COVID-19 destruye el Sumak Kawsay o buen vivir indígena

Los pueblos originarios de América Latina, víctimas de epidemias desde que los colonizadores europeos en el siglo XV trajeron consigo sus enfermedades, no escapan ahora de la importación de la COVID-19, sin que los gobiernos donde están asentados dicten medidas específicas para protegerlos.

La llamada “conquista” europea arrasó con los primeros pobladores de las tierras latinoamericanas, y no solo con la espada y la Biblia, pues el factor epidemiológico resultó clave. Enfermedades importadas diezmaron pueblos y culturas. Se considera que la invasión europea cometió el mayor genocidio de la historia contra los habitantes autóctonos del sur americano y El Caribe.

La irrupción inesperada de la COVID-19, que por su alto nivel de contagio devino pandemia mundial, encendió las alarmas de los organismos de derechos humanos y de las fundaciones indígenas, entre otros actores que conocen la tragedia que viven esas poblaciones en su lucha diaria contra las políticas de venta de sus tierras a empresas trasnacionales por gobiernos neoliberales.

Los que viven alejados en selvas o los que se encuentran en reservas demarcadas por administraciones de turno tienen en común que casi en un ciento por ciento carecen de atención médica. Algunas tribus, como las radicadas en Brasil, nunca han tenido contacto con otros seres humanos y se conoce de su existencia por fotos aéreas.

Es en este complejo escenario en el que se encuentran 45 millones de personas residentes en nueve países del Sur latinoamericano, las que representan al 8 % de la población de la región. América Latina es la zona de mayor incidencia demográfica indígena del planeta.

En su informe anual de 2019, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) señaló que hay registrados 826 pueblos diferenciados, y que la pobreza en ellos es 26 % mayor que la de los restantes grupos sociales.

El Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe (FILAC) solicitó a los gobiernos de esas áreas una reunión específica sobre el tema de la nueva enfermedad y precisó que “ninguna de las fuentes de información globales o regionales incluye datos desagregados con relación a la población indígena”.

Esos pueblos, que casi siempre hacen de los ríos su fuente de alimentos y comunicación, viven en condiciones de extrema pobreza. Son ignorados por los precarios sistemas de salud existentes en la región en su conjunto, salvo algún país, como Venezuela, donde son atendidos por médicos que superan las barreras de la distancia y el idioma.

Hasta ahora se ignora cuántos indígenas están infectados o han muerto a causa del nuevo coronavirus, aunque se conoce que hay víctimas entre ellos.

Hay que considerar que estos pueblos carecen de servicios básicos, entre ellos el agua potable, y sin caminos para trasladarse en busca de alimentos. La mayoría solo consumen pescados y viandas, según indicó la Organización Mundial de la Salud, que hizo un llamado a su protección hace pocos días.

El nuevo coronavirus, que irrumpió en China en diciembre pasado, ya mató a más de 300 000 personas en el mundo. Los de mayor vulnerabilidad no logran rebasar los estragos que la enfermedad ocasiona al cuerpo humano. Los nativos ni siquiera tienen acceso a una difusión preventiva con enfoque intercultural y en sus lenguas propias.

CAMINO DEL AMAZONAS

El río Amazonas, un gigantesco camino fluvial de más de 6 500 km, y unos 1 000 afluentes tributarios de importancia atraviesan ocho países suramericanos, donde existen pueblos originarios.

En dos de sus principales localidades ribereñas —según informaciones oficiales— es donde se presentaron algunos de los cuadros más dramáticos de la pandemia en Latinoamérica.

En Manaos, Brasil, donde hay una alta cifra de nativos, hay más de 4 000 contagios y 620 muertos por el nuevo coronavirus, lo que colapsó el sistema sanitario de la principal ciudad amazónica brasileña.

El alcalde de esa ciudad, Arthur Virgilio Neto, afirmó que han recibido grupos de indígenas que retornan a morir a sus aldeas “porque no tenemos como atenderlos” y pidió al gobierno federal “el envío urgente de un avión lleno de escáneres, ventiladores, medicamentos y equipos de protección”.

En la Amazonía peruana, cuatro federaciones indígenas del departamento de Loreto indicaron que “estamos en condiciones precarias, en un contexto de persistente contaminación petrolera con el agua y los alimentos envenenados, focos de malaria o dengue sin poder movernos a un centro de salud, pues nos separan días de viaje y de nada serviría”.

Perú tiene cuatro millones de habitantes que no hablan español y aunque a las reservas llegan algunos materiales traducidos, en esos territorios no hay electricidad, ni equipos electrónicos y mucho menos Internet.

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, que agrupa a unas 1 800 comunidades, acusó al gobierno de “desatención evidente y reiterada discriminación” y denunció ante las Naciones Unidas “el peligro de etnocidio por la inacción del Estado”.

En Colombia, con dos millones de indígenas, hay un sistema organizativo muy superior al de otros países, dispuesto por sus organizaciones. Una alerta epidemiológica y un plan de contingencia fueron activados por la Organización Indígena de Colombia (ONIC). Ante la negligencia del gobierno del derechista Iván Duque, la ONIC cerró caminos y solo permite el paso de transporte de alimentos y productos de primera necesidad.

Ángel Jacanamejoy, dirigente de las Autoridades Tradicionales Indígenas, indicó que “La estrategia de prevención y contención la dividimos en tres acciones: pedagogía para entender la pandemia, control territorial a través de las guardias indígenas y movilización del conocimiento de los sabedores en medicina indígena”.

También denunció que “la escasez de agua potable, alimentos e implementos de bioseguridad y el confinamiento por el conflicto armado agravan la situación”, pues el hostigamiento del gobierno de Duque y las fuerzas paramilitares no disminuyeron durante la cuarentena y ya se contabilizó el asesinato de 162 miembros de distintas etnias, en especial en el norte del departamento del Cauca.

En México, con una población autóctona estimada en 16 millones de personas, el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), —además de las medidas adoptadas por el gobierno federal— se han encargado de trazar sus controles para evitar el contagio.

El EZLN declaró el alerta roja en las zonas donde opera, con cortes de acceso, cierre de centros organizativos, considerando, dijo en un comunicado, “la falta de información veraz y oportuna así como la ausencia de un plan real para afrontar la amenaza de la pandemia”.

Carlos González, dirigente del CNI, coincidió en remarcar la precariedad de las infraestructuras sanitarias pero destacó que, como contraparte, los pueblos originarios “podrán generar una mejor defensa gracias a su propia vida comunitaria”, aunque mostró preocupación por los nativos que están en las ciudades.

Los dilemas respecto a los pueblos originarios se repiten en el continente suramericano. En Bolivia la Ley reconoce a 34 naciones y pueblos originarios. En el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), con 64 comunidades, denunciaron la desatención del gobierno de facto, la falta de información y el desabastecimiento de medicamentos y alimentos por la interrupción del comercio. El dirigente Pedro Moye aseguró que “al área rural no llegó ningún material de bioseguridad ni medicinas ni ningún protocolo que debamos seguir en caso de registrar algún contagio. Sólo se abocaron a capitales de provincia”.

En Brasil, el Foro Nacional Permanente en Defensa de la Amazonía exigió “un plan de contingencia que tenga en cuenta las especificidades de sus pueblos y sus formas de vida comunitarias, que sin duda facilitan la rápida propagación del virus”.

Nice Gonçalves, periodista y activista social, señaló que “En 2019 aumentó en 12 % la mortalidad de niños por la retirada de los médicos cubanos y el desmantelamiento de la salud indígena”, luego que el controvertido presidente Jair Bolsonaro desprestigiara a los profesionales llegados desde la lejana isla como colaboradores del programa Mais Médicos.

La situación es crítica en Paraguay, donde los pueblos originarios realizan bloqueos de carreteras para evitar la entrada de la pandemia a sus comunidades. La organización Tierra Viva explicó que antes de la entrada de la COVID-19 al país se conocía que el 65 % de los indígenas están en pobreza, y más del 30 % en pobreza extrema, en especial en la zona del Chaco.

En estas circunstancias, y ante el complejo panorama político de la región latinoamericana, el Sumak Kawsay o “buen vivir”, un concepto filosófico de los pueblos originarios, parece cada vez más lejano.