En el cementerio de La Esperanza, sencillo como su gente, ramos de flores indican la tumba de la activista política y social hondureña Berta Cáceres, asesinada a mansalva hace más de 20 días, sin que el gobierno de Juan Orlando Hernández haga justicia en la extensa lista de ultimados por pistoleros pagados por la oligarquía local.
Mientras la familia y los ambientalistas de Honduras exigen a Hernández que el crimen no quede impune, hasta ahora los investigadores locales, apoyados por dos miembros del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos dan varias probables causas para que Cáceres fuera tiroteada mientras dormía en su casa de La Esperanza sin la protección policial que había solicitado.
Coordinadora Nacional del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), esta mujer de la etnia Lenca tenía 43 años y recibió el premio ecologista Goldman en 2015 de Estados Unidos, llamado el Nobel Verde, por su lucha para detener la construcción de una presa que amenazaba con desplazar cientos de indígenas de sus comunidades, a unos 300 kilómetros de Tegucigalpa, la capital.
"No confiamos en las investigaciones que realice el Gobierno y sus cuerpos de seguridad. Son los funcionarios que otorgaron las concesiones para la construcción de la represa contra la que luchaba mi mamá", dijo Olivia Zúñiga, hija de Cáceres, quien alertó que en la franja occidental de Honduras hay más de 43 concesiones para proyectos hidroeléctricos y mineros, en zonas que los indígenas consideran sagradas o imprescindibles para garantizar la subsistencia.
“Mi tía fue asesinada porque "se había convertido en intocable" en Honduras gracias a su reconocimiento a nivel internacional, dijo su sobrino Silvio Carrillo, que pide una investigación similar a la realizada por la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas en México, hace más de un año”.
Carrillo, quien reside en Estados Unidos, advirtió que "Por fin teníamos a alguien en Honduras al que podías admirar, que era una líder, de quien no te avergonzabas. Estaba en un lugar al que nadie en Honduras había llegado y creo que por eso sintieron que tenían que acabar con ella, porque no podían pararla. Se había convertido en intocable, a no ser que la mataran".
Mientras, Asunción Martínez, del Consejo de Copinh destacó que "Sabemos que la justicia de este país está cobijada por la corrupción y está vendida al sistema".
Honduras es el país con el mayor número de asesinatos per cápita de defensores del medio ambiente, con 111 entre 2002 y 2014, según informó en 2015 la organización no gubernamental "Global Witness".
Para esta institución, la nación centroamericana “es la más mortal del mundo" para los protectores de la naturaleza si se consideran las cifras de muertos sobre el total de la población, de unos nueve millones de personas. Para "Global Witness", esa es una estimación conservadora, pues muchos casos no son denunciados por temor a más represalia.
Juan Almendarez, del Movimiento Madre Tierra-Amigos de la Tierra Honduras, informó a Radio Mundo Real, que hay gran unidad nacional y lo más importante, es que existe coordinación con las organizaciones de Derechos Humanos, de los pueblos indígenas, negros, y también de los sectores campesinos e intelectuales organizados en la Coalición Nacional de Redes Ambientales (CONROA), que reúne a más de 30 movimientos.
Expertos consideran que, de acuerdo con experiencias de situaciones similares, lo más probable es que Cáceres haya sido ultimada por Escuadrones de la Muerte, integrados en Honduras por militares en activo o retirados, o pistoleros a sueldo.
Esas fuentes también denunciaron que la supuesta investigación sobre el asesinato carece de fundamento, pues la policía no se preocupó por preservar la escena del crimen, ni concedieron la petición familiar de que la autopsia de la víctima fuera realizada por un especialista.
La muerte sin justicia de Berta Cáceres constituye una acusación de impunidad para el gobierno de Hernández, puesto que ella había solicitado protección militar debido al alto número de amenazas de muerte recibidas en los últimos tiempos.
Sin embargo, la noche en que fue ultimada la guardia que supuestamente debía cuidar su vida no estaba en su puesto, en una evidente confabulación de los policías con los asesinos.
Para muchos dirigentes populares, como Carlos Reyes, el gobierno trata de ocultar que la muerte de Cáceres es un “crimen político”, ordenado incluso, dijo, por autoridades gubernamentales, para quienes “ella constituía un dolor de cabeza”.
Reyes recordó que la valiente mujer fue criminalizada por el gobierno de Tegucigalpa, el que debió protegerla. Ella, precisó, luchó toda su vida contra el capitalismo y el patriarcado”, y eso era demasiado para el régimen que beneficia a los capitales extranjeros.
Algunos dirigentes del Copinh estiman que la muerte de la luchadora está relacionada con su vida de lucha y resistencia para evitar la privatización de los ríos, que son las intenciones de la empresa Desarrollo Energéticos S.A. para instalar una represa en el río Gualcarque.
Familiares de Berta Cáceres han viajado a Washington en dos oportunidades para denunciar ante el Congreso norteamericano el cerco que les ha hecho el gobierno de Honduras, el que los amenaza con aprehenderlos sin una causa probable.
Los parientes solicitaron a los congresistas que no financien más al gobierno de Tegucigalpa, que “es corrupto y protege al crimen organizado”.
Como si no bastara tamaña felonía, pocos días después de que el pueblo despidiera a su líder, el Coniph, denunció el asesinato a tiros de Nelson Noé García, uno de sus dirigentes en Intibucá, a manos de dos desconocidos.
“El compañero Nelson García fue tiroteado cuando llegaba a la casa de su suegra a almorzar, luego de haber estado toda la mañana ayudando a mover los enseres de las familias desalojadas de la comunidad de Río Chiquito", aseguró la organización a través de un comunicado.
Mientras, continúan los asesinatos y el tiempo corre. El cementerio de La Esperanza acoge las flores que amigos y compañeros depositan en la losa de Berta, como si con ese gesto evitaran el olvido con que piensan sepultarla para siempre las autoridades y los cuerpos de exterminio.
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