Días aciagos de Michel Temer

El siempre escurridizo Michel Temer, conspirador en las sombras y presidente de facto de Brasil, es, menos de un año después de derrocar en un rocambolesco proceso legislativo a Dilma Rousseff, un acusado más en la extensa lista de políticos corruptos de los poderes de ese país suramericano.

Temer, vice de Rousseff cuando el mandato de la presidenta, a quien traicionó con sus socios de la derecha capitalista brasileña, vive horas aciagas, pues el procurador general Rodrigo Janot lo denunció por corrupción pasiva —la activa quedaría para después—, obstrucción de la justicia y asociación ilícita, ante el Supremo Tribunal Federal, la máxima instancia judicial de la nación de más de 200 millones de personas, en crisis económica, política y social.

Mientras circulan audios y documentos que lo incriminan, las centrales sindicales de Brasil y millones de trabajadores realizan este viernes una huelga general en rechazo a la reforma laboral y la de jubilación, y para exigir la renuncia del presidente ilícito, envuelto en más de un escándalo por corrupción.

Las principales ciudades del gigante suramericano amanecieron en silencio, en acatamiento a las orientaciones de las grandes centrales sindicales, como la de la Única de los Trabajadores (CUT), cuyo secretario, Sérgio Nobre, afirmó que no dejarán pasar la aprobación de las medidas neoliberales impuestas por el régimen derechista ilegal.

Mientras otras decenas de sindicatos y movimientos populares ultimaban los pasos de la huelga general —segunda en dos meses—, un día después de la aprobación de reforma laboral en la Cámara de Diputados, el Senado se preparaba para la votación final de la materia en plenario de la Casa, pero este jueves decidieron dejarlo para el próximo martes 4.

Aunque el líder del Gobierno en esa instancia, Romero Jucá, quiso la aprobación de urgencia, el bajo quórum decidió atrasar la votación. Medios políticos opositores afirman que en realidad el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) tuvo miedo de la reacción popular, más aún con la delicada situación presidencial.

PRIMER PRESIDENTE BRASILEÑO EN FUNCIONES ACUSADO DE CORRUPTO

Devenido el primer presidente brasileño en funciones acusado formalmente de corrupción, el líder del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), fundado y aprobado por la dictadura militar, no solo queda ahora a merced de la justicia, sino que su base de apoyo está quebrada y solo un 7 % de los brasileños apoya su gestión.

Alguien menos comprometido con la oligarquía que lo respaldó en su ascenso al Palacio del Planalto, o con ética personal, ya habría salido del cargo, no con decoro, que lo perdió hace décadas, sino para dejar el camino expedito para un cambio —mejor o peor— en la política nacional.

Brasil, como institución-país, sufre un enorme deterioro a lo interno, y con la asunción de Temer dejó atrás el prestigio internacional que le brindaron los 12 años de gobierno del Partido de los Trabajadores (PT), primero con Luiz Inacio Lula da Silva, y luego con Rousseff.

Aunque no signifique que ocurra de inmediato, la acusación de Janot también solicita que el presidente abandone el Palacio de Planalto. Nadie imagine que el mandatario aceptará las acusaciones, probadas en un audio donde acepta la entrega de un soborno a uno de sus más allegados políticos, ahora preso por ladrón, y grabado por el dueño de JBS, uno de los mayores frigoríficos industriales a nivel mundial, también en el centro de un escándalo de delincuencia de cuello blanco.

La denuncia cayó primero en manos del juez Edson Fachín, instructor del caso, quien la remitió a la Cámara Baja para su análisis.

El líder del PMDB ya avisó que no renunciará “pase lo que pase”, aunque será notificado de manera oficial el inicio del proceso que podría llevarlo a juicio y suspenderlo. La Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara tiene diez sesiones para discutir el caso, tiempo en que la Presidencia presentará su defensa.

Luego de las alegaciones, la Comisión tiene otro plazo de hasta cinco sesiones para expresarse, de acuerdo con el informe que elabore el diputado designado como instructor del proceso. Ese documento será votado por los 66 miembros del Comité, donde el gobierno tiene mayoría.

¿QUÉ PASARÍA DESPUÉS?

El mismo convencimiento sobre la culpabilidad del ilegal ocupante del Planalto del fiscal Janot lo tiene la Policía Federal a cargo de las investigaciones, y que en un informe preliminar al Supremo reconoció que hay fuertes evidencias de que el jefe de gobierno incurrió “con vigor” en prácticas corruptas con el grupo JBS, negociadas por su antiguo asesor Rodrigo Rocha, preso por la misma causa.

Si es suspendido, el cargo sería cubierto de manera interina por el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, también indicado.

Si es condenado, en un plazo de 30 días Maia convocaría a las dos Cámaras del Congreso Nacional para la elección indirecta de quien concluiría el período presidencial el 1.^o de enero de 2019, mientras el pueblo reclama en las calles “elecciones directas ya”, más allá de la situación actual.

Pero como se dice en Brasil, el rollo presidencial puede terminar “en pizza”, es decir, comiendo el delicioso plato, como si no hubiese pasado la tormenta en que está inmerso el llamado camaleón de la política local, por su capacidad de adaptarse, siempre de segundón, a distintas administraciones.

Al margen de que la denuncia sea aceptada o rechazada por esa comisión, el informe del instructor será remitido al pleno de la Cámara Baja, en el que será leído, debatido y votado por los 513 diputados.

Este sería un proceso similar al que fue sometida Rousseff. Cada legislador debe presentarse en la tribuna para pronunciarse sobre la acusación.

Si el sí de culpabilidad alcanza los dos tercios de los diputados (342), entonces se autorizará el proceso penal en la Corte Suprema. Si los diputados, que deben muchos favores monetarios a Temer, rechazan la denuncia, el máximo tribunal archivaría el caso y el presidente continuaría en el cargo, a pesar de su derrumbe moral y sus escasas dotes como líder gubernamental.

La derecha brasileña no ha quitado a Temer con su desprestigio a rastras porque no encuentra a quién poner, y que además sea aceptado por una población que cada día gana más fuerza en organización a través de los sindicatos y los movimientos populares.

Un ejemplo de que algunos desean encontrar una salida a la crisis presidencial lo brinda su excolega Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), cuyo candidato presidencial en el 2014 y senador, Aecio Neves, dejó su cargo por acusaciones de malversación hace pocos días.

Cardoso, quien entregó a las trasnacionales las grandes riquezas de esta nación, entre ellas la minera Vale do Rio Doce, una de las más grandes del mundo, solicitó al ilegal ocupante del Planalto que posibilite una reforma constitucional para limitar su mandato, de acuerdo con un artículo de opinión que publicó en Folha de Sao Paulo este miércoles.  Aunque lo apoyó en el derrocamiento de Rousseff, ahora escribe que “Michel Temer tiene la responsabilidad y tal vez la posibilidad de ofrecer al país un camino más venturoso antes que el actual escenario político sea arrasado”, y también le pidió que tuviera sentido común.

Para politólogos, lo realmente importante no es que Temer salga del gobierno y sea detenido, sino quién será su sustituto y si el pueblo exigirá por vías menos pacíficas las elecciones directas, sin esperar al próximo año.

En ese caso, el favorito con un 30 % de las intenciones de votos, según la encuestadora Datafolha, es el exmandatario Lula da Silva, quien, si ganara, también poco haría si no promueve la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente que permita un cambio de sistema, pues, de lo contrario, será más de lo mismo.