Brasil: luto y protestas contra la gestión de Bolsonaro

Cada día mueren en Brasil más de 1000 personas a causa del mal manejo de la COVID-19 por el gobierno de Jair Bolsonaro, un exmilitar que mantiene al país en crisis continua, mientras el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva exige un juicio político en su contra, poco probable mientras los grandes capitales manejen los hilos del poder en ese país.

Ante esta crítica visión, Bolsonaro volvió a desaprobar el confinamiento adoptado por la mayoría de los 27 estados de la nación, en contradicción con las órdenes del régimen federal.

Con más de 3 000 000 de contagiados y más de 100 000 muertos, Brasil es el segundo país más afectado por la pandemia, solo superado por Estados Unidos (EE. UU.).

La situación con el nuevo coronavirus es delicada , dada la carencia de una estructura sanitaria válida. El rico país suramericano carece de hospitales y personal médico suficiente para detener un contagio expansivo. El mandatario, siguiendo pautas de su par estadounidense, Donald Trump, minimizó la pandemia y sus gravísimas consecuencias.

Algunos periodistas, como Paulo Tirso, de Jornal do Brasil, se preguntan si la ignorancia lo llevó a subestimar a sus dos ministros de Salud —renunciantes por la falta de entendimiento con el dignatario— o se trata de un plan pensado para realizar una limpieza social en el país, ya que la mayoría de los fallecidos son pobres, negros e indígenas. Aunque resulte difícil de asimilar, el pensamiento de quien se pronuncia de manera sarcástica y burlona hacia los más vulnerables puede estar dirigido a la búsqueda de un equilibro socioeconómico en una nación de más de 210 millones de habitantes, un 48 % de ellos empobrecidos.

El filósofo y analista Emir Sader precisa: “Todos hemos sido considerados una manada, números insignificantes, víctimas de gripezinha. ¿Quién de nosotros morirá hoy? ¿Quién va a morir mañana? ¿Cuántos llegarán vivos a final de este maldito año 2020? ¿Cuántos se incluirán en las estadísticas, reveladas diariamente por el Jornal Nacional de TV Globo; ¿Cuántos sobreviviremos?”.

El portal Geocovid, dedicado al estudio de la pandemia en Brasil, afirmó el pasado día 11: “Si todas las medidas de distanciamiento social fueran canceladas hoy en Brasil, en 30 días el número de infectados por la COVID-19 sería superior a 7 200 000 personas”. La plataforma combina recursos de geotecnologías con inteligencia artificial para monitorear y prever la evolución de la pandemia en el territorio nacional.

Las incógnitas de Sader también calan en la población de la gigantesca nación de 8 000 000 de km², conquistada por el político evangelista mediante una campaña de noticias falsas orquestada por sus tres hijos, vinculados a la política en las redes sociales; y la cruzada judicial contra Lula da Silva que culminó con su encarcelamiento para evitar su candidatura en 2018.

Por su actitud indiferente ante el altísimo número de fallecidos y de que su país sea el epicentro de la pandemia en América Latina y el Caribe, Bolsonaro parece preocuparse solo por mantenerse en la presidencia, rodearse de ministros y asesores militares, entre ellos su último titular de salud.

Al luto que acompaña al pueblo, que llevan a morir en sus hogares a los infectados debido a la carencia de una estructura sanitaria y hospitales habilitados, y que tiene además que improvisar tumbas dado el colapso de los cementerios, también hay figuras y organizaciones políticas en movimiento para desenmascarar e impugnar por mala gobernanza al presidente.

Para muchos, como el analista Eric Nepovmoceno, la única salida posible para Brasil es ponerle fin al actual régimen de derecha que despedaza el país con la venta de sus riquezas naturales a capitales nacionales y foráneos.

Este gobierno ultraderechista nostálgico de la dictadura militar de 1964-1985, cuyo líder vive de manera desenfadada, tiene otros motivos para preocuparse, entre ellos eludir la justicia, en el caso de sus descendientes, relacionados con asesinatos, paramilitarismo, lavado de dinero y otras figuras delictivas, aún no juzgados. Al parecer, a Bolsonaro no le quita el sueño que hayan muerto más de 100 000 brasileños que dejan atrás madres, hijos, hermanos y esposos. Familiares que muchas veces ignoran en qué fosa común fueron exhumados.

Un sector poblacional está cada vez más convencido de que el paso de la COVID-19 por Brasil pudo ser diferente si Lula hubiese competido en los comicios y ganado la primera magistratura, como indicaban las encuestas. Pero no se llora sobre la leche derramada. En las últimas semanas hay un movimiento político en Brasil, luego que Lula exigiera al titular de la Cámara de Diputados de Brasil, Rodrigo Maia, que abra un proceso de destitución contra Bolsonaro.

El exdirigente metalúrgico de Sao Paulo, que gobernó durante dos mandatos consecutivos, consideró que Bolsonaro: “Cree que Brasil es suyo. Ya es hora de votar el juicio político. Hay más de 46 solicitudes y Maia no pone ninguna en votación”, escribió en Twitter el fundador del Partido de los Trabajadores. Recordó que el ultraderechista mandatario quiso cerrar el Supremo Tribunal de Justica (para evitar las acusaciones contra sus hijos) y el Congreso Nacional, donde podría ventilarse la impugnación para ser removido del cargo.

Un reportaje publicado por la revista Piauí reveló que la idea de intervenir los dos poderes del Estado —nada más parecido a la implantación de la dictadura— fue formulada durante una reunión del jefe de gobierno con los ministros militares Walter Braga Netto (Casa Civil), Luiz Eduardo Ramos (Secretaría de Gobierno) y Augusto Heleno (Oficina de Seguridad Institucional).

Pero el mandatario tiene otras fórmulas para eliminar al Estado brasileño e implantar una dirección militar única, aunque ya está retirado como capitán del Ejército, órgano con el que se siente comprometido, según sus palabras.

En concordancia con los métodos de los regímenes autocráticos, un escándalo surgió este mes en su contra, cuando se conoció la persecución política e ideológica de 597 funcionarios públicos, tanto activos como jubilados, a los que calificó como “antifascistas”.

Movimientos y partidos opositores presentaron una imputación por ese motivo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), sobre el fichaje de personas mediante la Secretaría de Operaciones Integradas, o sea, un servicio de inteligencia paralelo a los previstos por la Constitución Nacional y la legislación vigente.

La idea de estos seguimientos ilegales partió de Sergio Moro, exministro de Justicia de Bolsonaro y juez que condenó ilegalmente a Lula da Silva a ocho años de prisión por supuesta corrupción administrativa. Bolsonaro satisfizo su deseo de tener un esquema de inteligencia bajo su control directo.

La revelación de las actividades de esa Secretaría, en manos ahora de André Mendonca, un obispo presbiteriano, fue hecha por el periodista Rubens Valente, vinculado al diario Folha de Sao Paulo, quien identificó las cédulas idénticas a las usadas por órganos represivos de la autoridad militar.

Entre los perseguidos están Luiz Eduardo Soares, ex secretario nacional de Seguridad Pública en el primer mandato de Lula da Silva (2003-2006), y el embajador Paulo Sergio Pinheiro, integrante de la Comisión de la Verdad en el mandato de la exmandataria Dilma Rousseff.

Mendonca afirmó que deben existir numerosos expedientes en la Secretaría cuyo blanco serían intelectuales, periodistas, políticos opositores, artistas y activistas sociales y ambientales. Son numerosas las voces críticas a la caza de brujas del actual régimen, entre ellas la del ex ministro de Educación de Lula, Tarso Genro, quien comparó a la política de fichar adversarios con la que llevaba adelante la Gestapo. Jair Krischke, del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos, cuestionó al Congreso por su inacción contra el macartismo del oficialismo.

Otra denuncia de gran peso político fue realizada ante el Tribunal Penal de La Haya, en un documento que acusa al mandatario de cometer “crímenes de lesa humanidad y genocidio”, firmado por un millón de trabajadores del sector de la salud, desde enfermeros, médicos, técnicos y auxiliares. El texto posee 64 folios que recogen inculpaciones detalladas y ejemplos impactantes, lo que, afirmó el periodista Nelson Pereira, “posee una fuerte repercusión y podrá traer consecuencias en el exterior”.

Bolsonaro restó importancia a la situación: “No me causa sorpresa, pero el tema no está en la agenda presidencial. Si aceptan la denuncia, entonces contestaré”, sin darle valor alguno al parecer de quienes cada día enfrentan la pandemia que aún no alcanza el pico en el país.

Politólogos coinciden en que Brasil está en su peor crisis desde que la derecha ganó en 2018 las presidenciales tras un complot contra Lula da Silva, a quien las encuestas daban como ganador en primera vuelta.

Para una buena parte de los brasileños, solo el exmandatario podría recomponer Brasil, una esperanza lejana pero que podría hacerse real luego que el Supremo Tribunal Federal retiró el pasado martes la denuncia del exministro Antonio Palocci de la acción judicial en su contra. La decisión responde a la solicitud de la defensa de Lula ante la violación de la imparcialidad en la inclusión de esa información seis días antes de las elecciones.

Luego de dar a conocer la noticia, el magistrado de la sala, Ricardo Lewandowski, refirió que el juez Moro actuó para favorecer la elección de Bolsonaro. Ahora Lula queda libre para postularse en los próximos comicios presidenciales en 2022, si decide retomar el timón de la mayor economía latinoamericana.