Élite militar de Estados Unidos llega a Colombia

La llegada a Colombia de 800 militares de Estados Unidos (EE. UU.) para supuestamente ayudar a la nación suramericana a combatir el narcotráfico encendió las alarmas en medios políticos que alertan sobre esa presencia como una amenaza a la soberanía de Venezuela y una injerencia en las relaciones entre los dos países suramericanos.

Medios colombianos señalan que ya está en el país un primer grupo de marines de la Brigada de Asistencia de la Fuerza de Seguridad (SFAB, por sus siglas en inglés), creada en 2018 “para entrenar y asistir a naciones aliadas a EE. UU. con situaciones especiales en sus territorios”. Esta es la primera vez que la brigada trabaja en un país latinoamericano, hecho que reafirma una vez más la complicidad de la Casa Blanca con Colombia, su mejor aliado y amigo en la región suramericana.

El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, Luis Fernando Navarro, informó que los visitantes serán ubicados en las siete bases de EE. UU. radicadas en el país. Las tropas responderán a las órdenes del denominado Comando Sur, que desde hace meses patrulla las aguas del mar Caribe, cerca de Venezuela, en una supuesta misión para impedir el cruce de embarcaciones con drogas hacia el Norte.

El gobierno ultraderechista de Iván Duque permite complacido que su país sea ocupado y utilizado por fuerzas extranjeras. Para tratar de minimizar los hechos, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, explicó: “…en ningún momento habrá tránsito de tropas extranjeras ni participarán en operaciones militares”. Más en detalle, aclaró: “Se trata de un grupo de élite, netamente de carácter consultivo y técnico”, lo cual pocos creen en América Latina.

Holmes Trujillo, en una actitud justificativa, indicó en un video que “las alianzas construidas a lo largo de décadas con EE. UU., con quienes compartimos valores democráticos, ayudan a potenciar nuestras capacidades”, en tanto aclaró que los ingresantes deberán cumplir con los protocolos de aislamiento preventivo debido a la pandemia del coronavirus que causa estragos en el país.

Aunque en apariencia se trata de dos países amigos que tratan de resolver un problema común, no es así. Hay un plan maquiavélico en juego. Es sabido que Colombia es un narco-estado burgués que vive del tráfico de drogas, de lo cual se benefician los negociantes internos y los de EE. UU., el mayor consumidor a nivel global. Asimismo, el presidente Duque es uno de los promotores de la guerra contra la Revolución Bolivariana y la caída del presidente Nicolás Maduro y reconoce la oportunidad de contar, para ese empeño, con una tropa extranjera entrenada para matar y dispuesta a la engañosa misión de derrocar un gobierno que él y sus compinches califican de dictadura.

EE.UU. acusó al presidente venezolano y parte de su equipo de narcotraficantes y prometió encarcelarlos para juzgarlos en su país, otra modalidad de guerra para derrumbar el proceso revolucionario.

Durante su mandato, el Duquesito, como le nombran en su país, ha lanzado una feroz campaña contra la Revolución Bolivariana y sus dirigentes, y presta apoyo incondicional a la oposición contrarrevolucionaria de ese país, que ha tomado a Colombia como plataforma de lanzamiento de acciones violentas contra su vecino.

Hace apenas un mes, desde suelo colombiano salieron unos 300 mercenarios entrenados por ex militares estadounidense para penetrar en las costas venezolanas, formar un gobierno en una cabeza de playa, cercana al aeropuerto, y trasladarse a Caracas con el propósito de capturar o asesinar a Maduro para cobrar los 15 000 000 de dólares que EE. UU. ofrece como recompensa por su cabeza.

Por tanto, es real la posibilidad de que en el plan estratégico de Washington contra Caracas aparezca la intromisión de esta fuerza militar como apoyo a un nuevo intento de ocupar territorio venezolano. Está claro que, a pesar de estar en un año electoral, rodeado de graves problemas internos, el presidente Donald Trump vive obsesionado con el derrocamiento de Maduro y la posesión del petróleo de la nación contra la que mantiene una guerra unilateral, bloquea y sanciona.

Al detallar las operaciones que presuntamente realizará la tropa élite, la revista Semana informó que se localizarán en tres territorios fronterizos con Venezuela: Catatumbo, el parque Catatumbo Bari y Arauca; territorios conocidos como los de mayor penetración de grupos paramilitares que asesinan a líderes comunitarios y activistas sociales para acallarlos ante la venta de sus tierras a empresas trasnacionales por el régimen neoliberal de Duque.

El comandante en jefe del Comando Sur, Graig Faller, siempre en acecho ante la posibilidad de invadir Venezuela, confirmó: “La misión en Colombia apoyará la paz regional, el respeto a la soberanía y la promesa duradera de defender los ideales y valores compartidos”. El Comando Sur explicó que los militares que llegan recibieron educación especializada en la Academia de Entrenamiento de Asesores Militares en Fort Benning, donde aprenden a colaborar con fuerzas militares profesionales de aliados estadounidenses en base a las necesidades operativas e institucionales.

Son muchas las voces que protestan en Colombia por la injerencia de EE. UU. en su país y su uso como trampolín para una eventual invasión a la vecina Venezuela, con la que comparte más de 2000 kilómetros de frontera común.

Aun cuando las autoridades locales y la embajada estadounidense en Bogotá intentan minimizar los acontecimientos, el analista internacional Nicolás Villa Moya se preguntó “¿Cómo beneficia esa presencia al interés nacional?”, en declaraciones a la televisora Rusia Today.

Villa Moya opina que: “Ningún país quiere que su soberanía se vea cuestionada con la presencia de tropas extranjeras” y que el conflicto del crimen organizado “no se va a resolver con una guerra contra el narcotráfico. Lo único que ha logrado es, básicamente, muchos muertos, mayor cantidad de cultivos, expansión del fenómeno y un incremento del precio”.

En ese sentido, se observa un crecimiento del cultivo de coca, lo cual significa que las sucesivas administraciones hicieron la vista gorda, una situación que no van a resolver los norteamericanos. En 2008 había 119 000 hectáreas con cultivos de coca, en 2012 eran 78 000 y el año pasado se registraron 212 000, según la norteamericana Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas (ONDCP, por sus siglas en inglés).

Varios senadores criticaron la decisión unilateral de Duque de aceptar el envío militar, pues debió ser aprobado previamente por el Congreso Nacional.
El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), de las antiguas guerrillas FARC-EP, señaló: “Esto atenta contra la soberanía nacional y además es inconstitucional”.

El artículo 173 de la Carta Magna determina que es atribución del Senado “permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio” y a la Cámara Alta no ha llegado ninguna solicitud relacionada con el tema que informó la embajada de EE. UU., denunció la bancada de la FARC en el órgano legislativo.

Al respecto, el también senador Antonio Sanguino, de Alianza Verde, afirmó que el régimen de Duque viola el principio de la integridad territorial y de la soberanía nacional.

“Con todo respeto Presidente @IvanDuque, quiero recordarle que nuestra Carta política establece que ‘permitir tránsito de tropas extranjeras’ en territorio colombiano es una atribución constitucional del Senado”, escribió en Twitter el presidente de la Cámara alta, Lidio García, del Partido Liberal (independiente).

El senador opositor Armando Benedetti, del Partido de la U, puso en duda la misión estadounidense. Al respecto precisó: “Que esa ‘ayuda’ no termine en una guerra en la que no tenemos nada que ver”, dijo el legislador en Twitter.

La expectativa recorre Colombia, pues las razones dadas por EE. UU. y el régimen colombiano esconden, al parecer, las verdaderas actividades que desarrollará el equipo de las SFAB, considerando las zonas de acción cercanas a las fronteras con Venezuela.

Aunque Duque y sus ministros traten de restarle importancia a la presencia de supuestos asesores de unidades militares colombianas —en especial a los Estados Mayores de las Fuerzas de Tarea Conjunta Hércules, Vulcano, Omeda y la Brigada contra el Narcotráfico—, pocos los creen.

Colombia, que convive día a día con el narcotráfico, cuyos jefes incluso están relacionados con expresidentes de la República, como es el demostrado caso de Álvaro Uribe Véliz, puede esperar todo el tiempo del mundo, sin apuro, para enfrentar el flagelo que, sin embargo, redunda en miles de millones de dólares anuales, al ser considerado uno de los negocios más lucrativos del planeta.

Y todo en medio de una pandemia que ya contagió a 30 493 personas y mató a 969, según publicó el Ministerio de Salud, aunque las cifras podrían ser muy superiores debido a los casos no registrados por falta de atención médica institucional.