Cuarenta niñas calcinadas claman justicia

La muerte de 40 niñas calcinadas en Guatemala devino un escándalo continental que deja una crisis en el gobierno del presidente Jimmy Morales, considerado el culpable de la tragedia del Hogar Seguro Virgen de Asunción por negligencia en la atención de los internados.

La casa de acogida de San Pedro Sínula –hay cuatro en esa nación centroamericana- albergaba 748 pequeños de entre 0 y 18 años, cuando su capacidad era para 400, por lo cual eran frecuentes las protestas de los mayorcitos ante el hacinamiento, los abusos sexuales, la prostitución a que eran obligada/os e incluso la trata y venta de los pupilos.

El incendio ocurrido el pasado día 7 atrajo la atención internacional sobre la administración de Morales, que conocía, por denuncias de organizaciones no gubernamentales y otros sectores de la vida nacional, de las pésimas condiciones de vida de quienes solo tenían como opción la protección del Estado.

Los internados en estas casas de acogida, como también se las conoce, son víctimas del sistema político y económico de Guatemala, pues sobreviven en medio de la pobreza absoluta con sus familias -59,2% oficial, 70% según la Comisión Económica para América Latina- , que prefieren dejarlas al supuesto cuidado de las autoridades para que al menos tengan techo y comida seguros.

Las cifras demuestran el alto nivel de desigualdad social y pésima distribución de la riqueza, ya que esa nación de unos 15 millones de habitantes es la mayor economía de Centroamérica, pero el dinero queda en manos de la oligarquía local. 

Al llamado Hogar Seguro llegaban victimas de violencia física, psicológica y sexual, explotación laboral y económica, con alguna discapacidad leve, o situación de abandono en las calles e incluso adopciones irregulares.

El objetivo para los que fueron creados era que el Estado –aún cuando se suponía debían ser temporales- los pusiera bajo la custodia de personal especializado que les capacitaran para el trabajo.

La realidad, violenta y dura a que se enfrentaban los pupilos de Virgen de Asunción era absolutamente diferente, pues según algunas sobrevivientes eran víctimas de abuso de diverso tipo, conocidas por las autoridades.

De ahí que la población guatemalteca, en vigilia en las calles desde que ocurrió el incendio, agravado porque los funcionarios dilataron la entrada de los bomberos al no abrir las puertas, solicite la renuncia del presidente Morales, al que acusan de ser el principal responsable de las muertes de las menores y las graves heridas de muchas sobrevivientes.

En diciembre del año pasado, tres meses antes del siniestro, el Juzgado Sexto de Niñez y Adolescencia del Área Metropolitana condenó al Estado de Guatemala por violaciones de los derechos de los pupilos del Hogar Seguro, indicaron los medios de comunicación Nómada y Plaza Pública.

Entre las medidas dispuestas en la sentencia estaban la ampliación de las instalaciones, cambio en la modalidad operativa, contratación de más personal y expulsión de los indicados como abusadores de los internos.

Empero, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBSP), cuyo jefe Carlos Antonio Rodas renunció en días pasados, apeló la resolución y se negó a cumplir las disposiciones del Juzgado Sexto, precisó Plaza Pública.

CRÍTICAS AL GOBIERNO Y SUS NEGLIGENCIAS

Los últimos días el presidente Jimmy Morales es el centro de las críticas por la muerte de las 40 niñas y el maltrato ofrecido a los muchachos internados en el Virgen de Asunción; y aunque aceptó su responsabilidad, también culpó a las familias por lo ocurrido, lo que analistas califican como una cínica posición ante la desventura.

En aparición pública 48 horas después del suceso, Morales brindó una conferencia de prensa en la que trató de desviar la atención sobre su culpabilidad en el lamentable acontecimiento.

“Que es una responsabilidad de Estado es un hecho, pero entendiendo el concepto pleno de la palabra. El Estado de Guatemala está conformado por Gobierno y población”, como si el hecho de que en ese país la pobreza vigente fuera culpa de la ciudadanía y no del modelo neoliberal en ese país de 15 millones de habitantes.

Sin embargo, y a pesar de las pruebas aportadas por sobrevivientes del Hogar Seguro, Morales consideró que el fallecimiento de las niñas “no se puede tratar como un crimen de Estado, y responsabilizado al hacinamiento – sin decir que también es su responsabilidad- del fuego.

Los centenares de personas que aún permanecen frente a la Casa Presidencial piden justicia para las 40 víctimas del incendio, la peor tragedia ocurrida en la nación después del deslave que en 2015 sepultó a unas 300 personas en el municipio Santa Catarina Pínula.

“El asesino es el Estado”, “Morales, renuncia”, “Justicia para las niñas”, son algunas de las leyendas que portan los manifestantes, representantes de los sectores de la sociedad guatemalteca.

La actitud presidencial es motivo de críticas no solo de la población. La diputada del Movimiento Reformador, Alejandra Carrillo, calificó de indignantes las palabras de Morales y le exigió la toma de decisiones urgentes porque se trata, dijo, de la violación de los derechos humanos de los menores.

La legisladora aseguró que desde el pasado año el gobierno posee las denuncias de violencia sexual, de una red de trata de personas en el lugar, “y vemos, puntualizó, como el gobierno es incapaz de una sola acción para remediar la situación”.

La Procuraduría de Derechos Humanos también culpó a la Presidencia guatemalteca de lo ocurrido, ya que el presunto Hogar Seguro está bajo la responsabilidad directa de una de sus Secretarías, encargada, al menos en el papel, de cuidar la integridad y la educación de quienes no tienen un lugar con condiciones para vivir y se albergaron allí para encontrarlo.

Tan grave eran las condiciones en ese albergue que en diciembre del pasado año el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) sugirió al Ejecutivo su cierre definitivo.

Las corrientes de protesta contra el Ejecutivo guatemalteco rebasan las fronteras de la nación centroamericana, donde el pasado año 76 niños menores de cinco años fallecieron a causa de la desnutrición crónica.

Más de un centenar de movimientos sociales de América Latina reclaman justicia no solo por la muerte de las 40 niñas sino por el grado de calamidad en que sobreviven los menores en ese país.

En un comunicado difundido por ALBA TV, las agrupaciones indican que “el gobierno de Guatemala, el Estado, es responsable. No dio respuestas. No escuchó los gritos de dolor de las niñas. No escucha a sus familiares", refiere el texto, que rechaza la hipótesis oficial de que ellas prendieron fuego a colchones creando el siniestro.

Más adelante el texto precisa hechos similares deben evitarse en otros países de América Latina, donde unos 240 000 niños y adolescentes sobreviven en instituciones similares a las de Virgen de la Asunción.