FARC-EP inconforme con actitud del gobierno

Aunque el presidente Juan Manuel Santos insiste en darle un nuevo aire al proceso de paz en curso, su contraparte, las fuerzas guerrilleras más antiguas de América Latina, expresaron su malestar este fin de semana por la actuación de quienes en el gobierno entorpecen sus buenos oficios, aun en condiciones riesgosas para la vida de sus miembros.

El disgusto de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) se hizo público por mediación de su comandante Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, quien denunció el pasado domingo lo que consideró “reiterado incumplimiento” del acuerdo firmado por esa organización con Santos el pasado año y en plena implementación.

Londoño colocó un tuit después de que en varios confusos episodios dos importantes miembros de las FARC-EP fueron detenidos por las fuerzas del orden, lo cual es una violación, dijo, por las autoridades en la actual fase del proceso pacificador. Se trata del médico guerrillero José Vázquez, apresado en retén en San José del Guaviare (centro del país) y del Comandante Yimmi Ríos —por orden de captura— quien trabaja en Bogotá, la capital, en la ejecución del Acuerdo de Paz firmado en Cartagena de Indias en 2016, luego de un proceso negociador de casi seis años.

El líder máximo de los grupos insurgentes, con más de 50 años enfrentados a la oligarquía nacional, sus terratenientes y quienes los apoyan, advirtió que estaba “considerando” —según la terminología usada— aplazar la dejación de armas que ahora ejecutan los guerrilleros en las llamadas zonas veredales, adonde fueron trasladados luego de cerrar sus campamentos, de inmediato ocupados por grupos paramilitares clandestinos.

Aunque se estima que Santos haga lo imposible por nivelar la discrepancia del fin de semana, analistas estiman que el proceso pacificador atraviesa momentos difíciles debido a la postura del ejecutivo, que infringe sus deberes y permite la continuidad de ataques de tipo diverso a quienes están dispuestos a una digna defensa de la paz.

Para el presidente, que el próximo año terminará su segundo mandato consecutivo, es prioridad que, como mínimo, en lo que le queda de tiempo, con altas y bajas, al menos de manera formal siente las bases para poner punto final a una desgastante contienda bélica con saldo de millones de víctimas.

El Premio Nobel de la Paz 2016 —criticado pues debió ser compartido con las FARC-EP— está consciente de que la paz en Colombia pende de un hilo, pues elementos conservadores muy poderosos conspiran en su contra y, si ganan las presidenciales, posiblemente echen los acuerdos por la borda.

De ahí que ante la firme postura de Timochenko, el mandatario se apresuró a esclarecer en una nota informativa desde Cartagena de Indias que “…el gobierno continúa con su calendario (para el proceso de paz). Ese es el compromiso y se va a cumplir”, a pesar de las continuas denuncias de organizaciones no gubernamentales sobre los peligros de un estancamiento y retroceso en la carrera por acallar las armas guerrilleras de manera definitiva, y viabilizar otros puntos importantes de la agenda acordada en La Habana y ratificada en Colombia.

Hace pocos días, el presidente firmó cerca de 20 decretos que forman parte de la agenda pacificadora, ya que la entrega de las armas y el pase a la vida social de más de siete mil guerrilleros es solo una parte del complejo cambio de una sociedad desigual a otra que impida el retorno a las armas, como hace 50 años por el tema agrario, entre otros de carácter económico y social.

De un plumazo, Santos dio curso legal, sin pasar por el Congreso Nacional, a la Reforma Rural Integral, un añejo anhelo del campesinado colombiano, el programa de Reincorporación Económica y Social que permitirá a los exguerrilleros —cuando así se les considere— integrarse a la vida social con supuestas plenas garantías.

Además de otras regulaciones también importantes, el mandatario decidió alargar hasta el próximo día 20 la entrega de armas, atrasada porque el gobierno no tuvo listo a tiempo las zonas veredales donde vive actualmente la guerrilla.

Santos sabe, y las FARC-EP también, que muchos de los reclamos de las poblaciones pobres de Colombia están por resolverse, y que fue una movida de la derecha la decisión de la Corte Suprema de limitar por seis meses el procedimiento fast-track, una vía rápida (que esa misma instancia aprobó antes) que permitía la aprobación de leyes sin paso por el Congreso Nacional.

Para tratar de apaciguar el duro golpe dado por el judiciario a la paz, y en aras de ir limando los problemas, las FARC-EP anunciaron la pasada semana que “todas las zonas y puntos de transición y normalización entran en Asamblea Permanente para tomar las decisiones más inteligentes” ante la decisión de la justicia.

Otro de los grandes retos para las fuerzas insurgentes es la presencia de los grupos paramilitares existentes en Colombia que responden a políticos y oligarcas, enfrascados ahora en la eliminación paulatina y selectiva de líderes comunales y activistas sociales, más de 70 de ellos asesinados luego de la suscripción del documento rector de la paz.

Santos no mueve un dedo para tratar de aniquilar esas mafias, organizadas en primera instancia por su amigo y aliado ideológico el expresidente Álvaro Uribe, uno de los políticos que desde su partido Centro Democrático ha jurado que, de ganar las presidenciales, acabará con la endeble paz lograda por el Nobel y las guerrillas.