El aeropuerto mexicano que no despegó

A un mes de asumir el gobierno de México, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acaba de ganar, sin un tiro, el primer encontronazo con la derecha empresarial y, a su manera, con una consulta popular que determinó la suspensión del futuro aeropuerto estrella de Texcoco.

Desde que andaba en campaña electoral, AMLO se había pronunciado por evitar el derroche de dinero con la construcción de otra terminal aérea para la capital mexicana, en extremo costosa y, en cambio, ampliar otras capacidades ya instaladas, sin perjudicar poblaciones y el medio ambiente en el valle donde está asentada la capital del antiguo país de los aztecas.

La obra, descartada por el pueblo en consulta popular el pasado mes, era considerada la niña linda del saliente mandatario Enrique Peña Nieto, pero, en opinión de López Obrador, ponía en peligro la vida de los residentes en los terrenos donde se levantaría el nuevo aeropuerto internacional, destinado a satisfacer, argumentó, a la burguesía mexicana mientras enriquecía a las constructoras contratadas.

Con una nueva manera de hacer gobierno que viene implantando aun sin instalarse en Los Pinos, el exgobernador de Ciudad de México planteó que las discusiones sobre si era mejor o no seguir adelante con el nuevo mega aeropuerto nunca terminarían, pues había demasiados intereses económicos en juego.

Tal como anunció en su democrático programa de gobierno, a quien le tocaba decidir era al pueblo, pues sería este quien pagaría la obra. Decidió entonces que una consulta popular, efectuada el pasado mes, zanjaría las diferencias a favor y en contra.

Tampoco quiso asumir el líder del partido Morena el compromiso de un gobierno cuyo presidente se despide con una baja aceptación popular. La resonancia social del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) recaería en su administración, que siempre rechazó ese gasto.

Sobre AMLO cayeron las críticas de las grandes firmas constructoras y grandes empresarios, portadores de catástrofes económicas como inflación desbordada, devaluación monetaria, éxodo de capitales, retraimiento o suspensión de inversiones extranjeras.

Esta consulta popular fue la primera prueba de fuerzas entre la oligarquía y el nuevo gobierno que se instala el próximo día 1.

Como ocurre en otras naciones latinoamericanas, las redes sociales se alinearon al servicio de las fuerzas reaccionarias, además de la mayor parte de la radio, la televisión y la prensa escrita.

Mientras, los defensores de los derechos humanos denunciaban el desastre que causaría en Texcoco el mega aeropuerto. Académicos, campesinos, ecologistas, científicos y luchadores sociales acusaron a Peña Nieto de destruir las vidas de los mexicanos.

UNA TORMENTA PASAJERA

Sin embargo, el vendaval pasó en la medida en que el pueblo se pronunció otra vez en apoyo a su futuro presidente.

El escrutinio arrojó que más de un millón de ciudadanos participó en la consulta popular y de ellos 748 335 (69,95 % de los votantes) apoyó el plan de AMLO de mantener el actual aeropuerto internacional Benito Juárez y ampliarlo con dos pistas de la base militar de Santa Lucía. Mientras, 311 132 se pronunciaron por continuar el NAIM.

Electo el pasado 1 de julio con más del 60 % de los votos válidos, algo inusual en México, el próximo mandatario destacó ante la prensa que “no permitiré que intereses personales o de grupo hagan negocios con recursos públicos, sin importar lo poderosos que sean”.
A los empresarios, precisó, les pidió que se serenaran y tranquilizaran. “Hay que notificarles a algunos, hay que informarles que ya es otro México y que yo no voy a ser florero, no estoy de adorno”.

Una vez más argumentó que “el próximo gobierno no estará al servicio de una minoría. Es el gobierno del pueblo y siempre va a prevalecer el interés general, lo que convenga a la nación. Les guste o no les guste”, dijo.

Aseguró que el anuncio de la cancelación del proyecto de Texcoco causó ataques, pero “no pudieron generar inestabilidad”.

Poco después de conocerse los resultados, el nuevo mandatario afirmó que “se respetará la decisión de los mexicanos, por lo que en tres años operarán tres aeropuertos: el de la Ciudad de México, el de Toluca y el que se ampliará en la actual base aérea de Santa Lucía, lo que resolverá la actual saturación del Benito Juárez”.

En conferencia de prensa afirmó que en su gobierno se levantarán dos pistas en la base militar de Santa Lucía, con conexión al Benito Juárez, y entrará en operaciones el tren México-Toluca para trasladar a los pasajeros al aeropuerto de esa ultima localidad.

La anunciada tormenta económica prevista por la oligarquía se disolvió en la medida que López Obrador aclaró que “los intereses de las empresas y los inversionistas estarán a salvo, ya que hay fondos en el fideicomiso actual que respaldan los compromisos en contratos y en inversiones” y precisó que hablará con empresarios y contratistas para llegar a acuerdos, incluida la posibilidad de que trabajen en las nuevas obras.

Durante años, las fuerzas opuestas al NAIM alertaron que su construcción causaría un ecocidio en la región del valle de México, en tanto vulneraría los derechos de miles de residentes para apoderarse de sus tierras, su agua y su medio ambiente.

Esta disputa por los terrenos para desarrollar una estación aérea ya costó la vida de un puñado de ciudadanos, la prisión a otros más, el acoso a miles de pobladores. “El agua, la tierra y el medio ambiente se conservarán; y los pobladores del valle no temerán por su vida ni por la prepotencia de la fuerza para que vendieran sus tierras”, según un editorial del periódico La Jornada.

Con la aprobación de la propuesta del nuevo gobierno se ahorrarán alrededor de 5 000 millones de dólares.

La derecha mexicana, que no pudo impedir la última victoria de AMLO, a pesar de sus presiones y chantajes, mantiene una estrategia destinada a descalificar y desprestigiar las consultas al pueblo, que constituyen el mejor antídoto para las mentiras en que vivieron sumidos durante décadas los mexicanos.

Sin embargo, las interrogantes sobre los derroteros gubernamentales son herramientas permanentes del nuevo dignatario, quien más de una vez ha asegurado: “gobernaré en democracia”.