De nuevo, la derecha amenaza con acciones violentas

Dos momentos muy especiales vive Venezuela en estos días: el envío por el gobierno al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del presupuesto fiscal del 2017 para su examen y aprobación, y la recogida de firmas casi a fines de mes para continuar el proceso del referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.

En los últimos días, la prensa reaccionaria, tanto local como extranjera, se hace eco, con su interpretación contrarrevolucionaria, del envío por Maduro al TSJ del texto que permitirá un normal desenvolvimiento del país el próximo año, acto que cataloga de dictatorial y de violación de la Constitución Nacional.

Lo que no dicen esos órganos, que responden a los intereses de la oligarquía venezolana y regional, es que al gobierno le resultó imposible entregar para su análisis el presupuesto a la Asamblea Nacional (AN) porque está en situación de desacato o desobediencia y ninguna de sus acciones resulta válida.

La nulidad de ese órgano legislativo fue ordenada por el TSJ el pasado 1.^o de agosto cuando, por su libre albedrío y a pesar de advertencias de la máxima instancia judicial,  juramentó a tres diputados del Estado de Amazonas, miembros de la derechista Mesa de la Unidad Democrática (MUD). El triunfo de esos políticos en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre quedó invalidado por fraude comprobado.

En un principio, el presidente de la AN, Henry Ramos Allup, connotado contrarrevolucionario y miembro de la MUD aseguró que aceptaría la decisión judicial sobre el resultado comicial para Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, pero después hizo su voluntad. De ahí la actuación del TSJ apegado a la Carta Magna. Si no expulsa a Ygarza, Guarulla y Romel se mantiene en desobediencia.

Ahora, Ramos Allup despotrica contra el presidente, pero olvida que bajo su mandato la AN no dejó pasar ningún documento emanado del Palacio de Miraflores. En su odio hacia el chavismo, este viejo politiquero declaró inconstitucional el único recurso posible contemplado en la Carta Magna.

El presidente Maduro, de acuerdo con sus atribuciones, solicitó un permiso al TSJ —que le fue concedido— para entregarle el presupuesto nacional para su examen y eventual posterior consentimiento, de tal manera que la paralización del país prevista por la AN quedará solo en pretensiones.

Este miércoles, el gobierno liderado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) recibió el apoyo, documentado y suscrito por 20 de los 24 gobernadores estaduales y 270 alcaldes, dando su conformidad para acatar la sentencia de ese órgano sobre el presupuesto.

El gobernador del Estado Aragua, Tareck El Aissami, afirmó en el programa televisivo “En contacto con Maduro”, que el texto luego enviado al TSJ fue discutido y firmado en el Palacio Blanco de Caracas. Al dirigirse al mandatario, El Aissami refirió: “Usted tiene a 20 gobernadores leales para continuar impulsando la Revolución, y todos los alcaldes y alcaldesas se encuentran desplegados, debatiendo y defendiendo en sus territorios el presupuesto y el Plan de la Patria”, programa de desarrollo hasta el 2019.
En una reciente concentración del pueblo revolucionario en apoyo a la decisión  gubernamental, Maduro informó que el instrumento fiscal supera los ocho billones de bolívares, equivalentes a 800 mil millones de dólares, calculados sobre la base de un precio promedio de 30 dólares el barril de petróleo, principal rubro exportable de la nación suramericana. Según previsiones del ejecutivo, el 73,6 % de esa cifra será invertida en los programas de desarrollo social promovidos por la Revolución Bolivariana desde 1999, cuando asumió su líder, el fallecido presidente Hugo Chávez Frías.

LA CONFUSIÓN COMO MÉTODO

En un ambiente enrarecido por el despliegue mediático contra la disposición gubernamental, aceptada por el TSJ, la MUD continúa creando la confusión pública sobre la fecha del referendo revocatorio contra Maduro, con mentiras que pueden desembocar en acciones violentas si no logra su propósito.

Hace unos días, el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que en el segundo paso del referendo —pautado para marzo del 2017— deben recogerse los días 26, 27 y 28 de este mes, un 20 % de firmas del padrón electoral nacional, en todos los departamentos.

Ese porcentaje equivale a cuatro millones de firmas, que deben ser validadas por el Consejo en 15 días para evitar los fraudes cometidos por la MUD en el primer paso del proceso. Tres días después será convocada la consulta popular.

Sin embargo, los partidos agrupados en la MUD despliegan una propaganda en los medios de comunicación afines al conservadurismo, anunciando que esos tres días se hará el proceso comicial contra el ejecutivo bolivariano.
En un comunicado, la coalición opositora convoca al paro en las fechas señaladas y solapadamente amenaza con tomar las calles en caso de que la consulta no se concrete este año.

Según ese texto, en poco más de una semana, millones de venezolanos saldrán a las calles exigiendo democracia, libertad y la salida del gobierno, informó la agencia Prensa Latina desde Caracas. Según PL, los opositores llegan a plantear que los falsos comicios poseen la facultad inmediata de revocar el mandato del legítimo presidente de la nación suramericana, con la promesa de una falsa elección a destiempo.
Lo que busca la MUD y sus adeptos es ejercer una presión desenfrenada para obligar al CNE a convocar al referendo este año, y con ello evitar la violencia y la inestabilidad, lo que ya fue descartado por la presidenta de esa instancia.

El CNE insiste en que el proceso comicial se hará en la fecha prevista, ya que cumple con los requisitos exigidos por la Constitución, y no antes como pretende la contrarrevolución para obligar a Maduro a renunciar al cargo. Si eso sucediera, de inmediato habría elecciones presidenciales.

La oposición no acepta que es culpable de  la decisión del CNE, ya que en enero pasado, cuando se cumplió la mitad del periodo presidencial, era el momento de iniciar el proceso de solicitud del referendo para efectuarlo este año. Sin embargo, la petición fue hecha en abril, fuera de tiempo.

Si el revocatorio resultara negativo al gobierno en 2017, entonces, tal como prevé la Carta Magna, el mandatario sería sustituido por su vice, Aristóbulo Istúriz, o por la persona que él designe en su reemplazo hasta el cumplimiento del actual mandato en 2019.

Para el analista político Alberto Aranguibel, la oposición —según él dividida y sin propuestas concretas para gobernar— busca mantener al país en la crítica de los medios de comunicación, con llamados al enfrentamiento de los ciudadanos, solo para satisfacer su odio hacia el proceso revolucionario.

Aranguibel precisó que el revocatorio es, en realidad, contra la derecha, culpable en gran parte de la delicada situación económica fomentada por la oligarquía local y su guerra contra el presidente. Entonces, se preguntó, ¿a quién debería revocar la población? Con seguridad, apuntó, a la derecha y sus aliados.