Genocidio en Colombia

La muerte es invitada de honor en Colombia. Aunque se pasea libremente hay un orden: sus víctimas son los activistas políticos y sociales escogidos por el sistema político que niega el genocidio contra quienes continúan en pie de lucha frente a los regímenes neoliberales.

Para muchos colombianos es una burla la firma del Acuerdo de Paz suscrita en 2016 en La Habana por el derechista expresidente Juan Manuel Santos y las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).

En su mayoría, la población colombiana pensaba que una vez desarmadas las fuerzas subversivas, la tranquilidad retornaría al país luego de más de medio siglo de guerra civil, con saldo de más de seis millones de víctimas entre asesinados, desaparecidos y desplazados.

La realidad es otra. Luego de la firma en La Habana del documento pacificador, las únicas que a juicio de analistas —como el brasileño Emir Sader— perdieron espacio fueron las FARC-EP, convertidas en un partido político sin representatividad, y cuyos líderes sufren ahora acusaciones, vejámenes y carecen de poder en los organismos gubernamentales.

Desde que se adoptó el Acuerdo, 364 activistas sociales fueron asesinados, mujeres incluidas, por grupos paramilitares que reverdecen luego de la desaparición de las guerrillas, sus protectores en áreas rurales.

Es tanta la desidia imperante en Colombia que esos grupos —integrados en su mayoría por militares activos o retirados— ocuparon los campamentos abandonados por los subversivos, y desde allí operan contra los opositores a los gobiernos militaristas y neoliberales que ocupan la Casa de Nariño.

Aunque esos grupos están identificados, la autoría intelectual de las muertes violentas es ignorada, aunque la sabiduría popular reconoce a figuras de la oligarquía local.

Hay poca diferencia entre el régimen del saliente Santos, un Nobel de la Paz que propaga la guerra contra Venezuela, y su sucesor Iván Duque, del partido Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe, fundador de los grupos paramilitares en Antioquia, y verdadero timonel en Nariño. El nuevo mandatario es su ahijado político y declarado admirador de su política ultraderechista contra el Acuerdo de Paz.
A pesar de las críticas de los partidos opositores y de organismos colombianos de derechos humanos, el presidente ignora la matanza porque es precisamente el sistema político que dirige el organizador, financiador de los homicidios de quienes considera sus enemigos.

En opinión de analistas como Alberto Pinzón Sánchez, la continuidad del llamado “genocidio preventivo y de disciplina social puesto en marcha por el núcleo duro de la contrainsurgencia durante el régimen de Santos, contra líderes sociales y populares, defensores de derechos humanos y ex guerrilleros continuará en total impunidad en la actual administración”.

Según indicó en un artículo publicado en Rebelión, este politólogo precisó que “con Duque fue reforzada la actual Fiscalía para oponerse a la Justicia Especial para la Paz (JEP), considerada un sistema ‘alternativo e inconstitucional’ incompatible con la actual Magistratura en manos de Néstor Humberto Martínez Neira”.

Uribe, quien dijo haría trizas “ese maldito acuerdo de La Habana” considera ahora que es mejor concentrarse en tratar de desintegrar el nuevo partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) fundado en 2017, mediante la división interna para desaparecerlo.

Para la sociedad colombiana y sus distintos actores son reconocidas tres formas de violencia: la delincuencia común, mayoritaria, causada por el capitalismo neoliberal y la crisis humanitaria; la que se ensaña contra la protesta social y los opositores políticos; y la originada por la confrontación entre los agentes estatales y paraestatales contra los exguerrilleros que dejaron atrás sus campamentos y armas.

Para la periodista Himelda Ascanio, de Prensa Rural, los principales afectados son líderes campesinos, negros, indígenas, defensores de víctimas de la guerra, miembros de juntas de acción comunal, líderes de organizaciones ambientalistas, reporteros, sindicalistas, y representantes de la población LGBTI.

Ascanio aseguró que este año hay 160 líderes asesinados, 30 de ellos en agosto pasado. A ello se suman las continuas agresiones de que son víctimas, como seguimientos por entidades de Inteligencia del Estado, criminalización infundada por el sistema de justicia criminal y ejecuciones extrajudiciales por las Fuerzas Militares, paramilitares con tolerancia oficial y uso excesivo de la fuerza en protestas pacíficas, que dejan centenares de heridos y detenidos.

Un informe reciente de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) precisó que al menos 50 profesores son ultimados cada año en el país, luego de participar en movilizaciones por el acceso a mejoras salariales y condiciones para las escuelas, entre otras demandas. También señaló que los Departamentos donde ocurrieron más muertes son Antioquia, con 350 docentes; Caquetá más de 200, Córdoba con 110, y Caldas con 70. Esta cifra, sin embargo, podría ser mayor, ya que la base de datos de Fecode solamente registra delitos contra profesores sindicalizados.

Solo si se solucionaran —lo que no se vislumbra por ahora— las causas de la violencia sociopolítica, sería que Colombia podría hablar de paz, pues las élites no permitirán la dinámica política de los abanderados de procesos sociales, gremiales, y opositores que luchan, por ejemplo, por el acceso a la tierra de manera integral, sustitución de cultivos de uso ilícito, defensa del territorio y recursos naturales, y garantes internos del cumplimiento de los acuerdos con las FARC.

Tanto Santos como Duque niegan el genocidio, ya que consideran a las comunidades organizadas y sus líderes como enemigos internos. Los llaman “redes de apoyo” de las guerrillas, cuando se trata en realidad de defensores de los recursos naturales negados a los planes de desarrollo de las trasnacionales, la extracción depredadora y sus agronegocios.

La situación interna de Colombia y de otras naciones latinoamericanas tiende a agravarse, denunció la alta comisionada de Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos, Michelle Bachelet, ex presidenta de Chile.

En su primer discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de la organización internacional, Bachelet enfatizó en las condiciones de los defensores sociales en América Latina, donde son víctimas, dijo, de inusitada violencia.

Bachelet indicó que pese al cese del conflicto y la firma del Acuerdo de Paz, Colombia fue el país donde se reportó el número más elevado de crímenes contra líderes sociales.

El pasado lunes, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) denunció el asesinato de la líder social Marta Carolina Cañas Yagarí, en la reserva de Karmata Rúa (Cristianía) en el Estado de Antioquia. 

Los atentados continuarán aumentando ya que no existe la voluntad política de Duque de detener el genocidio en su país, donde el presupuesto nacional para 2019 prevé recortes a sectores destinados a garantizar derechos fundamentales de la población.