Costa de Marfil: Las demandas del expresidente Gbagbo

Un año después de la Corte Penal Internacional (CIP) retirar las acusaciones de perpetrar presuntos crímenes de lesa humanidad, el ex presidente marfileño Laurent Gbagbo demanda que se anulen las medidas cautelares dictadas en su contra.

El exmandatario, quien reside en Bélgica, no descarta retornar a suelo marfileño, donde gobernó de 2000 a 2011, cuando tras una crisis poselectoral fue sucedido por Alassane Dramane Ouattara, el actual presidente y su rival en los comicios que desataron la contienda causante de 3 000 muertos y un millón de desplazados.

En caso de la CPI aceptar las demandas del político e historiador Laurent Kudu Gbagbo, el primer ex jefe de Estado juzgado por ese órgano judicial, este podría abandonar suelo belga y reincorporarse a la vida política en su país, lo cual sin dudas preocuparía a sus antiguos contendientes.

Comienza ahora una nueva fase del proceso relacionado con el destino del exmandatario, quien en el momento de su detención, hace nueve años, encabezaba el Frente Popular de Costa de Marfil (FPCI), partido que continúa participando en la dinámica nacional.

La CPI retiró el año pasado todos los cargos contra el ex presidente marfileño, quien permanecía detenido en La Haya (Holanda) desde 2011 por supuesta implicación en crímenes de lesa humanidad, y contra su exministro de Juventud, Charles Blé Goudé. Para los dos ordenó la inmediata liberación.

No obstante ese dictamen y el rechazo de la Fiscalía al respecto, Gbagbo y Blé Goudé permanecen sometidos a un régimen menor de vigilancia que incluye una serie de restricciones como las limitaciones para ausentarse del país europeo que admitió recibirlo luego de concluir el proceso judicial por los sucesos violentos de 2010.

Los resultados de las elecciones de noviembre de ese año generaron graves tensiones: el Consejo Nacional Electoral proclamó vencedor y presidente a Alassane D. Ouattara, lo cual reconocieron la ONU, Francia y la Unión Europea, pero el Tribunal Constitucional declaró ganador en la primera vuelta a Laurent Gbagbo.

En esa compleja dualidad institucional, la polarización escaló entre los partidarios del FPCI y la Unión de los Republicanos (RDR), la agrupación de Ouattara, los principales contendientes de la lucha por el poder y representantes de dos criterios institucionales diferentes en el sensible tema del ajuste estructural.

Aunque esas dos formaciones —el FPCI y la RDR— constituían los componentes sobresalientes de la crisis, tras ella se percibían al menos la huella de la llamada ivorité o marfilinidad, relacionada con la presencia extranjera en la competencia por el poder y que definía la preponderancia de los nacionales ante los foráneos.

Todo lo que condujo a someter a un largo proceso judicial al expresidente tiene sus precedentes en las fisuras que no pudo zanjar la descolonización y la construcción de la República, admirada por responder inteligentemente a la influencia gala y ser un baluarte de la francofonía.

RAÍCES DE LA CRÍSIS

Si bien desde los años 90 esa concepción reforzaba la identidad, se empleó para excluir a una buena parte de la población —esencialmente musulmana del norte y el oeste— y beneficiando a las de la costa y del centro del país, esa distinción basada en principio en asuntos de cultura luego pasó a ser un instrumento xenófobo.

En esa línea el empeoramiento de la situación social fue reiteradamente imputado a los pueblos del norte marfileño, mientras que la estabilidad de la economía funcionaba en gran medida debido a la labor de una mal pagada clase de migración laboral burkinabesa y maliense.

Desde el deceso del primer presidente de Costa de Marfil, Félix Houphouët-Boigny (1905-1973), sus sucesores, todos provenientes del sur del país y de mayoría cristiana, usaron el nacionalismo en política para la reducción de derechos de las poblaciones mayormente de confesión islámica.

De ahí la indisposición de los considerados “marfileños de origen dudoso” por su restricciones en asuntos nacionales, el golpe de Estado del general Robert Guei en 1999 y la guerra (2002-2004) que fraccionó al país en un territorio controlado por Laurent Gbagbo y la otra parte ocupada por el rebelde Guillaume Soro.

La guerra concluyó con un acuerdo de paz apenas cumplido, eso resquebrajó la institucionalidad; así se llegó a las elecciones presidenciales de 2010, disputa en las urnas que devino conflicto armado decidido con la intervención de tropas galas bajo cobertura de la ONU a favor de Oauttara, y el 11 de abril de 2011 arrestaron a Gbagbo.

Junto con el mandatario derrocado cayeron algunas figuras importantes del FPCI, la esposa de Gbagbo, Simone, y el ministro Charles Blé Goudé, entre otros, pero tanto el exmandatario como los otros dos ya fueron declarados en libertad, pero con algunas restricciones, entre ellas la de no poder viajar por riesgo de fuga.

Pese la decisión de los jueces, la fiscal de la Corte, Fatou Bensouda, consideró que se cometieron errores con la absolución del expresidente de Costa de Marfil y del exministro Blé Goudé, por lo cual indicó que apelaría el procedimiento, una actitud criticada por muchos africanos que caracterizan a la CPI de discriminatoria.

“La apelación demostrará que la Sala de Primera Instancia cometió errores de derecho y de procedimiento que llevaron a la absolución de Laurent Gbagbo y Charles Blé Goudé por todos los cargos”, precisó el ministerio público en un comunicado.

No obstante, la disposición procedió y los dos políticos encausados fueron liberados, y ahora algunos especialistas no descartan que Laurent Kudu Gbagbo participe en alguna forma en las elecciones presidenciales que se realizarán este año y las cuales el presidente Ouattara afirmó que no se postulará para cumplir un tercer mandato.

“La nueva Constitución me permite cumplir dos mandatos hasta 2020. No tomaré mi decisión final hasta entonces, según sea la situación de Costa de Marfil. La estabilidad y la paz son lo primero, incluso primando sobre mis propios principios”, afirmó Ouattara, al semanario Jeune Afrique, interrogado sobre la posibilidad de sucederse a sí mismo.

El gobernante, que en principio no excluyó la posibilidad de presentarse como candidato, luego rechazó la idea de un tercer mandato. La oposición consideró que aspirar nuevamente era “inconstitucional, inaceptable e inviable”, al decir de Georges Armand Ouégnin, presidente de Juntos por la Democracia y la Soberanía (EDS).

En un mensaje Ouégnin dijo que la declaración de Ouattara era una “pura provocación para el pueblo de Costa de Marfil. El jefe del Estado actual sabe que la idea de un tercer mandato es inconstitucional, inaceptable e inviable”; el anuncio de no postularse y la posible liberación total de Gbagbo podrían cambiar la dinámica electoral marfileña.