El vacunagate de Perú, a dos meses de elecciones generales

La mentira, la desidia y la falta de respeto hacia el pueblo quedaron al desnudo en Perú, cuando 487 individuos escogidos por su posición social fueron vacunados sin autorización, en un protocolo de ensayo de la vacuna Sinopharm de China, entre ellos el entonces presidente Martín Vizcarra, ministros, asesores vinculados a su gobierno y sus familiares y amigos.

Este episodio, conocido ahora, a dos meses de elecciones generales, constituye otro motivo de desaliento de la población respecto a los políticos y s burgueses del país andino, fomentadores de una nueva crisis ética y moral, en un país donde prima la descomposición de su quebrado tejido social.

La situación es delicada y grave en el actual contexto. El pueblo se ha manifestado en las calles contra la corrupción, mientras llora a cerca de 900 000 fallecidos a causa de la pandemia, que también ha dejado más de 1,24 millones de casos de contagiados de la enfermedad letal, sin un respaldo sanitario estatal.

La vacuna china ya está en el territorio nacional, pero el incidente ocurrió en octubre, cuando Vizcarra, destituido en noviembre por otras causas, recibió dos dosis del inmunizador chino Sinopharm, cuando se llevaba a cabo el estudio clínico del producto.

El miércoles pasado estalló el escándalo mediante una denuncia en la que además del exmandatario, su esposa y su hermano, hay involucradas casi 500 personas más, entre ministros, viceministros, catedráticos, empresarios y políticos, y hasta el nuncio apostólico.

El actual jefe de gobierno, Francisco Sagasti, dijo estar “indignado” y “furioso”, dos adjetivos que también resumen el sentimiento de la población, y responsabilizó de tal “hecho vergonzoso” a Vizcarra, jefe del bautizado en Perú como vacunagate.

Para Sagasti —tercero en la lista de políticos que gobernó Perú en noviembre pasado— lo peor es que algunos miembros de su gabinete habían cometido el mismo error, a quienes hizo renunciar en cuestión de horas. Lo había advertido: todos los funcionarios que participaron de esa vacunación irregular quedarían fuera de sus funciones en el Estado.

La primera que dimitió fue la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, quien admitió haber sido inmunizada, sin considerar que se trataba de una grave irregularidad. Dimitieron también de sus funciones los exviceministros de Salud Luis Suárez y Víctor Bocangel.

La canciller Elizabeth Astete se alejó del cargo luego de reconocer su vacunación el 22 de enero —dada una relación entregada por Vizcarra al personal médico, según dijo— y admitió que cometió un grave error. Astete también renunció a recibir la segunda dosis de la vacuna.

Hace unos días se publicó la lista de los 487 vacunados, en la que Vizcarra aparece como “invitado” y parientes de su entorno cercano, aunque el exmandatario jura que se presentó como voluntario del ensayo clínico.

Sin embargo, el gobierno de Sagasti siempre advirtió que el programa de vacunación oficial comenzaría por el personal sanitario.

Entre los cientos de vacunados, además de las ministras Mazzetti y Astete, hay otros altos cargos del Ministerio de Salud y de la Cancillería.

En la relación de los cientos que burlaron la ley y al pueblo figuran personajes como Antonio Aguinaga, médico de cabecera del exdictador Alberto Fujimori, quien guarda prisión por crímenes de lesa humanidad; el nuncio apostólico Nicola Girasoli, el esposo de una congresista, el chofer de Mazzetti, los rectores de las universidades San Marcos y Cayetano Heredia, además de familiares de médicos que participaban en el ensayo clínico, así como personal del estudio, entre otros.

La fase III de los ensayos clínicos de la vacuna de Sinopharm fue autorizada en agosto del año pasado. Las primeras dosis llegaron formalmente al país a principios de septiembre y, con la participación de casi 12 000 voluntarios, ese mismo mes se iniciaron los estudios en la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

BUSCANDO LA PULGA

Ante el delito cometido, el investigador, médico de a UPCH y jefe de los ensayos, Germán Málaga, negó cualquier responsabilidad en la irregular inmunización. Afirmó que Vizcarra le solicitó personalmente la vacuna, y que él mismo se la inoculó, el 2 de octubre, en el Palacio de Gobierno.

En su defensa, Málaga precisó que recibieron 3200 dosis adicionales, y de ellas 1500 se debían entregar a la embajada de China, y el resto serían administradas a personal del ensayo y a “invitados, consultores y relacionados”. Sin embargo, reconoció que “quizás hubo excesiva amplitud en el término: personal relacionado”.

Ante la actitud del nuncio Girasoli, el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, indicó que estaba “entristecido e indignado” y expresó que espera explicaciones sobre la actitud del eclesiástico. “Le he dicho que esto es grave. Estos signos de privilegios, refirió, son las cosas que la gente critica de la Iglesia”.

Son varios los organismos peruanos que investigan los hechos, ajenos a las buenas prácticas nacionales e internacionales de los ensayos clínicos. El Congreso nombró la noche del martes una comisión investigadora para determinar las responsabilidades en la administración de las vacunas. La Fiscalía inició una pesquisa preliminar contra Vizcarra por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, colusión y negociación incompatible o aprovechamiento del cargo.

ELECCIONES SIN PRONÓSTICOS

Aunque desde hace muchos años los peruanos perdieron su fe en los políticos que dirigen la nación de 32 510 453 millones de habitantes, 6,4 millones de ellos en situación de pobreza, agravada por la pandemia, dos meses antes de los comicios generales es casi imposible predecir quien obtendrá la victoria.

La mayoría de la población está decepcionada, en especial, de sus dignatarios y de los políticos tradicionales. En los últimos años, cinco expresidentes fueron acusados y detenidos, algunos por corruptos, entre ellos el aprista Alan García, quien se suicidó minutos antes de ser detenido para investigación. Otros, como Alberto Fujimori, están en prisión, y varios se han zafado de las acusaciones con renuncia al cargo.

Según la Plataforma Electoral del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ante los votantes se presentan hasta ahora 17 trinomios —presidentes y sus vices ya inscriptos— algunos más conocidos que otros y por los cuales, según encuestas, el electorado presenta dudas a la hora del sufragio.

Los candidatos habilitados son los siguientes: Keiko Fujimori – Fuerza Popular; Julio Guzmán – Partido Morado; Verónika Mendoza – Juntos por el Perú; Rafael López Aliaga – Renovación Popular; Ciro Gálvez – Renacimiento Unido Nacional; Rafael Santos – Perú Patria Segura; Alberto Beingolea – Partido Popular Cristiano; Daniel Salaverry – Somos Perú; Pedro Castillo – Partido Perú Libre; Marco Arana – Frente Amplio; Yonhy Lescano – Acción Popular; Ollanta Humala – Partido Nacionalista; Andrés Alcántara – Democracia Directa; César Acuña – Alianza para el Progreso; Hernando de Soto – Avanza País; José Vega Antonio – UPP; Daniel Urresti – Podemos.

El JNE informó que George Patrick Forsyth Sommer, de Victoria Nacional, todavía debe esperar que se resuelva el recurso planteado en su contra ante el pleno del máximo ente electoral, por omitir datos importantes en su inscripción.

En la plataforma del organismo electoral se reporta también que la postulación de Nidia Vílchez, del Partido Aprista Peruano (Apra), fue retirada. Además, la postulación de Fernando Olivera, del Frente de la Esperanza 2021, fue declarada improcedente.

Aunque queda tiempo suficiente para pensar a quién darle el voto, el porcentaje de peruanos que no apoyan a ninguno de los candidatos presidenciales, más los indecisos, supera largamente al respaldo del pretendiente de mayor aceptación, según una encuesta privada que confirmó la dispersión de preferencias electorales, informó la agencia de noticias Prensa Latina desde Lima.

Según la encuesta de la empresa Ipsos-Perú, suman el 18 % quienes respondieron que votarán en blanco o viciarán la papeleta electoral. A ellos se agregan, siempre según la agencia, los indecisos, con el 10 %, para totalizar 28 %.  Mientras, los peruanos buscan alternativas para paliar el hambre siempre presente en millares de familias, ahora agravadas por la eliminación de los empleos informales a causa de la COVID-19.

En Lima, la bella capital peruana, los asentamientos humanos de mayor vulnerabilidad se organizaron para implementar ollas comunes de comida para más de 120 000 familias en situación vulnerable. Esa es la única fuente de comida para esas personas. El registro de la Red de Ollas de Lima Metropolitana aseguró que hasta la fecha se empadronaron 1200 ollas comunes. Pero hay muchas más, las restricciones de movilización por la pandemia dificultan que se registre a todos los beneficiados.

Cada recipiente sirve al día un promedio de 300 a 400 raciones, que consiste en un almuerzo básico de menestra, guiso elaborado a partir de ciertas legumbres: lentejas, frijol, arvejas (guisantes) o garbanzos, arroz y papa. Para preparar esa cantidad de comida se necesita al menos de 350 o 400 soles diarios (mn), dinero que las familias no pueden aportar. En ocasiones, el almuerzo no alcanza.

Las ollas sobreviven con donaciones de personas solidarias, pero el presidente Sagasti precisa firmar el proyecto de Ley 3803 que las reconocen como “organizaciones sociales de base” durante la emergencia sanitaria. El mandatario no ha suscrito la ley ni tampoco envía apoyo económico.