La lucha entre el presidente salvadoreño Nayid Bukele y el Congreso Nacional continúa hoy en un pulseo iniciado en febrero pasado en el que ninguna de las partes está dispuesta a ceder, al parecer, mientras el llamado Pulgarcito de América es uno de los países de menos casos de la COVID-19.
A pesar de su corta extensión de 21 041 km2 ese país centroamericano posee una población estimada de 6 704 121 habitantes —según datos oficiales— lo que lo convierte en el más densamente poblado de la región.
Con esas condiciones poblacionales, la pandemia del nuevo coronavirus fue atacada con severidad por el gobierno de Bukele y según el portal gubernamental covid19.gob.sv, El Salvador reporta 238 casos, de los cuales 167 siguen activos, ocho fallecieron y hay 64 recuperados.
Un índice alcanzado, según ese espacio en Internet, por las medidas oficiales de contención, que han logrado aplanar la curva de transmisión.
Las diferencias entre el presidente y el Congreso Nacional son anteriores a la aparición de la pandemia, pero continúa en estos momentos por actitudes gubernamentales no aceptadas por los diputados.
Aun antes de asumir el gobierno en junio del pasado año, ya algunos analistas predecían la actual situación entre los poderes de la República, pues los opositores del gobierno ocupan la mayoría de los 84 escaños parlamentarios y solo 11 responden al mandatario, quien fuera candidato de la conservadora Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA).
El resto se distribuye entre 37 del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), 23 del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), nueve del Partido de Concertación Nacional (PCN) y otros de menor calificación política, por lo que Bukele se encuentra en una situación de debilidad ante el Parlamento.
El Salvador sufre una epidemia social, que es la violencia mortal de las pandillas juveniles, como la Salva Trucha, que causa el terror entre la población y convierte ese país en uno de los más inseguros del mundo.
La movilización de militares en las calles hizo que en el último semestre de 2019 los homicidios se redujeron en un 28 %, y entre el 1 de enero al 21 de abril pasado las autoridades policiales contabilizaban 919, o sea, 253 menos que en el mismo período del año anterior.
Sin embargo, algunos analistas vinculan la disminución de la violencia a factores ajenos a la política del gobierno, y la consideran como un posible plan de las pandillas juveniles con más de 60 000 miembros que responden al narcotráfico para dejar de cometer asesinatos y evitar enfrentamientos con las fuerzas del orden. De esa manera mantienen su control de territorios y se dedican a la extorsión.
De ahí que una de las primeras medidas del Ejecutivo, calificado de populista por sus opositores, fue la solicitud de un préstamo de 109 millones de dólares al Banco Centroamericano de Integración Económica para financiar el Plan de Control Territorial, la que aún está en manos de los parlamentarios que la desestiman por una supuesta falta de transparencia en su manejo.
El pasado 27 de enero, legisladores de todas las opciones políticas —con excepción del izquierdista FMLN— aprobaron un dictamen que permitía al Ejecutivo sentarse a negociar el préstamo con el BCIE. No obstante, tres días más tarde, el partido derechista Arena retiró su apoyo a la resolución, con el argumento de que el tema ameritaba un mayor estudio.
El proyecto oficial, destinado —según la presidencia— a aliviar la situación de violencia en que sobreviven los salvadoreños, tiene varias etapas, en las cuales juegan un papel fundamental las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
La fase 1 consiste en el despliegue de militares y policías en las calles, la 2; la reconstrucción del tejido social y la capacitación de jóvenes, la 3; modernización del equipamiento de fuerzas de seguridad, por la que Bukele pidió el préstamo de la discordia, y lo que resta del proyecto aún se desconoce.
Garantizar la seguridad en el país fue uno de los propósitos enunciados en la campaña electoral del ahora presidente, de 38 años, quien antes perteneció al FMLN y por una falta interna fue expulsado.
En un inesperado giro del pleito, el presidente en persona, rodeado de soldados, penetró en un Congreso Nacional vacío, pues los opositores no respondieron a su convocatoria de una reunión extraordinaria para analizar la petición de financiamiento.
El llamado se fundamentó en el artículo 167 de la Constitución nacional, que establece entre las potestades del Consejo de Ministros “convocar extraordinariamente a la Asamblea Legislativa, cuando los intereses de la República lo demanden”.
Para el jefe de Estado, “los diputados hoy han roto el control constitucional al no venir a la Asamblea Legislativa; ellos son los que desobedecen un mandato del Consejo de Ministros; ellos no son la Sala de lo Constitucional (de la Corte Suprema de Justicia) para interpretar la Carta Magna”.
Respecto al artículo 87 mencionado por Bukele, entre sus párrafos señala que “Se reconoce el derecho del pueblo a la insurrección, para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en esta Constitución.
”El ejercicio de este derecho no producirá la abrogación ni la reforma de esta Constitución, y se limitará a separar en cuanto sea necesario a los funcionarios transgresores, reemplazándolos de manera transitoria hasta que sean sustituidos en la forma establecida por esta constitución”.
Los congresistas, por su parte, afirmaron mediante un vocero, que “Considerando que en El Salvador el índice de pobreza se sitúa alrededor de un 30 %, como reflejo de distintos problemas socioeconómicos, seguir invirtiendo decenas de millones de dólares en un proyecto gubernamental de seguridad, no parece ser lo más conveniente”.
El FLMN, por su parte, dijo que la actitud oficialista daría paso a un golpe de Estado para disolver el Parlamento.
Ante la presencia de la COVID-19 en el país, el gobierno instrumentó medidas de aislamiento, entre otras, y sacó los militares a las calles, como ocurrió en otras naciones, para asegurar el cumplimiento de las nuevas normas sociales.
El presidente sancionó la ley de prórroga de estado de emergencia, el cual tendrá vigencia de otros 15 días como medida para mitigar el riesgo de contagio con la pandemia del coronavirus.
El decreto dictado el pasado 21 de marzo reglamenta la cuarentena obligatoria y concluía el pasado día 16 de abril, pero ahora se extenderá hasta el próximo día 1 de mayo.
En esta situación, el fiscal general de El Salvador, Raúl Melara, advirtió que cualquier toque de queda no avalado por la Asamblea Legislativa es “un acto arbitrario” después de que varios municipios, incluida San Salvador, la capital del país, actuaran por su cuenta para frenar la propagación del coronavirus, informó el diario salvadoreño La Prensa Gráfica.
Por su parte, distintas organizaciones sociales criticaron el confinamiento obligatorio, pues permite a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional detener y, si es necesario, privar de libertad por 30 días en centros de cuarentena o carcelarios a las personas que incumplan las ordenanzas.
Una vez más, el FMLN denunció lo que calificó de “abuso de poder” de la fuerza pública y acusó al gobierno de utilizar la crisis sanitaria para violentar los derechos ciudadanos.
Ahora, y una vez más indicado como “un presidente populista”, Bukele anunció una serie de medidas para apoyar la economía del país, entre ellas la suspensión del pago durante tres meses a toda la población de servicios básicos como agua, luz, cable e Internet. Además, se aplazó por el mismo período el pago de alquileres y cuotas de créditos hipotecarios, de consumo, tarjetas o créditos de vehículos para personas o empresas afectadas por la COVID-19.
Aunque el Congreso aun debe aprobar otros términos de excepción, ya aprobó la decisión gubernamental de que 1,5 millones de personas reciba un bono de 300 dólares para compensar la carencia de ingresos durante la crisis sanitaria, entre ellas las que se dedican al comercio informal (70 % de los trabajadores).
El denominado Plan de Respuesta y Alivio Económico, —que según reseñan las redes sociales debía ser imitado por otros países de mayor solvencia— también regula los precios de los productos para evitar aumentos que afecten a los sectores empobrecidos.
“Esto incluye a empresas pequeñas, empresas micro, dueños y trabajadores de restaurantes, comedores, gimnasios, las personas en cuarentena, los enfermos que tengamos, personas que han sido enviadas a casa sin sueldos”, aclaró Bukele sobre los grupos a los que iba dirigido.
Aseguró en su discurso para anunciar las nuevas normativas que “Hay algunos empresarios que están preocupados porque serán un 10, un 15 % o un 20 % menos ricos. Ustedes tienen dinero para vivir 10 o 20 vidas (…).
”Cuando usted necesite una cama de hospital para que le atendamos, y no pueda respirar, créame que lo menos que le va a importar es su cuenta de banco, lo que va a querer es que haya un ventilador mecánico (…)”.
Así andan las cosas en El Pulgarcito de América. Entre críticos y seguidores, Bukele es, sin duda, uno de los más populares políticos de Latinoamérica.
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