Insiste Venezuela en puentes de diálogo contra violencia de odio

El gobierno venezolano condenó la tensa situación política generada por los crímenes de odio cometidos contra 70 ciudadanos durante las manifestaciones de grupos opositores unidos a bandas de delincuentes, que mediante el terror intentan derrocar la Revolución Bolivariana.

A pesar de las reaccionarias expresiones de sus enemigos de clase y de los intereses foráneos del gran capital, Venezuela busca caminos para el diálogo nacional, como es la constitución de la Asamblea Nacional Constituyente (ACN), calificada por el oficialismo como una herramienta de oportunidad para la necesaria paz en ese país de 32 millones de habitantes, quinto exportador de petróleo a nivel mundial.

En un movido lunes, previa a la gran marcha por la paz convocada por el presidente Nicolás Maduro este martes, varios dirigentes gubernamentales y la Defensoría del Pueblo exhortaron una vez más a la cordura a quienes dirigen a las bandas neofascistas cuyas actuaciones recuerdan enfrentamientos en Ucrania, Siria y otros países, en un modelo creado por las altas esferas de la reacción mundial.

Hace pocas horas, en su programa “Los domingos con Maduro”, el mandatario anunció “una gran campaña, una gran caminata nacional de denuncia del fascismo y de lucha por los valores verdaderos de los venezolanos”. Esa jornada comenzará con una gigantesca movilización por la paz en Caracas.

El jefe de Estado compareció ante las cámaras de la estatal Venezolana de Televisión para instar a sus partidarios a acudir “con una bandera tricolor de la paz, de la tolerancia, del amor”, en contraposición a los opositores que han entrado en una fase en la cual “han perdido todo límite” y “control sobre la violencia que han generado”, según comentó el jefe de Estado.

LUNES MOVIDO

El primero en presentarse ante medios locales fue el ministro de Educación Elías Jaua, jefe de la Comisión presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente, quien precisó que en los 20 días de trabajo de ese mecanismo se sostuvieron diálogos francos, cordiales y profundos con todos los sectores, incluida la Conferencia Episcopal de Venezuela.

Esta labor de reconciliación nacional culminó su primera etapa “para alcanzar la paz y evitar la confrontación entre dos modelos antagónicos que deben convivir”, según opinó, aclarando que quedará bajo responsabilidad de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD) si sus dirigentes persisten en promover actos de desestabilización, confirmó la agencia venezolana de noticias AVN.

Jaua anunció que la iniciativa gubernamental anunciada el pasado 1 de mayo cuenta con el apoyo de 236 consejos municipales y de siete grandes movilizaciones de reafirmación política, representativas de 12 sectores diversos del país. Nos hemos entrevistado, precisó, con más de 600 000 ciudadanos.

En opinión del ministro, la constitución de la ANC es la única posibilidad de retornar la paz al país, pues se trata de un proceso democrático con elecciones libres, secretas y directas, y ha servido para un nuevo debate con el pueblo, eliminación de dudas y recepción de sugerencias para mejorar la actual Constitución Nacional de 1999 y fortalecer el crecimiento del Socialismo del siglo XXI.

Poco después, se presentó ante cámaras y micrófonos el defensor del Pueblo de Venezuela, Tareck William Saab, quien informó que el Consejo Moral apoya el proceso nacional constituyente.

Saab dijo que “la Constitución fue diseñada para modernizarse y adaptarse a los nuevos tiempos y que están previstos los mecanismos para su enmienda y renovación, por lo cual debe ser reflejo de la diversidad de nuestra nación, y las bases comiciales permitirán que toda la sociedad se vea reflejada”.

NUEVO GOLPE DE ESTADO

Esta nueva fase de terrorismo es un escaño superior para el fomento de un nuevo golpe de Estado —hubo uno en 2002 contra el presidente Hugo Chávez— que solo, en opinión gubernamental, podrá frenarse con la instalación de una ANC —a la que se oponen las figuras más descollantes de la oposición venezolana, a pesar de exigirla en los últimos tres años—, al igual que al establecimiento de conversaciones oficiales.

Además del absoluto desinterés del ala más radical opositora por inscribirse en el diálogo, se han incrementado en los últimos 50 días las acciones terroristas encaminadas a la desestabilización nacional y el odio en el país, en busca de que se declare a Venezuela una nación donde no se respetan los derechos humanos y se propicie la intervención militar externa.

Otro de los propósitos de estos planes de caos es crear diferencias —algo improbable— en el seno de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, fieles al legado de su comandante supremo Hugo Chávez, o al menos de miembros de la alta dirección de ese cuerpo para crear la ruptura de la unión cívico-militar, la base hasta ahora compacta en que descansa la Revolución de ese país.

Además de la posibilidad de una injerencia directa de Estados Unidos en el país dadas las declaraciones del jefe del Comando Sur, —lo que crearía una confrontación directa de los revolucionarios con los agresores— también se alertó de que en la frontera con Colombia hay cientos de soldados acantonados, lo cual vislumbra, dada la alianza de esa nación con Washington, la posibilidad de una penetración hacia suelo venezolano.

En inmediata respuesta al movimiento de tropas, —conocida la alianza de los presidentes Juan Manuel Santos y Donald Trump— Venezuela rechazó lo que calificó de “insólita e inadmisible” provocación colombiana, con la presencia de vehículos blindados de combate a escasos metros de la línea fronteriza en Paraguachón, departamento de La Guajira.

No es la primera vez que Bogotá adopta estos aires de guerra contra sus vecinos, ya que el pasado 31 de marzo ocurrieron hechos similares cerca del Puente Internacional Simón Bolívar.

Además, en los últimos días altas autoridades de Colombia dijeron en varios países que se están preparando para la llegada de emigrantes procedentes de Venezuela debido a un evento de violencia, preconfigurando así una especie de montaje para un posterior ataque al gobierno venezolano.

En 2016, el entonces presidente Barack Obama dictó una orden ejecutiva que declaró a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para su país, con lo que dejó abierta la posibilidad de un ataque armado contra la nación suramericana.

VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

En los últimos 52 días han fallecido unas 70 personas en distintas circunstancias, pues no todas las victimas participaban en movilizaciones de la derecha. Por el contrario, algunos encontraron la muerte al declararse chavista en medio de los opositores o ser confundidos como simpatizantes del chavismo, en accidentes de tránsito o de energía eléctrica. O a manos de uniformados del gobierno que violan las órdenes de no usar armas letales dadas por el presidente Maduro.

En conferencia de prensa conjunta este lunes, la canciller Delcy Rodríguez, y el ministro de Comunicaciones e Información, Enrique Villegas, ofrecieron detalles sobre la creación y funcionamiento de la Comisión de la Verdad y la Justicia bajo el mandato de la presidencia, a la que rendirá cuentas sobre los acontecimientos que dieron lugar a la ola de violencia existente desde 2014, con sus altas y bajas, y las circunstancias de los fallecimientos y heridos. Rodríguez aseguró que las expresiones de odio tienen un sello imperial, en alusión directa a los planes de Estados Unidos para derrocar al gobierno revolucionario.

Es por eso que el presidente Maduro le ha pedido al jefe de gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, que saque sus manos de Venezuela, pues el plan posee marcas de “Made in USA”, refirió la canciller.

Rodríguez explicó que el nuevo organismo está conformado también por la Fiscalía General y otros entes de justicia, y sus conclusiones pueden ser remitidas a organismos internacionales, ya que se trata de irrespeto a los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos por parte de la contrarrevolución opositora.

Durante la cita, el ministro Villegas presentó varios videos en los que se observan escenas crudas, como el incendio de un joven chavista, y las arengas a la violencia, entre otros, de los opositores Henrique Capriles, gobernador del estado de Miranda, y Henri Ramos Allup, expresidente de la Asamblea Nacional, y la diputada María Corina Machado.

Villegas identificó a cada uno de los fallecidos, las circunstancias en que perdieron la vida y acusó a los ideólogos opositores de falsearlas, pues familiares de las victimas aclararon sus posiciones políticas y por qué se encontraban en el lugar de los hechos. “Es una barbaridad que no solo los maten (los grupos violentos) sino que los dirigentes derechistas manchen sus nombres con falsas argumentaciones”, dijo el ministro.

Villegas mostró el video en que, en un acto de absoluto desprecio por la vida, opositores extremistas apuñalearon, rociaron de gasolina e incendiaron al joven de 21 años Orlando Figueroa Zaragoza.

En ese contexto, los delincuentes bajo las órdenes de la oposición no se limitan a matar, ya que también han causado considerables daños materiales y financieros a la infraestructura estatal en distintos territorios.

En la madrugada de este lunes fueron destruidos 51 modernos autobuses Yutong y Marcopolo de la empresa de Transporte Público de Bolívar (Transbolívar), luego de un incendio provocado en el Centro de Operaciones y Mantenimiento de esa entidad en Ciudad Guayana, con pérdidas de 11 millones de dólares.

El gobernador Francisco Rangel Gómez destacó ante la prensa que la pérdida de esos vehículos afecta el movimiento de 25 000 usuarios que utilizan esos medios de tránsito rápido para trasladarse a distintos puntos del territorio.

Rangel precisó que a pesar del atentado, los operadores de las restantes unidades impidieron el colapso del sistema de transporte público de Ciudad Guyana y confirmó que acciones de ese tipo demuestran la carencia de propuestas políticas y sociales para enfrentarse al chavismo en futuros comicios.

El pasado día 14 hubo otro acto terrorista en el estado Bolívar cuando fue quemado totalmente el Almacén General de Medicinas del complejo Hospitalario Universitario “Ruiz y Páez. El incendio intencionado destruyó miles de medicamentos y cuantiosos equipos destinados a ambulatorios, hospitales y centros de diagnóstico de los 11 municipios bolivarenses.