Estados Unidos ante la eventual reelección de Evo Morales

Un grupo de legisladores bolivianos de oposición escribieron una carta dirigida al presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, reconocido por su política de odio hacia los gobiernos progresistas, que “interceda” en América Latina y evite que Evo Morales vuelva a presentarse a la presidencia el próximo 20 de octubre.

La reciente misiva, repudiada por la población y miembros de la Asamblea Nacional Plurinacional (ANP) —tanto oficialistas como opositores—, lleva la rúbrica de doce parlamentarios, entre ellos, Amílcar Barral, Carmen Eva Gonzáles, Norma Piérola —quien después se desmarcó—, y Susana Campos.

En sus líneas, el grupo solicitó a Trump que “interceda como una persona que tiene autoridad (...) que ayude a generar opinión internacional respecto a Bolivia”.
Actores políticos locales protestaron de inmediato, en un intento de evitar una nueva intromisión estadounidense en el próspero país andino, ante la peligrosidad de la petición y la actual arremetida de Trump hacia Venezuela, Cuba y Nicaragua, que defienden sus proyectos socialistas y democráticos.

“Hay una petición, hay una acción y va a haber un resultado. Lo que desean los suscriptores de esa misiva es que Evo Morales no participe en las elecciones. Eso significa violar el artículo 203 de la Constitución, llevar al país a una situación de incertidumbre y de caos social (...) y generar una situación de convulsión que pueda habilitar la intervención del Gobierno norteamericano”, alertó este sábado último el abogado constitucionalista Iván Lima.

También el vicepresidente Álvaro García Linera advirtió en un mensaje en su cuenta en Twitter, dirigido a sus coterráneos el pasado día 16: “Nunca permitan que un poder extranjero venga a pisotear o venga a maltratar” a Bolivia.

Aunque tal actitud de los asambleístas es considerada un delito, el ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, descartó en primera instancia que el ejecutivo impulse un proceso judicial en ese sentido, pues “luego terminan politizándose y la derecha tiene la tremenda habilidad para torcerle el cuello a la verdad”, y especificó que “la sanción más efectiva para quienes atentan contra la soberanía del país es el rechazo de la población”.

Ellos desean, precisó, que EE. UU. se escude en el referendo efectuado en 2016 en que fue rechazada una nueva postulación de Morales, luego de una campaña de mentiras mediáticas para desacreditarlo.

Más tarde el partido oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) presentó una moción ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TSP) en respuesta a millones de solicitudes para que derogara los resultados —y así lo decidió— e hiciera posible la postulación del primer presidente indígena de esa nación, la segunda más pobre de América Latina antes de su asunción, ahora convertida en la joya de la economía regional.

En los comicios fijados para octubre se elegirá al presidente y su vice, 130 diputados y 36 senadores para el período 2020-2015. Si fuera necesario, un eventual balotaje en la presidencial sería el 15 de diciembre de 2019. El pasado 27 de enero, los militantes de los distintos partidos políticos eligieron en primarias los nueve binomios que competirán para ocupar el Palacio Quemado.

Hasta ahora, el mandatario indígena acumula los máximos parámetros en intenciones de voto, seguido por los dúos del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) Carlos Mesa-Gustavo Pedraza; del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Jaime Paz Zamora-Paola Barriga; y del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Virginio Lema-Fernando Untoja.

INTROMISIONES DE EE. UU. EN BOLIVIA

Solo los cándidos en política podrían suponer que Bolivia está fuera del alcance imperialista. El gobierno de Morales forma parte del movimiento progresista que recorrió América Latina en los últimos veinte años, y que fue revertido por la derecha gracias a una estrategia de EE. UU. de continuo acoso a las naciones progresistas, en especial contra Venezuela, para desestabilizar la región.

Las acciones desplegadas contra las revoluciones de Nicaragua, Venezuela y Cuba, para desterrar el sistema socialista, no pueden dejar fuera a Bolivia y su política del buen vivir bajo la dirección del MAS, liderado por Morales.

Las mayores sanciones económicas e intrigas mediáticas atacan sin cuartel a Venezuela, al que le inventaron el autoproclamado presidente interino Juan Guaidó, nación a la que el gobierno boliviano mantiene su apoyo y solidaridad.

Sin embargo, el arrogante EE. UU. envía desde hace meses señales claras a Morales para que desista de presentarse en los próximos comicios, una fracasada práctica de otras administraciones. La presunción de reaplicar la vieja Doctrina Monroe para apoderarse de los recursos naturales de América Latina y suprimir el desarrollo de las relaciones de Rusia y China en la zona es prioridad para la geopolítica imperial.

Morales, un seguidor de las ideas de Fidel Castro y Hugo Chávez, alineado a la izquierda más revolucionaria, mantiene una permanente posición de condena a las acciones de la Casa Blanca en Suramérica y en otros países del planeta. Es, por tanto, un mal ejemplo.

En 2002, el embajador norteamericano ante La Paz, Manuel Rocha, llamó a no votar por Evo —un dirigente sindical cocalero de ideas renovadoras— o de lo contrario se pondría en riesgo la asistencia de su país en temas de desarrollo a través de la Agencia de los EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID) o las remesas procedentes de la comunidad boliviana en el exterior.

A solo tres meses de su llegada a La Paz, Philip Goldberg, con igual cargo, intentó repetir sus experiencias en Kosovo para balcanizar a Bolivia, y para ello organizó grupos separatistas que realizaban acciones violentas, en especial en los ricos departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, donde existen los mayores reservorios de gas natural del país.

El diplomático organizó en 2008 un golpe que implicaba a los Estados separatistas, que fracasó gracias a la rápida movilización de los partidos progresistas del continente y el pueblo humilde de Bolivia.

Goldberg, catalogado como espía de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), fue expulsado de Bolivia por decisión del presidente, al igual que la Usaid y la DEA. Al anunciar la salida de los representantes norteamericanos, Morales afianzó su poderío político. “Así estamos mejor”, puntualizó en una gran concentración popular.

Morales sabe que no puede confiar en los dirigentes estadounidenses, mucho más cuando Trump es un reconocido racista, que catalogó de “animales” a los mexicanos.

El líder indígena remarcó su posición antiimperialista una vez más en enero pasado, cuando advirtió públicamente: “Estados Unidos no engaña a nadie. No le preocupa defender la democracia de Venezuela, solo le interesa saquear su petróleo”, dijo en su cuenta en Twitter, en la que añadió: “Para lograrlo, provoca conflicto, desestabiliza e interviene militarmente”.

Es significativo que la exhortación de los legisladores al jefe de la Casa Blanca para que “interceda” en las próximas elecciones ocurre cuando el candidato-presidente podría en octubre rebasar el 51 % de los votos o alcanzaría una diferencia del 10 % frente al segundo, con lo que sería válida su reelección, según un estudio cuantitativo de opinión realizado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).

Dirigido por el coordinador del Área de Opinión Pública de CELAG, Leandro Caruso, entrevistaron a 2000 personas en todo el territorio nacional y confirmó que un 45 % de los encuestados votaría de nuevo por Morales para presidente, mientras que un 35 % lo haría por Carlos Mesa y un 9 % por Óscar Ortiz. El resto no clasifica.

MOVIMIENTOS CONTRA PROCESO POLÍTICO BOLIVIANO

Los movimientos contra la estabilidad de Bolivia son claros. Un comunicado del Departamento de Estado estadounidense, dirigido por el exjefe de la CIA, Michael Pompeo, instaba el 30 de noviembre de 2017 a respetar el referendo de 2016, según recordaba el analista boliviano Hugo Moldiz en Rebelión.

El texto estableció que: “El pueblo de Bolivia ha hablado claro. Estados Unidos les apoya e insta al actual Gobierno de Bolivia a que respete el resultado de esos referendos”, rechazando la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

El Departamento de Estado emitió otra nota el 17 de diciembre de 2018, en que amenazaba poco antes de las primarias con “crear condiciones necesarias para celebrar elecciones libres y justas en 2019”.

La mafia anticubana también se proyectó contra Bolivia en el Congreso estadounidense cuando la congresista derechista de origen cubano Ileana Ros-Lehtinen informó a Trump que “el pueblo boliviano necesita nuestra ayuda, señor presidente y debemos comenzar a prestar atención a lo que está sucediendo aquí en nuestro hemisferio”.

Tres congresistas de una comisión bipartidista dictaron una resolución, luego enviada al Comité de Asuntos Exteriores, en la que aseguran que “Bolivia se encamina a una dirección muy peligrosa, alineándose con regímenes ilegítimos e ilegales, incluido el de (Nicolás) Maduro en Venezuela. Es importante que todas las partes respeten la Constitución de Bolivia, que incluye límites de mandatos”.

Para Moldiz, “EEUU y la oposición no se detendrán en su estrategia de inmiscuirse en los asuntos internos de Bolivia. El grado y la profundidad en que lo hagan —precisó— depende de varios factores internos y externos, entre ellos de cómo evolucione la situación venezolana”.