La vida entre rejas

Los recientes motines ocurridos en cárceles brasileñas a partir del primer día de este año, con saldo de 117 reclusos muertos, acercan la mirada una vez más al fallido sistema penitenciario del gigante suramericano, donde la vida de un preso carece de valor.

Cuando al azar se le pregunta a ciudadanos brasileños si prefiere la muerte a la cárcel, la respuesta es rápida, sin titubeos: mejor irse de este mundo que sobrevivir durante quién sabe qué cantidad de años sin juicio ni condena, y en condiciones imaginables.

Durante décadas, y sin que hasta ahora haya solución por el gobierno federal, el sistema carcelario de Brasil ha sido criticado en foros internacionales que demuestran cómo se burlan los derechos humanos de los detenidos, los cuales sufren castigos físicos y torturas por parte de los policías.

Los motines comenzaron este año en una siniestra escalada en el Complejo Penitenciario Anisio Jobim (Compaj), donde murieron en 17 horas de enfrentamiento 56 detenidos —la peor matanza después de la de Carandirú, en Sao Paulo, en 1992,  con 111 decesos— y continuaron en la Penitenciaría Estatal de Alcaçuz, en la región metropolitana de Natal, la mayor cárcel de ese Estado, con 26 fallecidos.

Poco después hubo otro amago de sublevación en el Presidio Provisional Profesor Raimundo Nonato Fernandes, también en la ciudad de Natal, sin víctimas mortales.

También hubo sublevaciones el pasado viernes en la prisión de Tupi Paulista, en Sao Paulo, Roraima (33 muertos), y dos en Paraíba y Alagoas, según medios de prensa.

Los 117 asesinatos, la mayoría realizados con alevosía, constituyen casi la tercera parte de los ocurridos en 2016 (372) en centros de reclusión.

Para analistas, aunque las autoridades federales culpan a las bandas de narcotraficantes que llevan sus disputas hasta las cárceles, la realidad demuestra que este podría ser solo uno de los varios factores detonantes.

Estimaciones oficiales, pues los números son cambiantes, consideran que en la actualidad hay más de 600 000 personas encarceladas, más de 220 000 sin ser juzgadas. O sea, casi el 40 % de la población carcelaria del país se encuentra en un limbo judicial, pues nunca han sido presentados ante un juez, y una alta cifra ni siquiera conoce de qué se le acusa.

INFIERNO EN LA TIERRA

El hacinamiento es uno de los motivos más nombrados cuando se analiza la situación de los presos brasileños, además de la carencia de atención médica, los abusos de los policías, la transmisión del virus del SIDA, dada las nulas posibilidades de protección sexual, y una comida inadecuada.

Hay cárceles, como la del Compaj, con capacidad para 445 presos. Sin embargo, 1 200 personas vivían allí antes de la sublevación, según admitió la Secretaría de Administración Penitenciaria de Amazonas.

Ello significa, de acuerdo con las autoridades del lugar, que los detenidos permanecen de pie, pues no caben sentados ni pueden acostarse para dormir, y ello motiva que las luces permanezcan encendidas día y noche.

La cárcel de Alcacuz tiene capacidad para 620 hombres, pero en estos momentos sobreviven allí 1 083, lo cual significa una saturación del reducido espacio de las celdas.

SOLUCIONES A MEDIAS

A tenor con los acontecimiento que reciben la crítica de organizaciones locales e internacionales de derechos humanos, el gobierno federal indicó, según Sputnik, que revisará la situación de 100 000 presos considerados temporales, para valorar quiénes podrían cumplir condena fuera de la cárcel. En ese caso, según la publicación que menciona al Ministerio de Justicia, en la eventual medida estarían contemplados los detenidos por delitos sin violencia o amenazas graves para la sociedad. Una manera del gobierno de aliviar la superpoblación carcelaria.

De acuerdo con esa cartera, los presos que ganen la calle estarían comprometidos a usar tobillera electrónica y realizarían labores comunitarias. Pero si la medida se cumpliera, otros 120 000 presos en iguales condiciones no serían evaluados.

Según la Agencia de noticias Brasil, el Ministerio de Justicia verificaría en los próximos días los motivos de los últimos motines a profundidad, los que achacan al narcotráfico. Tampoco tiene en cuenta que cada año centenares de reclusos se dan a la fuga debido a una situación insostenible para un ser humano.

Para la organización no gubernamental Amnistía Internacional “el hacinamiento y las malas condiciones en Amazonas ya habían sido denunciados por el Consejo Nacional de Justicia y por el Mecanismo Nacional de Prevención y Combate a la Tortura, sin que las autoridades adoptaran las medidas necesarias”, lo que hizo que la situación se deteriora.

En la región de la Amazonía están situados los Estados de Amazonas, Acre, Rondonia, Roraima, Pará; más Maranhao y Río Grande do Norte, escenarios algunos de las últimas sublevaciones internas.

La Asociación de Jueces para la Democracia (AJD) calificó las matanzas de esta primera quincena de enero como “una tragedia anunciada”. Las nuevas desdichas, se pronunció la AJD “corroboran la necesidad de la sociedad y del Estado brasileño de reflexionar sobre la política condenatoria” y reclamó un análisis justo a la hora de las detenciones que afecta en gran mayoría a los pobres, mientras los ricos roban en empresas, al Estado, mandan a matar a sus enemigos, cometen violaciones de todo tipo y siguen en la calle”.

De acuerdo con informaciones del Departamento Penitenciario Nacional (Depen) del Ministerio de Justicia, con cierre en 2014, Brasil se ubica en el cuarto lugar con la mayor cantidad de personas encarceladas en el mundo, solo superado por Estados Unidos, Rusia y China.

El informe del Depen apunta que el 61,6 % de los encarcelados son negros y mestizos, y solo el 9,5 % concluyó sus estudios secundarios, lo cual apunta a la pobreza vigente en esos grupos sociales y el manejo de las autoridades a la hora de encontrar culpables reales o supuestos. 

Para Renato de Vitto, director del Depen, en entrevista con Brasil de Fato, “la pena de prisión es un remedio caro, amargo y que agrava la enfermedad. En 1990 había 90 000 presos en el país, hoy 622 000. “¿Alguien se siente más seguro?”, se preguntó.

En sus declaraciones, de Vitto afirmó que “…no se puede evaluar el delito a partir de quien lo comete, pues no hay una tendencia a cometer crímenes por tener menos recursos o menos escolaridad. Lo que hay es una tendencia del sistema de justicia y de la policía a criminalizar al pobre, al excluido”.