EE. UU.: gasto militar versus recortes sociales

La aprobación del presupuesto fiscal del gobierno de EE. UU. evitó por una vez más la parálisis de la administración federal, pero se alcanzó un acuerdo político en detrimento de los inmigrantes y del gasto para programas sociales.

La aprobación por el Congreso de los EE. UU. de un acuerdo presupuestario, en un gesto al borde del abismo, permitió evitar otro cierre de la Administración federal, pero deja a los dreamers, cuyo futuro los demócratas habían prometido salvar, bajo la amenaza de deportación.

El consenso alcanzado, que permitió la votación alcanzada de 71 senadores a favor y 28 en contra, evidencia el cambio de táctica de los republicanos, que fueron azote del dispendio federal cuando gobernaba Barack Obama. Los demócratas renunciaron a incorporar al pacto un plan para evitar la deportación de los jóvenes inmigrantes. El pacto eleva el gasto en 300 000 millones de dólares durante dos años y debe ser refrendado por la Cámara de Representantes.

En enero, el cierre de la Administración se produjo por la disputa migratoria con los demócratas. Ese desacuerdo condujo a 800 000 funcionarios durante 60 horas a dejar el trabajo y no percibir salario. Entonces, el principal punto de fricción fue el destino de los dreamers, los inmigrantes sin papeles que llegaron a Estados Unidos siendo menores y cuya cobertura legal, por orden del presidente Donald Trump, acaba el 5 de marzo.

Ambas partes han encontrado la solución para un acuerdo dejando fuera justo aquello que iba a centrar la discusión: los dreamers. Su futuro, a menos de un mes de que venza el programa que les da permiso para trabajar, vuelve a ser oscuro. Eliminada esta espinosa cuestión, ambas fuerzas han logrado un acuerdo fluido, que pone fin a una larga tradición de renovaciones temporales y, a juzgar por sus primeras declaraciones, sitúa como tablas la partida, y, según el eufemismo de algunos, dicen que hubo dos vencedores.

Estos planes aumentarán considerablemente el déficit público, la diferencia entre lo que ingresa y lo que gasta la Administración. Según los cálculos del Comité de Responsabilidad Presupuestaria del Congreso, el desfase alcanzará los 1,15 billones de dólares en 2019, frente a los cerca de 700 000 millones del año pasado.

El acuerdo bipartidista alcanzado tiene dos miradas: primero, acaba con la provisionalidad presupuestaria. Víctimas de los vaivenes negociadores, las prórrogas habían abierto un ciclo de inestabilidad que condujo al cierre administrativo del pasado 20 de enero. La segunda mirada del pacto es el aumento del techo de gasto en casi 300 000 millones en dos años. De ese modo, 165 millones irán a gasto militar y otros 131 millones a otros apartados. Unas partidas largamente reclamadas por ambas fuerzas y que en un año de confrontación electoral les permiten quitarse un peso de encima.

Pero con las elecciones legislativas a la vuelta de la esquina, el próximo noviembre, a ambos partidos les convenía un marco presupuestario que permitiera alegrar a muchos electores. El programa amplía hasta el 23 de marzo la financiación temporal del Gobierno e incorpora esos 300 000 millones de dólares extra, de los cuales la mitad corresponden a gasto militar —165 000 millones—. Además, se añaden otros 90 000 para paliar los desastres naturales de Texas, Florida y Puerto Rico. Pero, ojo, estas propuestas fiscales siempre implican gigantescas reducciones de impuestos para los ricos —qué curioso— compensadas con salvajes recortes en las prestaciones sociales.

Pero el futuro de los dreamers sigue en el aire. Trump liquidó en septiembre el programa que les protegía de la expulsión y les concedía permiso de trabajo y residencia temporal —el llamado DACA—, y ahora ofrece un plan que les permitiría la ciudadanía a diez años vista, pero a cambio de fondos para construir el muro en la frontera con México. El 5 de marzo vence el permiso temporal para este colectivo, el gran perdedor de la jornada. Se avecina otra negociación contrarreloj. Puede afirmarse que, aun con la firma del pacto bipartidista, se aprecia un fracaso evidente: no se ha dado solución a los dreamers y esta falla puede acabar siendo letal para el pacto.