Los músculos políticos de Ecuador están tensos. Luego de un paro nacional de 18 días organizado por el movimiento indígena para exigir el cumplimiento de demandas de la ciudadanía, el gobierno del derechista Guillermo Lasso se vio obligado a dialogar con su contraparte empujado por grandes movilizaciones callejeras, a lo que se une la renuncia de cuatro ministros de su gabinete.
El jueves 7, luego de varios tanteos entre los opositores al millonario mandatario –uno de los propietarios del banco Guayaquil- y con la mediación de la Iglesia Católica, comenzaron las conversaciones entre el Ejecutivo y los pueblos autóctonos, en representación también de otros colectivos sociales.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) hizo la convocatoria a la paralización del país hasta que el gobierno diera respuesta a un pliego de 10 demandas que recogen irregularidades sociales y económicas que inciden en el mal vivir de la ciudadanía en su conjunto.
El paro nacional fue solo una muestra de lo que podría ocurrir en la nación andina si Lasso, del partido CREO, mantiene su negativa conducta a buscar soluciones a la agenda que le fuera presentada y desoída hace un año por los organizadores de las protestas callejeras de hace unas semanas. Es decir, que el reciente estallido social tiene su génesis en el desaire gubernamental a peticiones engavetadas.
Ello quedó demostrado, si alguna duda existía, cuando el mandatario rindió cuentas de su primer año en Carondelet, las que demostraron que en ese tiempo incumplió con su plan de gobierno.
No quedó otra posibilidad entonces tanto para indígenas como para la población golpeada por la pobreza, que coger las calles y recordarle a las autoridades que poseen suficiente fuerza para poner en jaque a las autoridades e inmovilizar la economía nacional.
A la solicitud de la Conaie se unieron otras asociaciones de los pueblos originarios, sindicatos, y colectivos sociales. Las calles de las ciudades del llamado país meridiano del mundo se abarrotaron de personas, mientras Lasso ordenó dos estados de excepción. El saldo de la represión militar fueron seis muertos, más de 500 heridos, entre ellos 238 policías.
La Misión de solidaridad Internacional y Derechos Humanos en su informe preliminar, determinó la comisión de delitos de lesa humanidad en “ataques de caracter sistemático, generalizado y dirigido a la población civil”; desapariciones forzadas, homicidios, privación ilegal de la libertad, tortura. Quedan todos estos casos, apreció, en la necesidad de obtener verdad y justicia para las víctimas.
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Leonidas Iza, líder de la Conaie, resultó detenido y aunque ahora está en libertad provisional, el próximo mes será juzgado por incitación a la violencia y daños a las propiedades del Estado, aunque sus abogados defensores indicaron que no hay suficientes pruebas al respecto y rechazan su posible condena.
Las conversaciones iniciadas esta semana en la sede de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), que actuó como ente mediador en el acercamiento de las partes, parten de la suscripción de un Acta de Paz y el fin del paro nacional, así como determinados compromisos asumidos por el oficialismo.
Lasso firmó un decreto ejecutivo para sustituir a cuatro ministros y funcionarios que renunciaron a sus cargos la última semana (Tomada de EFE).
A pesar de las conversaciones, el presidente Lasso y su equipo saben que la paz en Ecuador pende de un hilo, pues la Conaie lo acusa públicamente de negarse a participar en las discusiones y de solo aparecer en cadenas de televisión, en las que se vio forzado a darle una respuesta al pueblo.
Para la Conaie la lucha continúa en tanto no se logre un convenio que obligue a la administración derechista a cumplir con lo pactado en la mesa de diálogo, la cual estará activa durante 90 días, un plazo que en opinión de observadores es muy demorado y facilita las artimañas del régimen para tratar de engañar a sus opositores con promesas, o ceder solo en los puntos que menos lo perjudiquen.
Lo que Lasso procura, en medio de una baja popularidad, es mantenerse en el Palacio de Carondelet, incluso luego de la renuncia de varios de sus ministros –aunque el precisó que son cambios regulados- las acusaciones de corrupción en su contra, los conflictos carcelarios, y el incumplimiento de los planes oficiales en su primer año de gobierno, por lo cual fue pedida –y desestimada por el Congreso Nacional- su destitución.
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En este primer paso de una búsqueda de soluciones a problemas económicos y sociales, ya se observa una intención del régimen de encasillarlos en los llamados ¨temas indígenas¨, lo cual, no sería aceptado por los opositores y deja en claro la intención oficial de dar migajas para contentar a algunos sectores, evitar un nuevo ciclo de protestas y seguir la historia en la que los grupos más vulnerables tienen las de perder.
En un análisis reproducido por la prensa, la economista Magdalena León, presidenta de la Fundación de Estudios, Acción y Participación Social (Fedaeps) señaló que ¨Sostener una acción de esta escala por tantos días muestra una fortaleza organizativa que no dejó de sorprender, al tiempo que un alto nivel de conciencia y compromiso social para resistir al neoliberalismo¨.
León opinó que en el Acta de Paz las consideraciones sobre esta nueva etapa son escuetas y tratan de convertir lo plural en temas particulares de los sectores populares cuando se trata, especificó, de exigencias nacionales.
La delegación gubernamental está liderada por el ministro de Gobierno Francisco Jiménez, quien adelantó que tiene ¨una visión clara de lo que queremos¨ (desde su punto de vista neoliberal) y lo que podemos implementar¨, y mencionó una reunión preparatoria con varios titulares que deben dar respuestas a las demandas colectivas.
Los líderes opositores designaron para la mesa a la Conaie, la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras y el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador.
Las reuniones involucrarán a 15 personas, tres por cada instancia, en tanto el papel de la Iglesia católica solo será motivar, desde su rol de coordinación, pero sin injerencia, destacó monseñor Luis Cabrera, presidente de la CEE.
Los demandantes exigen, en primer lugar, políticas públicas beneficiosas para la población pobre de Ecuador, eliminadas cuando tomó el poder el exmandatario Lenin Moreno, quien fuera vicepresidente durante el gobierno del izquierdista Rafael Correa.
Moreno, quien implantó el neoliberalismo en un país donde durante una década Correa desarrolló la Revolución Ciudadana, con importantes logros políticos y sociales, devino un traidor a los ideales que decía defender y entregó la nación, donde viven más de 1,5 millones de indígenas, a grandes capitales privados.
Entre las 10 solicitudes del movimiento opositor se encuentran una mayor atención al agro y control a la especulación en ese sector, respeto a los derechos colectivos, créditos, moratoria a las deudas, más presupuesto para salud y educación, bajar y congelar valores de los combustibles.
También un combate efectivo a la inseguridad, generación de empleos y freno a la privatización de empresas públicas y la minería ilegal.
Es muy probable que el gobierno de Lasso ni siquiera cumpla la mitad de las peticiones. Una prueba de ella es que antes del inicio de las negociaciones dio algunas ¨pruebas de buena voluntad¨, según sus palabras, como la reducción de 15 centavos en los precios del galón de distintos combustibles, cuando el pliego demandante solicitaba una disminución de 40 centavos. Es decir, lo mínimo.
Presionado por las protestas, el Ejecutivo derogó el decreto 95 sobre la actividad petrolera y se comprometió a reformar el decreto 151 sobre minería lo que impediría mas concesiones mineras en reservas naturales, territorios indígenas, zonas arqueológicas y áreas ancestrales.
Dos días antes del comienzo de las negociaciones, Lasso oficializó los cambios en su gabinete y entes de salud y educación, luego de renuncias de ministros y funcionarios, en lo que él catalogó de ¨renovación¨ del gobierno, y la oposición de ¨respuesta al paro nacional¨.
Los nuevos titulares reemplazaron a los dimitentes Simón Cueva en Economía y Finanzas, Ximena Garzón, Salud Pública, Marcelo Cabrera en Transporte y Obras Públicas y Alejandro Ribadeneira, en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).
Mediante decretos ejecutivos, el exgobernador de la provincia de Guayas, Pablo Arosemena, asumió el Ministerio de Economía y Finanzas y Darío Herrera, el de Transporte. Aun queda por designar al titular de la Salud Pública.
Entenderse con el presidente Lasso será difícil. Su aparente desinformación de la situación nacional quedó descubierta, una vez más, cuando en una intervención televisada dijo que “En 2019 hubo un detonante para las protestas, pero ahora no hay detonante” aseguró, sin reconocer la gravedad de la situación donde siete de cada 10 ecuatorianos están desempleados. Cómo hacerlo, si en sus arcas atesora una fortuna personal de 39 700 000 millones de dólares, según la revista Forbes.
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