Impunidad, palabra de orden

La vida de los activistas sociales y medioambientales, personas dedicadas a la protección de la naturaleza y luchadores contra los consorcios que quiebran el equilibrio de los pueblos indígenas, nada vale en Centroamérica, donde la impunidad es la palabra de orden para el sistema de justicia. Uno de los países de mayor relevancia es Honduras, mucho más después del golpe de Estado de 2009 contra el presidente Manuel Zelaya.

Las muertes y la impunidad de los asesinos recorre Centroamérica, una región con una población de unos 47 millones de personas —de las cuales una alta cifra emigra por la pobreza y la violencia—, integrada por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Belice, esta última es la única de lengua inglesa y más vinculada al Caribe. Según mapas actuales, también se insertan cinco estados mexicanos: Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, y la parte oeste del golfo de Urabá (región del Darién) departamento de Chocó, en Colombia.

Esta bella región posee el 8 % de las reservas naturales del planeta, entre las que se identifican 22 zonas de vida, 17 regiones ecológicas que albergan 20 000 especies vegetales. Para la conservación de estas riquezas naturales se cuenta con 144 áreas protegidas y 124 parques naturales, pero sus mayores defensores son los pueblos indígenas y sus activistas sociales, que centran la lucha en la salida de las invasoras trasnacionales.

El asesinato de la activista social por la defensa de las tierras del pueblo lenca, Berta Cáceres, el pasado 3 de abril en Honduras, causó una protesta mundial ante la crueldad de sus asesinos, no solo por el crimen cometido mientras ella dormía en su hogar en La Esperanza, en Intibucá, sino porque había ganado por su protagonismo el internacional Premio Goldman por la defensa del medio ambiente, y su batalla contra las empresas foráneas era inspiradora en otros países.

El asesinato político de Cáceres —cuyos presuntos matadores y cómplices fueron capturados dos meses después— es uno más de los muchos que casi a diario se cometen en Centroamérica contra personas que no intentan derrumbar gobiernos, pero sí detener el saqueo de los recursos naturales de sus pueblos, lo cual los convierte en enemigos de las oligarquía locales y foráneas y, por ende, en potenciales víctimas de pandilleros, pistoleros y paramilitares.

Aunque puede ser que se haga justicia en esta muerte, en un principio las autoridades intentaron enmascarar los motivos del homicidio, y recurrieron a argumentos tan absurdos como crimen pasional, cuando en verdad luchaba para evitar la construcción de la represa hidroeléctrica de Agua Zarca, situada en el río Gualcarque, y así impedir el desplazamiento de centenares de indígenas lenca.

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) anunció poco después del infausto suceso el retiro de Honduras del Banco de Holanda para el Desarrollo (FMO) y el Fin Fund de Finlandia, entidades que financiaban las operaciones de represar las aguas del río, que corre en territorios sagrados del martirizado pueblo indígena lenca, para construir hidroeléctricas.

CODAFEH dijo que aplaudían esa tardía decisión y denunciaron que Cáceres sostuvo reuniones pacíficas con los banqueros, quienes “transfirieron inapropiadamente la información de esos diálogos a los inversionistas locales”.

“Esas instituciones, afirmó, confiaron en inversionistas privados avalados por el Estado de Honduras, sin tomar las mínimas previsiones respecto a las subcontrataciones de empresas privadas de sicarios e intermediarios financieros ligados a mafias del crimen organizado, que han criminalizado las resistencias ancestrales de los pueblos originarios, llamándoles enemigos del desarrollo por oponerse a la destrucción capitalista”.

La COFADEH alertó que acciones violentas se reportaron en las localidades de Tocoa, Peña Blanca y Tegucigalpa por bandas de sicarios uniformados de día y camuflados de noche, que usan armas depositadas bajo custodia de la Policía Nacional para cometer delitos atroces en distintas partes del país.

Según esa organización, “los expedientes clasificados de casos emblemáticos de alto impacto en la zona del Bajo Aguán, San Pedro Sula y Tegucigalpa, revelan complicidad absoluta de autoridades policiales, militares y civiles en la comisión de los mismos usando disfraces de asesinos operando oficialmente desde el Estado. Además, los testimonios de integrantes de una Escuela de Formación Delincuencial dirigida por instructores extranjeros —con el conocimiento, respaldo institucional y financiamiento del gobierno de Honduras—, revelan que más de mil jóvenes locales son entrenados para convertirlos en infiltrados, agentes de penetración social y asesinos con habilidades para cometer crímenes políticos disfrazados de hechos comunes”.

Pero esta situación se da también en el resto de América Latina, de acuerdo con una investigación de la organización Global Witness de 2015, titulada ¿Cuántos más?

En 2014 fueron 116 los casos de asesinatos de defensores de la tierra y del medio ambiente en 17 países, un promedio de más de dos víctimas por semana. Brasil fue uno de los países más afectados, con 29 muertes. Hubo un aumento de delitos relacionados con proyectos hidroeléctricos, pero entre las causas principales están la minería y la agroindustria. Los datos de la entidad revelan que grupos indígenas representaron el 40 % de los exterminados ese año.

POBREZA Y ASESINATOS

Analistas identifican la pobreza como el gran flagelo causante de la emigración forzada de los centroamericanos y del crecimiento de personas involucradas con los carteles de la droga. Los países de América Central son considerados “en vías de desarrollo”, pero la realidad indica que salvo Costa Rica y Panamá, en el resto, la cuarta parte de la población está bajo la línea de pobreza, indican cifras del Banco Mundial que asienta el número de emigrantes en siete millones en el 2014.

También conocida como “El camino de la droga” (de un lado la producción en Suramérica, y por otro el consumo, en Norteamérica), la región centroamericana de 522 760 m² de extensión, alberga en sus territorios conocidos grupos de narcotraficantes que ponen sus matones al servicio de los grandes capitales. Además limita con dos de los grandes centros de poder de la droga, Colombia y México.

Lo peor de esta situación es que los gobiernos están conscientes de la situación, y del uso de las empresas de estos bandoleros para deshacerse de los revolucionarios y los activistas sociales.

Aunque el ataque contra Cáceres ganó notoriedad internacional, pocos días antes otros cuatro activistas hondureños —Moisés Durón Sánchez, William Jacobo Rodríguez, Maycol Rodríguez y Tomás García—, también cayeron bajo las balas de personas que siguen en libertad.

Esta anormal situación contra la vida humana tiene connotaciones más profundas. Según publicó la analista internacional Deyarina Martínez en Alainet, “El imperialismo continúa ejerciendo control e inoculando prácticas contrarias a la cultura centroamericana que dieron resultado en Colombia, México, y que están haciendo mella en esta región, para desplegarlas en Suramérica y atacar a Venezuela por sus recursos estratégicos. Ya se percibe el Comando Sur recorriendo a América Central como la policía del mundo”.

Es decir, que hay un plan para aniquilar revolucionarios de manera selectiva, práctica patente en Venezuela, donde grupos de mafiosos y paramilitares actúan en la frontera con Colombia, o la usan para infiltrarse y realizar acciones violentas contra el Estado y sus representantes, como ha denunciado el presidente Nicolás Maduro.

El Observatorio de Derechos Humanos afirmó que hay un documento oficial de 56 páginas el gobierno de Estados Unidos publicado por Paladin Press, que contempla la práctica de asesinatos selectivos como “un instrumento de política exterior” y brinda instrucciones sobre cómo escoger los objetivos, uso de armas, entrenamiento y métodos efectivos para un adecuado encubrimiento. El objetivo del texto es justificar los asesinatos políticos como un medio de avanzar en determinada agenda de sus intereses.

Para el escritor Tim Weiner, autor de Legado de cenizas, una historia de la CIA esa organización con oficinas en las Embajadas de su país “ya no es ni intenta ser una agencia de espionaje, ya es abiertamente una organización paramilitar que se dedica al asesinato selectivo de enemigos”.

Hay reconocidos vínculos entre los grupos de la mafia y las pandillas de bandoleros con la Policía Nacional en Honduras, que, según Weiner, siguen órdenes de la CIA, protectora de los intereses de los grandes consorcios capitalistas, cuyos agentes son profesores en la Escuela de Terrorismo en Honduras.

En ese sentido, la coordinadora general de COFADEH, Bertha Oliva, declaró a la prensa que “nosotros hemos venido hablando que hay escuadrones de la muerte en el país desde hace mucho tiempo”.

Oliva explicó que los “escuadrones de la muerte no son personas que se organizan fuera de la ley, son de la misma Secretaría de Seguridad o Defensa y a pesar que en un momento se frenaron, hoy siguen activados poniendo en peligro la vida de los ciudadanos”.

La dirigente aseguró que “no se está haciendo absolutamente nada con el llanto y el dolor de las familias que resultan víctimas de esa tragedia, donde los responsables son policías y militares que tienen entrenamiento del Estado”.

Oliva destacó que “el problema es que el sistema de justicia de Honduras absuelve al que le conviene y eso es impunidad, cuando las instancias encargadas de impartir justicia al inocente lo vuelven culpable y al culpable inocente”, contrastó.

En las últimas semanas, las acciones contra los activistas sociales y políticos continúan, como, por ejemplo, el allanamiento policial militar sin orden judicial de la casa del presidente del Movimiento Unificado de Campesinos del Aguan (MUCA), José Ángel Flores, y el ataque con pistolas contra el contador de Vía Campesina, Cristian Alegría, quien resistió una aparente acción de robo. Sin embargo, Alegría denunció que ese acto se corresponde con la lógica de la Escuela de Terroristas denunciada por la COFAEH.

Policías y civiles enmascarados desalojaron el pasado 16 de marzo una comunidad campesina de origen indígena lenca en Río Chiquito, Peña Blanca, Cortés, en cuyas inmediaciones resultó asesinado el líder local del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Nelson García, mientras el pueblo exigía el esclarecimiento del crimen de Cáceres.

La periodista de Adital, Cristina Fontenele, advirtió que en el 2014 ocurrieron más de dos asesinatos por semana de activistas medioambientales y de la tierra; y en Honduras, en específico de 2002 a 2014 hubo 111 muertes reconocidas de personas dedicadas a esas acciones, lo cual aumenta de manera progresiva.

Global Witnnes, organización no gubernamental, sitúa a Honduras como el país más peligroso para los que defienden la naturaleza, y a Brasil como el que más activistas asesinados registra, a pesar de que muchos casos no se denuncian por temor a represalias.

Según Global Witnnes, en 2014 un “alarmante” porcentaje de un 40 % de los activistas asesinados eran indígenas y las principales causas de su muerte fueron “la industria hidroeléctrica, la minería y la agroindustria”.

El informe de esta ONG analiza los “intentos de criminalizar las protestas, limitar las libertades y debilitar las leyes en materia de protección ambiental”.

Billy Kyte, encargado de campañas de Global Witness, precisó que tanto en Honduras como en el resto del mundo, hay defensores del medio ambiente que son asesinados a tiros a plena luz del día, secuestrados, amenazados o juzgados por terrorismo por su oposición a lo que se conoce como “desarrollo”.

Refirió que “los verdaderos autores de estos crímenes, una poderosa trama de intereses empresariales y gubernamentales, disfrutan de total impunidad”, ha asegurado, antes de hacer hincapié en que “se requiere acción inmediata para proteger a los ciudadanos y llevar a los responsables ante la justicia”.

Impunidad parece ser la palabra de orden en Centroamérica.