Justicia sí, impunidad no

Pueden ser miles las acciones de violencia cometidas por los sicarios de la derecha en Venezuela desde 1999, desde que asumió el gobierno el presidente Hugo Chávez Frías, sin que las víctimas se conozcan en su totalidad y se satisfaga al pueblo revolucionario con el conocimiento de la verdad.

Para el presidente Nicolás Maduro, sucesor de Chávez desde su fallecimiento en el 2013, luego de elecciones presidenciales, constituye una cuestión de ética que salgan a relucir a la luz pública las atrocidades cometidas por los opositores, que responden a los intereses de Estados Unidos.

Esa violencia se extiende a varios estratos de la sociedad venezolana, si como tal se considera la guerra económica, psicológica y mediática de la derecha, no solo en momentos cruciales, como el golpe de Estado del 2002, sino en el día a día de la población, la que más sufre esas actitudes beligerantes.

De ahí que ante la maniobra de la conservadora Asamblea Nacional, que aprobó la llamada Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional — declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) esta semana—, la respuesta revolucionaria ha sido contundente.

Se trata de la creación de la Comisión de la Verdad, Justicia y Reparación de las Víctimas, la cual tiene como propósito priorizado esclarecer los hechos de violencia acaecidos en el país a partir de la asunción de Chávez en 1999, incluidos los del 2014, que dejaron un saldo de 43 muertos y 800 heridos durante el llamado plan La Salida (del mandatario).

Ante la negativa presidencial de dar luz verde a la Ley de Amnistía, rechazada por la población bolivariana, el gobierno determinó poner en marcha el nuevo mecanismo, al que invitó a la oposición, la cual reiteró su negativa a integrarlo, ya que su postura fue y es de odio hacia todo lo vinculado con el chavismo.

El vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Istúriz, coordinador de este espacio de justicia, especificó: “Lo más importante es visibilizar a las víctimas, el alcance de los daños, y por supuesto escucharlos, que el país y el mundo los escuche. Y luego, los victimarios ser capaces, por la Patria y la paz, de asumir responsabilidades”.

Istúriz esclareció que este grupo no otorgará perdón a quienes resulten implicados en los actos exaltados, ya que tal decisión corresponde a los órganos de Justicia.

La Comisión, instalada el pasado martes en el Palacio de Miraflores, nació con el respaldo de prestigiosas figuras internacionales, como el Secretario General de la Unión de Naciones Suramericanas, Ernesto Samper, y los exmandatarios Leonel González, de República Dominicana; Martín Torrijos, Panamá; y José Luis Rodríguez Zapatero, de España.

También como observadores estarán varios invitados internacionales que en estos momentos colaboran en las conversaciones por la paz en Colombia, entre ellos representantes de la Fundación Nelson Mandela, del gobierno de Sudáfrica, y especialistas de Uruguay, Chile y Argentina.

LA MENTIROSA LEY DE AMNISTÍA

Aunque la llamada Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional aprobada por la derechista Asamblea Nacional no cuenta con el respaldo del mandatario y fue declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano, la derecha insiste en su proclamación y puesta en práctica, lo cual parece bastante imposible en el actual contexto.

Para expertos, la legislación conservadora trata de ganar la libertad de varios políticos instigadores de actos extremos contra la población civil. En la práctica, el ala derechista carece de líderes capaces de identificarse con la gran masa popular, y sus programas se asemejan a las conocidas lecciones del neoliberalismo y la falta de libertades.

Entre los que podrían quedar libres se encuentra Leopoldo López, uno de los principales dirigentes de la derecha; Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas; y otras figuras de cierta relevancia en el ámbito contrarrevolucionario.

López, exalcalde de Chacao (2000-2008), es el coordinador nacional del Partido Voluntad Popular y de las Redes Populares, y su puesta en libertad significaría —por sus actitudes que lo llevaron a una condena de 13 años de prisión— un endurecimiento de las posturas contrarrevolucionarias, además de que sería un agravio para las víctimas de su actitud antipopular.

Según el periódico local Correo del Orinoco, López fue inhabilitado por la Contraloría durante su mandato por corrupción; y el estadounidense Los Ángeles Times informó que durante el golpe de Estado contra Chávez en el 2002, ese ciudadano “orquestó las protestas públicas en contra del ,mandatario y jugó un rol central en el arresto ilegal del ministro del Interior”, Ramón Rodríguez Chacín. La maniobra contrarrevolucionaria duró menos de 72 horas.

Esta ley enmascarada bajo una supuesta nueva etapa de reconciliación nacional, a la que la oposición se ha negado hasta ahora a pesar de las invitaciones de Maduro al diálogo y la paz, posee un alcance mayor, pues contempla la liberación de delincuentes comunes peligrosos.

Su articulado deja también sin efecto las sanciones penales de unos 50 delitos, entre ellos: la estafa inmobiliaria, el sabotaje eléctrico, el acaparamiento y la especulación de alimentos y medicinas (incluyendo la venta de productos vencidos), el uso de armas de fuego y de explosivos, narcotráfico, homicidios y robos.

De ahí que en las múltiples reuniones celebradas para analizar el contenido de la legislación, a las que llamó el gobierno, la mayoría de la población se pronuncia en su contra. Desde que se conoció su aprobación, el pueblo bolivariano la bautizó como la Ley de la Impunidad a los criminales de distinta calaña que han hostigado al país desde 1999 hasta ahora.

Asimismo, el propósito de la recién aprobada Ley de Viviendas de la derecha manipula el concepto de propiedad para entregar a la banca privada y las inmobiliarias el millón de viviendas construidas por el Estado venezolano desde hace 17 años. El rechazo colectivo a esta ordenanza es motivo de grandes movilizaciones en decenas de ciudades, entre ellas Caracas, la capital.

CONGRESO DE LA PATRIA

Venezuela cruza un difícil momento político, agravado por la situación económica mundial —de la cual en gran medida depende la propia— y la sostenida guerra de la derecha interna e internacional (no hay que olvidar el trípode América Latina-Estados Unidos-Europa en el que participan políticos conservadores).

Ante el cúmulo de problemas y la posibilidad de su solución por las masas bolivarianas llamó el Gobierno a la celebración del llamado Congreso de la Patria, que intenta encontrar las soluciones para fortalecer la economía, mantener los programas sociales e impulsar la Revolución Bolivariana.

A la convocatoria de Maduro acudieron las fuerzas revolucionarias integradas, entre otros, por comunidades barriales, organizaciones políticas, campesinos y obreros, diputados y gobernadores socialistas, intelectuales y artistas; invitados todos al análisis conjunto de la situación nacional hasta el próximo día 19.

Tres agendas están en la orden del día: la económica, la política y de las misiones sociales.

El Congreso de la Patria, que se instaló esta semana en el Poliedro de Caracas, es un momento, además, de renovación del acontecer político ante el intento de avance de la derecha mediante el ejercicio legislativo.

De este evento debe salir una agenda que garantice un plan de desarrollo productivo con propuestas de todos los sectores para garantizar una economía productiva y no rentista dependiente del petróleo, además de concretar una mayor participación del pueblo en la toma de decisiones.

El martes, día de conclusión del Congreso, se entregarán al Ejecutivo las conclusiones de la cita, en una jornada que coincidirá con acciones de respaldo a la Revolución Bolivariana en números países.