Julio, mes de movilizaciones populares en Uruguay

Uruguay, que puede vanagloriarse del tratamiento oficial dado a la COVID-19 y sus positivos resultados, será escenario el próximo mes de manifestaciones populares en rechazo a la Ley de Urgente Consideración (LUC), considerada un retroceso democrático para la pequeña nación suramericana.

Mientras la pandemia continúa acelerándose en América Latina, en especial en Suramérica, en Uruguay, con 3 449 299 habitantes, la tasa de contagios, desde que se conoció el primer caso de la enfermedad el pasado 13 de marzo hasta la fecha, registró 907 afectados por la nueva enfermedad viral y 26 fallecidos.

El presidente Lacalle, abogado, militante del tradicional Partido Nacional, quien asumió el 1.o de marzo, solo 12 días antes de la aparición de la pandemia en el país, nominó de inmediato un consejo asesor para identificar la mejor evidencia disponible a nivel mundial, recabar recomendaciones de más de 40 expertos e integrarlos en reportes destinados a que el gobierno tomara decisiones, según explicó, ante el éxito sanitario, la directora regional de la Organización Mundial de la Salud para las Américas, Carissa Etienne.

La funcionaria, también directora de la Organización Panamericana de la Salud, afirmó que la tasa de contagios entre los uruguayos se mantiene baja y el sistema de salud nunca se vio comprometido, por lo que desde hace semanas inició algunas actividades con el paulatino regreso de las clases.

Sin embargo, aún se mantiene un foco de tensión en la frontera seca con Brasil, donde la pésima gestión del presidente Jair Messías Bolsonaro obliga a redoblar esfuerzos para evitar el traslado de la pandemia.

Incluso en medio de la prudencia, el mandatario uruguayo sigue una agenda de gobierno de corte neoliberal —luego de más de una década de progresismo— en la cual posee un lugar especial la LUC, en la actualidad en debate en el Congreso Nacional.

La eventual aprobación de la ordenanza posee, en opinión de medios políticos nacionales, un fuerte sesgo punitivo y restringe derechos constitucionales. De ahí que el Frente Amplio (FA), con tres mandatos consecutivos hasta que ganó Lacalle Pou, se opuso a la medida que supone, dijo en un comunicado, un retroceso en la economía, las empresas públicas, los sindicatos y las relaciones laborales, entre otras áreas.

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La primera en convocar un paro de 24 horas contra la todavía no aprobada ley fue la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria de Montevideo, el próximo 2 de julio, además de una movilización en la capital contra el paquete de medidas puesto en discusión poco después de la asunción presidencial.

Los maestros consideran que la LUC supondrá la pérdida de derechos en el sector, entre ellos la limitación en las filas estudiantiles. El gobierno, por ejemplo, prohibió el uso de mascarilla con la frase ¨EducarNoLUCrar¨ utilizado por centenares de jóvenes durante la pandemia.

El próximo día 7 militantes sociales y sindicales, vecinos comprometidos con su barrio y su gente se moverán a la Torre Ejecutiva (sede gubernamental) para entregar una carta al ejecutivo con planteamientos y necesidades, luego de una reunión sostenida el 23 de este mes para compartir experiencias de organización y potenciar el tejido social junto al movimiento y otras organizaciones.

La cita reunió, entre otras, a las personas que preparan meriendas y ollas de comida para distribuir en las familias más vulnerables. Cada día se reparten en Montevideo y zonas cercanas unas 500 grandes cacerolas que cada una puede alimentar a 130 núcleos, extendidas durante la COVID-19, con el apoyo de insumos y distintas colaboraciones, como las recibidas del Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT).

Las cazuelas responden a la memoria colectiva de la solidaridad tradicional de las organizaciones sociales —como hacen en Argentina y Chile— y por ello en tiempos de crisis surgen como una reacción espontánea y natural.

Estos son los primeros anuncios. Otros organismos sindicales, como los de Salud Pública, también prometieron sumarse a las manifestaciones, pues la nueva legislación les afectará de distintas maneras.

Lacalle Pou (1973), hijo del exmandatario Lacalle Herrera, a pesar de la oposición de sectores políticos y públicos, atraviesa con el mínimo de víctimas la pandemia de la COVID-19, por lo que no perdió tiempo para llevar adelante la LUC y realizar varios ajustes de manera prioritaria, como un recorte al gasto público de 900 millones de dólares.

En abril, el mandatario —que desciende de una familia de políticos que se remite a 1873, cuando nació Luis Alberto Herrera y creó el denominado ¨herrerismo¨ en activo hasta hoy— envió la LUC al Parlamento en un documento con casi 500 artículos que reforman cerca de 60 leyes.

En su paso por el Senado, el ahora opositor FA logró que se modificaran más de la mitad de las normas. Para el diputado por el FA, Daniel Gerhard: “…la derecha que en campaña se mostraba desideologizada, terminó siendo parecida a la vieja derecha uruguaya”, que tiene mayoría en las dos Cámaras. Entró con 502 artículos y terminó con 476, además de la modificación de más de la mitad de ellos.

Lacalle Pou presentó la LUC con carácter de urgencia, lo que obliga a tratarla de manera expedita, y el Congreso tiene hasta 90 días para votarla. Si hubiese artículos en que no haya consenso, quedarán como los propuso el ejecutivo.

Para justificar la medida, el mandatario habló sobre la crisis económica nacional que, argumentó, se aliviaría si se aprueba la LUC. Defendió la iniciativa en lo referente a educación y seguridad ciudadana, dos temas que prometió solucionar en su campaña electoral.

El dignatario también dijo que era necesario reducir el déficit fiscal de cerca del 4,6 %, en tanto defendió con el lenguaje habitual de la derecha la propiedad privada, resguardo de libertades económicas y lograr que Uruguay sea un país atractivo para la inversión privada. A Lacalle Pou le molesta la repetida solicitud de la oposición de gravar las grandes fortunas personales y empresas asentadas en la nación. Para callar a esos grupos afirmó: “Gravar el capital es amputar la posibilidad de los que van a hacer fuerza a la salida de la crisis”.

Una compleja situación se presentó en Uruguay cuando el pasado 30 de mayo tres marinos fueron asesinados en la base montevideana del Cerro. De inmediato, voces como la del exmandatario en dos ocasiones Julio María Sanguinetti, del partido Colorado, hizo un paralelo entre esa acción y la muerte de cuatro militares por el entonces grupo guerrillero Tupamaros en 1972.

De inmediato, Sanguinetti intentó instalar un clima predictadura, mientras el senador del ultraderechista partido Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, instó a la rebeldía popular, y el Partido de gobierno culpó al FA por sus 15 años al frente del país.

Sin embargo, luego de querer destripar al Frente, las investigaciones arrojaron que el asesino era un solitario desertor de las Fuerzas Armadas, amigo de las víctimas, quienes le permitieron entrar a la base naval. El móvil de los homicidios fue, aseguró el acusado, robarles las armas y venderlas para comprar comida.

¿GOBERNARÁ COMO EL PADRE?

Medios políticos uruguayos indican que Lacalle Pou —cabeza de la coalición vencedora formada por cuatro partidos derechistas— puede seguir los pasos de su padre, presidente en la etapa neoliberal entre 1990 y 1995. Incluso, señalan que el actual mandatario viene a ejecutar los planes pendientes de su progenitor.

Los mismos sectores que apoyaron a Lacalle Herrera ahora lo hacen con su descendiente: la Asociación Rural del Uruguay, el movimiento social-rural “Un solo Uruguay”, el diario conservador El País, cámaras empresariales y medios de comunicación privados.

El nuevo mandatario no oculta su conservadurismo. Por primera vez en cien años asistió a una misa católica en su investidura, en el país considerado más laico de América Latina. Asimismo, ante una pregunta radial sobre el ascenso de los feminicidios, apuntó que son “daños colaterales” de la pandemia.

Para demostrar que no piensa darle libertad de expresión a los grupos progresistas y de izquierda, negó la cadena nacional de radio y televisión a la central de trabajadores PIT-CNT, el 1.o de mayo, a la que calificó de “en desuso y anticuada”. Igual hizo el 20 de ese mes cuando se efectuó la Marcha del Silencio, realizada por familiares de desaparecidos durante la última dictadura militar.

A la misma hora de la histórica demostración ciudadana, Lacalle Pou anunció una conferencia de prensa —que debió suspender—, relacionada con un tema doméstico y que despertó la ira en las redes sociales porque en evidente arranque de odio dijo que, por él, nunca se retomarían las excavaciones de los cuerpos de ultimados por el régimen castrense.

Durante el corto período gubernamental hubo un aumento de las tarifas de servicios básicos, el dólar aumento más de seis pesos uruguayos, y más de 150 000 trabajadores pasaron al seguro de paro, ya que la actividad económica cayó debido a la COVID-19.

Otra mal recibida medida oficial fue la designación de Washington Abdala, de la derecha más rancia, como embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Ese individuo, cuyo nombre recuerda su ideología, se unirá a su compatriota Luis Almagro, Secretario General de esa entidad, devenida títere a tiempo completo de Estados Unidos y enemigo de los gobiernos progresistas de la región.

Estas son algunas pinceladas de lo que está por venir para los uruguayos. Para 2021, según anunció, Lacalle Pou prepara un proyecto de reforma de la seguridad social, uno de los aspectos más perjudiciales del sistema neoliberal.