Lula sigue en peligro

Aunque quedó al desnudo la trama judicial contra el expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva al negarle competencia al Tribunal Federal de Curitiba para juzgarlo y por tanto anular el proceso que lo condenó por corrupción, ello no significa que el popular líder esté exento de ser sometido a los planes de la derecha para repetir un juicio mentiroso y amañado.

Hace apenas una semana, el juez Edson Fachín, del Supremo Tribunal Federal, invalidó las sentencias contra el mandatario más popular de esa nación suramericana, que luego de ocho años concluyó su gestión con más del 80 % de aprobación ciudadana, por su gobierno humanista e inclusivo.

Lula, que administró la gigantesca y desigual nación entre 2003 y 2011, fue sometido en 2018 a una cacería de brujas por el juez Sergio Moro, del sureño Estado de Curitiba, para evitar que se candidateara en las elecciones presidenciales y armó una trama judicial para encarcelarlo.

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Era evidente que si se postulaba ganaría de nuevo, luego de casi dos años del golpe de Estado organizado y orquestado por el Poder Legislativo en 2016 contra la presidenta izquierdista Dilma Rousseff, cuando fue colocado en su lugar su vice, el derechista Michel Temer.

Llamado El Camaleón de la política brasileña, Temer impulsó el neoliberalismo en la gigantesca nación de más de 200 millones de habitantes y cedió el sillón al controvertido Jair Bolsonaro, autoproclamado el Trump tropical.

Moro estudió en Estados Unidos (EE.UU.) la especialidad en lavado de dinero, a tono con el plan de desprestigiar a los líderes progresistas de América Latina. Las huestes derechistas le llamaron Rey Moro durante la causa contra los delitos cometidos en Petrobras.

Un ultraderechista como el novelista de origen peruano Mario Vargas Llosa lo exaltó en su nota publicada en El País de Madrid (y reproducida en centenares de diarios de la región) como “modelo ejemplar para el resto del planeta”.

Este magistrado federal orquestó un juicio en complicidad con Washington —y así quedó demostrado luego de ser descubierto el pasado año— con la confabulación de varios magistrados, que concluyó con una condena de nueve años y medio a Lula por corrupción en el caso llamado Lava Jato (lavado de carros), además de otros dirigentes políticos por supuestos sobornos de la firma constructora Odebrecht de Brasil mediante el ente petrolero Petrobras.

Luego de meses de falsas imputaciones, que incluyen costosos regalos, como un superapartamento de lujo, el juez Moro, la mano derecha de EE.UU. en esas circunstancias, garantizó la sentencia hasta Segunda Instancia, que es definitiva.

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Convencido de su inocencia, el expresidente se entregó a la policía de manera voluntaria y cumplió 580 días de cárcel hasta que su defensa demostró que por ser un tribunal estadual, Curitiba carecía de atribuciones para efectuar el proceso. Sin embargo, el Supremo Tribunal de Justicia desoyó las apelaciones.

Mientras eso ocurría, el magistrado que lo condenó sin pruebas subía como la espuma en el gobierno del ultraderechista Bolsonaro, quien lo nombró su ministro de justicia, una manera de agradecerle el servicio prestado para facilitarle la llegada al Palacio de Planalto en 2018.

Sin embargo, el derechista Trump brasileño no se entendió con su titular de Justicia, al que intentó sobornar. Bolsonaro solo dejaría al jefe de la policía estadual si él cerraba la investigación de delitos de corrupción abierto en contra de su hijo Eduardo, ahora senador, cuando era diputado de la Asamblea Municipal de Río de Janeiro.

Al senador se le imputa también sus vínculos con las milicias paramilitares de la ciudad balneario que ultimaron a la concejala municipal Mairelle Franco y su chofer cuando salían de una reunión en pleno centro carioca.

LULA SIGUE EN PELIGRO

Cuando las grandes masas progresistas de Brasil festejaban la anulación de las condenas de Lula, e incluso él mismo habló de una eventual postulación el próximo año, la maquinaria oligárquica de Brasil ya mostró su disposición de entorpecer de nuevo el camino al exlíder metalúrgico y fundador del Partido de los Trabajadores (PT) durante la dictadura militar.

Lula, en realidad, no fue declarado inocente por el juez Fachín, aunque pusiera, a ese nivel, punto final al juicio de Curitiba, ni tampoco ahora lo ratificó la Segunda Instancia. .

Aunque hubo agasajos anticipados, lo que el juez hizo fue demeritar al tribunal de Curitiba manejado por Moro, que ahora será posiblemente acusado por utilizar su jurisdicción para juzgar a un exmandatario a cambio de favores posteriores.

Lo que pretenden los elementos derechistas representados en el más alto escalón de la justicia nacional es hacer volver a Lula ante un Tribunal para que sea rejuzgado por sus supuestos delitos y otros tres más pendientes.

El fin es el mismo: el deja vu de hace dos años para impedirle, si así lo deseara, postularse para el 2022 cuando nadie duda que sacaría del poder al llamado engendro Bolsonaro.

En esa cuerda, la Procuraduría General de la República (PGR) brasileña presentó el pasado día 12 un recurso contra la decisión de Fachín.

Ese órgano argumentó la competencia del decimotercer Tribunal Federal de la sureña ciudad de Curitiba para juzgar los procesos acusatorios contra Lula, que lo llevaron al encierro, donde fue vejado e incluso le negaron la despedida de un fallecido hermano, y luego lo retrasaron para acompañar los funerales de un nieto de nueve años.

El portal Brasil de Fato recordó la argumentación del juez de que los cargos del grupo investigador de los supuestos delitos contra Lula en el Lava Jato no están directamente relacionados con los desvíos de la Petrobras, que era el principal objetivo de la operación bajo mandato de Moro.

El magistrado, que siguió los precedentes del juzgado, entendió que la audiencia en Curitiba no era competente, anuló las condenas y envió los procesos a Brasilia.

Con esa determinación fueron canceladas las sentencias contra Lula por la supuesta propiedad cuando era mandatario de un apartamento triplex en Guarujá y una finca en Atibaia, situados ambos en el Estado de Sao Paulo, donde el líder izquierdista siempre ha tenido su hogar.

También quedaron invalidados otros dos procesos pendientes sobre supuestas irregularidades vinculadas al Instituto Lula.

Sin embargo, en la apelación de la PGR el fiscal general adjunta de la República, Lindôra Araújo, firmante del recurso, se precisó que el Ministerio Público había demostrado el vínculo de los hechos investigados en los cuatro procesos con la corrupción en Petrobras.

Si la apelación procede, Lula estará en la misma situación de 2018, cuando inhabilitaron sus derechos políticos y no era elegible.
Aunque los abogados de la defensa esperaban la negativa reacción de la PGR, confían en la honestidad y sensatez del resto de los ministros de la corte superior. La mayoría de los seguidores de Lula, sin embargo, no están muy convencidos.