Los últimos días de este año encontraron a los chilenos en las calles exigiendo sus derechos, retenidos en las últimas tres décadas, y con la intención de seguir la lucha en 2020 por una nueva Constitución Nacional y la renuncia del presidente Sebastián Piñera, agarrado por los pelos al poder con menos de un 10 % de respaldo popular.
Piñera, de filiación derechista y uno de los hombres más ricos de Chile, desplegó desde el pasado 18 de octubre una política de odio contra su pueblo, desde el hasta ahora indetenible estallido social.
Miles de miembros de Gendarmería (policías) usan crueles técnicas militares contra pacíficos manifestantes que, cuando pueden, se defienden con piedras y palos de tanques, tanquetas, tiros de balines y gases lacrimógenos y pimienta.
El último viernes de 2019 murió otra persona, con lo que ya son 27 los fallecidos desde el comienzo de la sublevación, al caer en una cámara de una empresa eléctrica donde se electrocutó mientras huía de los carros lanza aguas. Sin embargo, testigos afirman que fue empujado por un uniformado.
Ese día, las fuerzas de orden y seguridad Carabineros de Chile mostraron su insensibilidad, pocas horas después de ser acusados de mezclar agua con sosa caústica y lanzarla para quemar a los participantes, entre otras barbaridades cometidas, luego de que Piñera calificara al pueblo de “el enemigo” y dictara órdenes de Estado de “Emergencia” y “Estado de Sitio”, ambos burlados por la población.
Chile estalló como un polvorín por una causa que muchos consideran solo un pretexto para dar rienda suelta a —como dicen en sus pancartas y peticiones— los agravios sufridos en los últimos 30 años en el tema de acceso a los derechos humanos básicos, pisoteados por la dictadura de Augusto Pinochet y después por gobiernos considerados democráticos, pero que nunca dieron prioridad a las necesidades de la población.
Una nueva subida en el precio del metro desató la furia de millones de personas en el país suramericano, que días antes había sido catalogado por Piñera ante la televisión como “un oasis en medio de la convulsionada América Latina”. Palabras fatales, desmentidas días después por los ríos de pueblo que inundaron Chile.
Los chilenos, que parecían tener un destino marcado por las políticas neoliberales, desestimaron las edulcoradas palabras presidenciales. Para nada creyeron en un futuro mejor cuando las estadísticas indican que, a pesar de sus riquezas, es uno de los países más desiguales de la región suramericana.
La Plaza Italia, ahora llamada Plaza de la Dignidad, es el principal escenario de las concentraciones en Santiago de Chile, citadas mediante las redes sociales o de persona a persona en un enjambre movilizador sin precedentes.
La gran manifestación del pasado día 27 dejó saldos muy negativos. Además de otro fallecido, una bomba lacrimógena lanzada por Carabineros incendió el Centro de Arte Alameda, situado en la principal avenida citadina, que quedó absolutamente destruido. El sitio era uno de los espacios culturales más importantes de la capital chilena.
Poco después, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) no solo reclamó al gobierno por el deceso del hombre electrocutado, sino también por las otras 26 muertes y los más de 3500 heridos, torturados y violados en las calles y centros de detención. Hay 359 personas con lesiones oculares o pérdida completa de la visión, debido a que la soldadesca dispara los balines directamente a los rostros de los opositores.
El INDH inició al menos 588 querellas contra Carabineros y las Fuerzas Armadas, el 80 % de ellas por delito de tortura. Sergio Micco, director del Instituto, las calificó como “las más graves violaciones a los derechos humanos desde el retorno a la democracia en 1989”.
Micco consideró que las cifras pudieran ser mayores, ya que se basan en recorridos de sus delegados a 1163 centros de salud, donde fueron atendidas las víctimas y 56 comisarías a las que fueron llevados los detenidos.
Según el INDH: “…se han violado gravemente los derechos a la vida y la integridad física y psíquica, ya que el Estado no puede garantizar el orden público y la seguridad ciudadana¨.
LOS CHILENOS QUIEREN MÁS
El pueblo chileno, inconforme con el régimen derechista de Piñera, quien ha demostrado absoluta insensibilidad ante los graves acontecimientos, quiere mucho más de lo que su gobierno neoliberal está dispuesto a darle, aunque ha tenido que ceder ante la exigencia de una nueva carta magna que derogue la establecida en 1980 con la marca de la etapa pinochetista.
Los partidos políticos chilenos, que brillaron por su ausencia en los acontecimientos —salvo el Comunista— están tratando ahora de manipular el plebiscito del 26 de abril del 2020, cuando el pueblo decidirá si aprueba o no la llamada Ley de Leyes y quiénes serán sus redactores, si se aprueba.
Por ejemplo, el exministro de Relaciones Exteriores de Michelle Bachelet y actual presidente del Partido Por la Democracia (PPD), Heraldo Muñoz, en entrevista con la publicación El Dinamo, se pronunció por pasar del actual régimen presidencialista a uno más flexible que permita la destitución del primer mandatario sin tener que acusarlo constitucionalmente primero.
Muñoz aseguró que la instalación de un régimen semipresidencialista permitiría “dividir las tareas”. “El presidente de la República sería elegido por voto popular y se encargaría principalmente de los temas de Estado. En tanto, un eventual primer ministro sería solo responsable de gobernar”.
A pesar de oponerse a la petición pública nacional, el pasado día 23, Piñera se vio obligado a promulgar la reforma que permite convocar la consulta. Aunque tuvo que doblegarse ante las protestas, analistas coinciden en que el gobierno derechista trata de ganar tiempo porque desde el primer día la ciudadanía pidió dos cosas: una nueva carta magna y su renuncia inmediata.
Presentes estuvieron en La Moneda varios partidos de derecha, como Renovación Nacional, los opositores de la Democracia Cristiana; Por la Democracia, el presidente de la Cámara y parlamentarios de distintos sectores. La presidenta de la pinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI), Jacqueline Van Rysselberghe, asistió a la ceremonia.
El Servicio Electoral de Chile (Servel) informó que 14 millones 404 405 personas —7 millones 379 365 mujeres y 7 millones 025 050 hombres— están habilitados para la votación de abril.
Dos papeletas definirán el futuro constitucional. Una de ellas pregunta si “Aprueba” o “Rechaza”, y otra consultará bajo qué mecanismo quiere que se redacte, si mediante una Convención Constitucional (155 asambleístas electos por la ciudadanía) o una Convención Constitucional Mixta, conformada en partes iguales por miembros del Congreso y asambleístas electos por la ciudadanía.
PIÑERA TUVO QUE DAR EXPLICACIONES
Piñera, uno de los líderes conservadores de Latinoamérica aliado a Estados Unidos (EE. UU.) ha cometido irregularidades claves ante la rebelión ciudadana, según opinan las organizaciones movilizadoras, entre ellas las uniones estudiantiles y los sindicatos.
Por ejemplo, en una de sus últimas perlas discursivas acusó a países foráneos de fomentar las protestas, lo cual es absolutamente falso, y en su delirio por culpar a otros del incumplimiento de su responsabilidades, afirmó que los videos donde se muestra las agresiones contra el pueblo son montajes hechos en el extranjero.
Solo con el apoyo de los militares y el gran empresariado, negado a dejar el cargo, Piñera trató de encubrir sus errores y acusaciones culpando a la cadena estadounidense CNN de interpretar de manera incorrecta declaraciones hechas en una entrevista a esa planta.
Este millonario que solo ha pisado las calles de su país durante sus dos campañas electorales en busca de votos que le dieron dos mandatos (2010-2014 y 2018), dio sus explicaciones sobre los derechos humanos, los que calificó de ¨un principio rector de su vida¨. Su discurso político ante la CNN se contradice con el derramamiento de sangre ocurrido de octubre a la fecha.
En un video dirigido a la ciudadanía que no le cree –según reportó Telesur desde las calles- refirió que no se expresó de manera correcta cuando estimó que las noticias publicadas son falsas. ¨Mis palabras, concretó, no representan mi pensamiento¨, pero sí sus acciones.
Reconoció que ¨ha habido abusos, atropellos y violaciones de los derechos de nuestros compatriotas¨, y se comprometió a brindar información a la justicia para investigaciones y castigos a los culpables, una tarea que ya cumple la CIDH desde hace semanas.
Comienza el año y ya están circulando llamamientos a nuevas protestas, que van desde los conocidos cacerolazos –una manera de reiterar el rechazo a Piñera y su gobierno- hasta la toma de la Plaza de la Dignidad en Santiago y en el resto del mal llamado oasis suramericano.
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