Cambia escenario político en Ecuador

El expresidente Rafael Correa retornó a Ecuador y se introdujo de lleno en la campaña previa a la consulta popular decretada por su sustituto Lenín Moreno que, según varias de sus preguntas, derrumbaría el legado de la Revolución Ciudadana que transformó para bien de su pueblo a una nación considerada ingobernable.

Correa decidió no postularse a los comicios del pasado año, proponiendo en su lugar a Lenín Moreno, su vicepresidente durante seis años  (2007-2013)  bajo la bandera del partido Alianza País, y la confianza de que continuara la Revolución Ciudadana. Pero ante las decisiones de su sucesor, volvió al país el pasado viernes debido a que imagina hay un riesgo de destrucción de las conquistas alcanzadas en una década progresista.

Considerándose traicionado por Moreno, quien ha hecho acercamientos con los capitales privados y los políticos de derecha —los mismos que intentaron un golpe de Estado contra el exmandatario—, decidió alejarse al menos por un mes de su hogar en Bruselas para dirigir una campaña por el No en la consulta del próximo 4 de febrero, cuyo fin es enmendar la Constitución Nacional nacida de una Asamblea Constituyente.

Para analistas, como el sociólogo David Chávez, la presencia del popular líder de Alianza País, un partido revolucionario, ahora fragmentado por la actitud de Moreno, cambia el escenario político del país meridional.

“Los sectores empresariales apuntan al retorno del neoliberalismo y esperan la consulta para plantear el verdadero modelo económico”, afirmó Chávez en el programa Enclave política que transmite la cadena multinacional TeleSur.

Profesor de la Universidad Central del Ecuador, indicó que la llegada de Correa genera preocupación en los sectores conservadores que impulsan la confrontación contra la Revolución, ya que es un guía popular  con probadas capacidades para hacer campaña.

Moreno insiste en que está amparado en el artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y el Control Constitucional, lo cual, dijo, le permitió enviar los Decretos Ejecutivos 229 y 330 a la Corte Constitucional, aunque Alianza País aseguró que burló el ordenamiento jurídico de la nación y no contó con el partido para tomar una decisión fundamental para la política interna.

Una parte del oficialismo considera que el deber presidencial era esperar el pronunciamiento de la Corte para convocar al pueblo en temas tan delicados.

La boleta que será entregada a la ciudadanía tiene siete preguntas, dos de ellas consideradas clave para el futuro político de Ecuador: sobre la reforma del Consejo de Participación Ciudadana, un órgano para nombrar autoridades de control y electorales, y sobre la eliminación de la reelección con tiempo indefinido.

El temor de la oligarquía ecuatoriana es que Correa pueda postularse en los comicios del 2021 y ganar de nuevo el Palacio de Carondelet.

En opinión del politólogo Simón Pachano, un resultado positivo en la consulta podría servirle a Moreno para afianzarse en el poder y decantar a su favor la pugna con el correísmo.

Las diferencias surgieron poco después del triunfo de Moreno, apoyado por su padrino político en todo momento, quien criticó a toda voz los métodos del pasado gobierno, algo increíble para quien ocupara tan alto cargo en el gabinete.

“Es muy importante para Moreno ganar la consulta. Pero si pierde esta pregunta de la reelección indefinida sería un golpe muy duro”, explicó Pachano, profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) a la agencia AFP.

Ecuador concluyó la pasada semana en un alto grado de tensión debido al retorno del popular expresidente y la designación de la nueva vicepresidenta María Alejandra Vicuña, lo que significa la salida definitiva del cargo de Jorge Glas, primero despojado de funciones por el mandatario, y luego acusado y condenado a seis años de cárcel por recibir una supuesta coima del grupo Odebrecht, lo que sus abogados consideran absurdo e inconducente.

Lo increíble de esta situación es que Glas fue vicepresidente de Correa en su último mandato, y fue propuesto por Alianza País para que acompañara a Moreno en igual cargo, a lo cual este no se opuso. Es evidente que recibió órdenes posteriores de sus nuevos aliados—que algunas voces consideran radican en Washington— para destruirlo en lo personal y políticamente.

Poco después de su llegada, Correa formalizó en un acto público en el Parque de Montecristi, en Manabí, el lanzamiento de su campaña por el No a la consulta popular, rodeado por centenares de sus seguidores, incapaces de digerir la política de Moreno, quien luego de su primera gestión gubernamental pasó a ser enviado especial de la ONU sobre Discapacidad y Accesibilidad
en Nueva York.

Para algunos observadores, el exvicepresidente tuvo en Estados Unidos acercamientos con algunas figuras de la política ecuatoriana contrarias a la Revolución Ciudadana, y sus críticos indican que incluso se vinculó a personalidades de la política estadounidense, a lo cual podría atribuirse su actual plan de desmantelamiento del legado progresista.

Lo cierto es que Correa lo puso en el cargo, lo acompañó durante su campaña y alzó sus brazos desde la silla de ruedas en la que permanece desde 1998, cuando recibió un disparo en la columna vertebral durante un asalto callejero.

Para el fundador y líder de Alianza País, la pregunta número dos es la que mueve el tablero político nacional, y es uno de los ejes de la actual disputa. Dice: “¿Para garantizar el principio de alternabilidad, está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo (…) dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015?”.

Para explicar su negativa refirió que prohibir la reelección indefinida (que se aplica a todos los cargos alguna vez ejercidos, no necesariamente consecutivos) es en realidad una proscripción a los candidatos. “Es una limitación no justificada a los derechos constitucionales de participación que poseen los candidatos que están aspirando a una reelección y el derecho a elegir de las personas”, afirmó.

Otro punto polémico es el que busca reestructurar el funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un organismo con potestad para nombrar funcionarios de justicia y contralor. La reforma de ese punto es considerada por Correa “golpe de Estado plebiscitario”. Dice que el cambio permitiría al presidente controlar a su antojo el Consejo.

“Significaría, explicó, que delegados del presidente de la República tengan la posibilidad de nombrar y remover a voluntad a funcionarios de otras funciones del Estado y de la Corte Constitucional. Así, el presidente Moreno, a través de sus delegados, tendría control total sobre el Poder Judicial, la función electoral y los organismos de contralor”.

Son varios los funcionarios del gobierno de Moreno que han renunciado ante el conflicto, en apoyo a Correa. Uno de ellos es el excanciller y embajador ante la ONU Guillaume Long: “Me rehúso a ser cómplice del peligroso autoritarismo, disfrazado de falso ecumenismo y espíritu dialogante, que hoy coloniza agresivamente a nuestro Ecuador”, expresó el diplomático, en su misiva dirigida al mandatario ecuatoriano.

También dejaron el gobierno  los consejeros presidenciales Ricardo Patiño y Virgilio Hernández, junto a la secretaria de la Gestión Política, Paola Pabón y el presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, quien dejó su cargo poco después del envío presidencial de los decretos para convocar la consulta.

Para observadores, es muy probable que la consulta popular sea ganada por Moreno, debido al poderoso aparato estatal que heredó de Correa, el apoyo de la oposición política derechista y la oligarquía que vio tambalearse sus privilegios durante la década revolucionaria.