Desafíos del año electoral en América Latina

Luego de un complejo año político, los próximos meses serán escenario de elecciones presidenciales en países claves de América Latina en la que se esperan novedades que podrían recomponer el mapa político de la región, manejada hasta cierto punto por regímenes de derecha dependientes de Estados Unidos.

No será fácil para las fuerzas progresistas y de izquierda regresar o imponerse en las jefaturas de gobierno ahora dominadas por líderes cuyos reemplazos cuentan con el apoyo de la tríada de poder —legislativo, judicial, gubernamental— y el apoyo de una media continental e internacional al servicio de los grandes capitales.

Solo que en este 2018, un año de definiciones, habrá también una masa de vanguardia, en especial formada por los llamados jóvenes nacidos junto con el milenio, —alrededor de 100 millones con derecho al voto— que buscan nuevas formulaciones políticas, y cambios estructurales en sus naciones. Ellos fueron los niños que con nueve o 10 años de edad conocieron los procesos revolucionarios existentes durante una década o más en la región.

A ellos se unen millones de personas de otras edades y sectores que luego del arribo conservador devienen muros de contención a las reformas neoliberales impulsadas desde las Casas de gobierno, en detrimento de las grandes masas, como ocurre en Argentina, Brasil, y Chile en unos meses.

Algunos de esos proyectos inclusivos, basados en nuevas Constituciones Nacionales, han sido momentáneamente derrotados por causas disimiles, desde golpes de Estado parlamentarios, militares, o en las urnas, luego de algunos desaciertos de la izquierda o a base de mentiras y desprestigio contra los dirigentes izquierdistas o progresistas.

Los comicios de este 2018 poseen una alta intensidad, con escenarios de fuerte peso e incidencia en el rediseño del mapa político regional y ocurren en momentos en que la clase política tradicional está identificada con la corrupción, en especial a partir del escándalo ocurrido en la estatal petrolera Petrobras, de Brasil, y la constructora Odebrecht.

En este contexto, la agenda marca elecciones presidenciales en Brasil, Venezuela, México, Colombia, Paraguay y Costa Rica, además del anunciado cambio de mandatario en Cuba.

Analistas consideran que, mirando el panorama político actual en Latinoamérica, es muy posible que se abra en las urnas un camino para un eventual reimpulso de las fuerzas progresistas.

Esas fuentes consideran que los principales focos de atención serán Brasil y Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro aspira a la reelección, en medio de un proceso constituyente y de planes que podrían superar la tensa situación económica que vive ese país de profundas raíces bolivarianas.

En Brasil, la gran mayoría de los expertos coinciden en que la población no le dará el menor chance a la partidocracia corrupta que forma parte del trinomio del presidente de facto Michel Temer, amparado por el Congreso Nacional y el sistema judicial oficialmente, pero en las sombras por la oligarquía que le permite mantenerse en el cargo para que ejecute las reformas.

Temer, exvicepresidente de la gigantesca nación, articuló, manipuló, y ejecutó mediante sus aliados, el golpe de Estado parlamentario que derrocó en 2016 a la mandataria Dilma Rousseff mediante acusaciones no comprobadas.

Aunque la (in) justicia brasileña hace lo imposible para evitar mediante acusaciones y condenas incluso al exmandatario Luiz Inacio Lula da Silva, sea él o uno de sus designados del Partido de los Trabajadores quien participe en los comicios, existe la certeza de que será el ganador o la ganadora en la lid prevista para el próximo octubre.

En estos momentos Lula —según reconoce el diario Folha de Sao Paulo, vocero de la oligarquía paulista— posee una intención de votos de un 35 %, mientras le sigue el militar retirado Jair Bolsonaro, llamado el “Trump brasileño”, considerado símbolo del crecimiento de la ultraderecha mundial.

Para lograr su propósito de postularse, Lula debe esperar al próximo día 24, cuando el Sistema Judicial ratifique o no la condena de nueve años que le fuera impuesta por el juez Sergio Moro por su supuesta relación con la corrupción en Petrobrás, sin que hasta ahora haya una prueba que lo vincule.

Si gana el PT las elecciones será un viraje fundamental en la política latinoamericana, ya que —al menos durante los tres mandatos de Lula y Rousseff— devino símbolo de los cambios económicos y sociales en ese riquísimo país que tiene el blandón de ser el más desigual del mundo.

Venezuela es otra plaza determinante para el futuro del progresismo en América Latina.

En un ambiente de relativa calma (sin olvidarse que el conservadurismo trabaja en las sombras) luego de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, Venezuela parece poseer las condiciones para reencauzar el terreno con las divididas fuerzas de la derecha, que debieron aceptar el diálogo nacional, luego de rechazarlo durante años, para llegar a unos comicios en un plan de entendimiento, cuando menos.

Sin fecha confirmada, los chavistas consideran que Maduro debe continuar en el Palacio de Miraflores ya que ha demostrado su estatura política, sorteando escollos de todo tipo —desde amenazas bélicas imperialistas hasta la continuada guerra sucia de largos brazos, batallas diplomáticas— con inteligencia, dignidad y sin abandonar los principios que le legara el finado presidente Hugo Chávez, fundador de la Revolución Bolivariana.

Los chavistas debían, según resultados de los tres comicios nacionales efectuados en 2017, dos con participación opositora, obtener una nueva victoria en las presidenciales, aunque con contundentes triunfos en el plano político, deben tratar de revertir la situación económica que mantiene asfixiada la cotidianidad de la población.

La feroz ofensiva imperial tratará de darle un golpe de gracia a los bolivarianos en la economía, aunque el gobierno ha tomado importantes medidas, como la nueva moneda Petro, los acercamientos con el empresariado opositor, el alza tímido pero constante de los precios del petróleo, y la lucha contra los dirigentes corruptos, en especial los vinculados a la estatal PDVESA.

Para el 1 de julio están marcados los comicios en México que, opinan los expertos, deben favorecer al izquierdista Andrés Manuel López Obrador, a quien, según denuncias en el momento, perdió la presidencia por fraudes oficialistas en 2006 y 2012.

La eventual victoria de López Obrador, según importantes politólogos, daría un giro de 180 grados a la geopolítica regional, con una alteración importante a los planes de Estados Unidos para esta zona. Si lo logra, la Casa Blanca y la mafia narcotraficante que gobierna el país a cielo abierto lo atacarán de inmediato. Solo las movilizaciones populares lo salvarían.

El actual presidente Enrique Peña Nieto ha debido plegarse a los intentos norteamericanos de desprestigiar a su país mediante la imposición de medidas tan absurdas como la construcción de un muro para impedir la entrada de inmigrantes desde América Latina, o la revisión —por supuesto perjuicio a la gigantesca potencia norteña— del Tratado de Libre Comercio trilateral con Canadá, dada la política proteccionista de Donald Trump.

Peña Nieto sale de la casa de Los Pinos con un balance negativo de su gestión, cuyo país ha sido sacudido por terremotos naturales y políticos, dada la inseguridad y el alto grado de homicidios —35 periodistas asesinados este año— y otras miles de personas en delitos que se mantienen impunes.

En Colombia, además de una presidencia el 27 de mayo próximo, en las urnas se juega la paz, ya que es tendencia de la derecha en ese país expresar su desacuerdo con las regulaciones acordadas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).

En un escenario de apatía popular, la instalación de los acuerdos ha perjudicado a las fuerzas guerrilleras devenidas partido político dado los continuos incumplimientos del presidente Juan Manuel Santos, luego de cumplir sus objetivos de desarmar a los subversivos, identificarlos y después desprotegerlos. Este año han asesinado a más de 130 exguerrilleros y activistas políticos y sociales en Colombia a manos de paramilitares pagados por la derecha,

El 22 de abril, el oficialista y derechista Partido Colorado de Paraguay, enfrentará como su peor enemigo a la alianza del Partido Liberal y el Frente Guasú, del expresidente Fernando Lugo, derrocado por un golpe parlamentario en 2012, que gozan de apoyo en la población.

Paraguay es uno de los miembros del Mercado Común del Sur que se negó a mantener a Venezuela como socio de ese organismo comercial regional y tuvo una actitud hostil hacia ese país en distintos foros internacionales, inclinándose por la injerencia extranjera en sus asuntos internos.

Costa Rica, nación centroamericana favorecida también por el conservadurismo, abrirá el año electoral el 4 de febrero próximo.

A dos meses de la liza, un abstencionismo de un 40 % ronda el acto electoral, pues, en opinión del politólogo tico Daniel Calvo, los postulados no ofrecen programas de interés para la mayor parte de los votantes, por lo que el eventual ganador se mantiene en incógnita.

En otros escenarios electorales, el presidente cubano Raúl Castro anunció que cuando la Asamblea Nacional de su país se constituya el próximo abril “habrá concluido mi segundo mandato al frente del gobierno y Cuba tendrá un nuevo presidente”, dijo.

Es 2018 un año de expectativas y de esperanzas para los partidos progresistas y los movimientos populares, que jugarán sus cartas en pos de restituir la democracia en Latinoamérica.