decisiones, sí dejó claro que “no son los pequeños productores ni los trabajadores los que están impulsando el paro”. 

La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) también se pronunció sobre las retenciones. En nombre de esa organización, Nahuel Levaggi, destacó que “las retenciones segmentadas son una medida justa para que quienes más se han beneficiado del modelo agroexportador concentrado aporten al financiamiento de las políticas públicas estratégicas para la lucha contra el hambre y el fomento de la producción de alimentos sanos y accesibles”.

Este martes, los pequeños productores pertenecientes a la UTT distribuyeron hortalizas, frutas, quesos, conservas y mermeladas en 15 provincias como expresión de rechazo al fomento de la crisis organizada por las cuatro entidades integrantes de la Mesa de Enlace.

El llamado “verdurazo” que entregará 20 000 kg de verdura de manera gratuita en la emblemática Plaza de Mayo bonaerense —no es la primera vez que lo hace dada la situación de hambre sufrida por los sectores más vulnerables en el anterior gobierno— es también la expresión de que en Argentina están disputando dos modelos de país: uno corporativo que acapara tierras y recursos naturales y otro solidario e inclusivo que busca la soberanía alimentaria y la garantía de derechos.