Corrupción al desnudo en México

Una denuncia de 60 cuartillas presentada por el e director de la empresa petrolera PEMEX, Emilio Lozoya, sobre presunta corrupción en anteriores administraciones, políticas abrió la Caja de Pandora en México, donde aparecen comprometidos tres expresidentes de ese país.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO por la abreviatura de su nombre, exhortó a “toda la población a conocer las declaraciones de Lozoya, que involucra a importantes actores políticos en una red de presuntos robos, sobornos, cabildeos y compra de votos. Justamente la corrupción que desde su campaña electoral, AMLO prometió combatir sin piedad alguna, cayera, dijo, quien cayera.

En su conferencia de prensa matutina del pasado viernes, el mandatario exhortó a los mexicanos a conocer los mecanismos informados por Lozoya “para que se conozca la forma en que se perpetraron desfalcos en administraciones anteriores, ya que el pueblo está cansado”.

Aun cuando calificó la actual situación de escandalosa, indicó que es auténtico el documento firmado por el exjefe de Petróleos de México, la estrella económica nacional, aunque advirtió que quizás no signifique que todo sea cierto. En ese sentido, precisó que la Fiscalía General de la República investigará lo que se señala y llamará a declarar a todos los presuntos involucrados.

Lozoya, quien fue extraditado de España a México, mencionó en sus declaraciones ante las autoridades a tres expresidentes (Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari).

El que fuera director general de PEMEX durante el sexenio de Peña Nieto fue detenido el pasado 13 de febrero —luego de darse a la fuga en mayo de 2019— en la ciudad española de Málaga, cuando se vio cercado por las acusaciones en su contra por varios casos de corrupción.

Una vez en México, está acusado de recibir millones de dólares en sobornos de la empresa constructora brasileña Odebrecht y de la acerera mexicana Altos Hornos, entre otros imperios financieros.

Aunque negó su participación en el esquema de corrupción, Peña Nieto no ha podido ser contactado de inmediato por las autoridades.

El jefe de PEMEX había anunciado que solicitó un criterio de oportunidad a la justicia que lo liberará de la prisión, si revelaba los nombres, apellidos y cargos, y todas las indicaciones necesarias, de quienes recibieron sobornos para aprobar la reforma energética, adquisición de fábricas a sobreprecio, asignaciones y contratos ilícitos, entre otras acciones castigadas por la ley.

Entre prominentes figuras implicadas aparecen los mandatarios Felipe Calderón (2006-2012), tiempo en el que se gestaron fuertes esquemas de corrupción mediante la filial Braskem de Odebrecht, y Peña Nieto (2012-2018), quienes, reveló, distribuyeron millones de dinero entregados por la empresa de Brasil.

Peña Nieto recibió de esa firma más de 100 millones de pesos (moneda nacional mexicana) para financiar su campaña electoral, según el acusador que ahora está en libertad condicional en su país.

Lozoya también mencionó a senadores del Partido Acción Nacional que exigieron —planteó— 50 millones de dólares para aprobar la reforma energética que haría quebrar a PEMEX y a la Comisión Federal de Electricidad, para después privatizar el sector y entregarlos al capital privado.

En la presunta madeja de corrupción aparecen el secretario de Hacienda Luis Videgaray y Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía, quienes recibían supuestas instrucciones del anterior mandatario. En la extensa lista de implicados están Javier García y Francisco Domínguez, en la actualidad gobernadores de Tamaulipas y Querétaro, respectivamente.

El expresidente de PEMEX informó que la entrega de sobornos de distintas compañías extranjeras y locales comenzó durante el sexenio de Calderón y terminaron con el gobierno saliente de Peña Nieto.

En la comprobación de estos hechos, el reo aseguró que tiene filmados 15 minutos de videos como pruebas concretas, de los cuales se conoce solo una parte.

TRANSPARENCIA EN CASO DE CORRUPTOS

Para AMLO, que con su gobierno inició la IV Transformación, en el que la corrupción no tiene cabida, es importante que el pueblo esté bien informado y con transparencia sobre lo revelado por el antiguo funcionario, no solo por las redes sociales, que revelaron datos, sin que estuviera terminado el documento de Lozoya.

Expresó también que el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, a quien brindó su confianza absoluta, hará una indagatoria con apego a la verdad.

Si el pueblo conoce con exactitud la denuncia nadie podrá manipularla ni habrá ocultamientos. El silencio no existe en este caso y se sabrá toda la verdad, afirmó el jefe del gobierno.

Para el gobierno mexicano —y así lo expresan sus funcionarios— lo importante es recuperar lo robado. Se conoce que, por ejemplo, en el caso del proyecto Etileno XXI, se podrían comprobar irregularidades en contratos relacionados con Odebrecht. La constructora chantajeó a políticos a cambio de concesión de obras, no solo en su país sino también en otros países de América Latina.

En el caso mexicano, si lo que asegura Lozoya es cierto, Odebrecht consiguió gas etano hasta 30 % por debajo de su valor en el mercado durante la gestión de Calderón.

De acuerdo con la revelación del exjefe de PEMEX, formaron parte de la operación corruptiva un grupo de exlegisladores.

En este contexto, un juez otorgó un amparo a Alonso Ancira Elizondo, presidente de Altos Hornos de México, relacionado con la compraventa de una planta de fertilizante con sobreprecio de 200 millones de dólares.

En información a la prensa, el fiscal general Gertz Manero afirmó que el tratamiento dado al exdirector de PEMEX es diferente a la de la exjefa del gobierno capitalino, Rosario Robles Berlanga, ya que la funcionaria se niega a colaborar y rechaza cualquier participación en delitos institucionales.

De acuerdo con el magistrado, el daño patrimonial de Lozoya roza los 400 millones de pesos, pero en el caso de Robles se estima asciende a 15 000 millones de dólares, debido a diferentes fechorías en buena parte de las instituciones públicas de educación superior de México.

El monto general de los robos, desvíos, sobornos y otras figuras delictivas de los dos últimos gobiernos previos al de AMLO aún están por concretarse, pues cada día suman más millones tomados del erario público para beneficios particulares.

Analistas estiman que el presidente López Obrador hará cumplir la ley en cada caso, pero dejará a la justicia que tome las iniciativas aunque, aseguró, “nadie quedará sin responder por sus acciones”.

Esas fuentes consideran que la derecha y sus partidos duramente golpeados por las revelaciones de Lozoya con seguridad armarán esquemas para tratar de encontrar puntos débiles en el actual presidente o sus familiares. Con ello tratarán de desprestigiar al político que está cumpliendo sus principios de acabar con la corrupción que corroe a una nación donde 52,4 millones de personas viven en pobreza, o sea, el 41,9 % de la población mexicana. Cifras que seguramente se incrementarán con el pasaje del nuevo coronavirus y las pérdidas de millones de empleos.