Brasil en una nebulosa

Aunque las últimas semanas demostraron el respaldo de la población nordestina al exmandatario Lula da Silva aún hay mucho camino por recorrer para que las elecciones presidenciales del 2018 devuelvan al ex líder metalúrgico, si logra la candidatura, al Palacio de Planalto.

Lula da Silva, fundador del Partido de los Trabajadores (PT), es, en opinión de analistas, un perseguido de la justicia brasileña al que los intereses de los grandes capitales no desean de retorno en la silla presidencial. Para impedirlo vale todo, hasta trampas y contubernios muy bien pagados por la oligarquía.

Las vías no están expeditas para este político de 71 años que bajo la dictadura militar fundó en Sao Paulo (1982) la organización bajo cuya bandera despliega hasta ahora su batalla para que Brasil —con más de 250 millones de habitantes, grandes desigualdades y una clase política corrupta— tenga un mejor desempeño interno y mundial.

El gran plan global capitalista de impedir que dirigentes progresistas o revolucionarios asuman o reasuman los gobiernos en América Latina está en marcha, y el exmandatario es uno de los blancos actuales, dado sus altos índices de respaldo (más del 30 % en primera vuelta), si se presentara a los comicios del año entrante.

Para evitar que siquiera llene las boletas que lo acreditarían para la liza de octubre en representación del PT, la oligarquía brasileña que mueve los hilos políticos de la nación —una historia vieja con ribetes nuevos— se vale del juez federal Sergio Moro, quien, como un mago, saca de la manga acusaciones hasta ahora sin pruebas.

Moro es el investigador principal de la Operación Lava Jato en la estatal Petrobrás, en la cual aparecen relacionados grandes consorcios, como la constructora Odebrecht, y un significativo número de políticos corruptos del actual gobierno de facto de Michel Temer, e incluso algunas figuras del PT.

Este magistrado no ha podido demostrar que la firma Odebrecht le comprara a Lula un apartamento para uso personal,  una de las seis causas en que la justicia lo relaciona con delitos de dinero, siempre latentes en las esferas de la alta política brasileña.

No obstante, y a pesar de los testigos que negaron las supuestas regalías al exmandatario, sin que medie documento alguno del considerado chantaje, el juez condenó en primera instancia a Lula a ocho años y medio de cárcel, lo llevó a declarar en dos ocasiones —la última de ellas la semana pasada—, lo retuvo en prisión por horas, y aún espera por la apelación de la defensa para hacer firme su condena.

Si lo hace, estaría dejando fuera de un plumazo la posible candidatura y victoria de Lula da Silva, a pesar de las muchas voces de protesta y manifestaciones públicas contra el acoso judicial lanzado en su contra.

En ese sentido, Marco Aurelio García, principal asesor de política exterior de los gobiernos del PT (tres mandatos continuos hasta el 2016), pidió la inhabilitación de Moro, al que acusa de violar la legalidad y la imparcialidad.

García brindó una entrevista a la agencia noticiosa argentina Télam, en la que destacó que “el PT tiene a ese señor Moro bajo sospecha desde que violó el secreto de comunicación cuando difundió a la prensa la escucha que el autorizó de conversaciones de Lula con la exmandataria Dilma Rousseff”, a la que un golpe de Estado parlamentario-judicial derrocó en agosto del pasado año.

Tal ilegalidad lo inhabilita para seguir ocupándose del juicio contra Lula, y además, destacó García, este juez tiene plena identificación política con el gobierno de Temer. Tenemos fotos de Moro, refirió, en amistosa conversación con el aliado del golpista Temer, el ex candidato presidencial Aécio Neves —también indicado en un proceso de sobornos— y su familia está comprometida con el Partido de la Social Democracia Brasileña, que le da apoyo absoluto al oficialismo.

RESPALDO POPULAR

Más de siete mil personas esperaban en la ciudad de Curitiba el pasado miércoles a Lula da Silva para aclamarlo y brindarle solidaridad, luego de que estuviera tres horas declarando ante el juez Moro y proclamando su inocencia.

“Espero que el juez tenga el coraje de decir ‘no tenemos prueba y mentimos’”, dijo Lula a sus seguidores, en tanto reiteró su respeto a los miembros del Poder Judicial, a quienes instó a ser dignos y “plantear a los medios que lo acusan que cometieron un error y se disculpen”.

Recién llegado de un recorrido por nueve Estados y 23 ciudades del nordeste, Lula visitó la región más pobre de Brasil y la más favorecida por los gobiernos petitas. En Curitiba se repitió la escena de millares de personas que pedían a Lula de nuevo como presidente y gritaban Fora Temer, en alusión a la salida del actual jefe de gobierno, que esta última semana fue denunciado dos veces por esquemas de corrupción.

“La verdad vence a la mentira”, destacó Lula, y advirtió que conoce “los motivos de los ataques, de las mentiras. Pero no me pongo nervioso, me pongo muy orgulloso porque después de investigar a mi vida desde hace dos años, después de pincharme el móvil, irrumpir en mi casa, no encontraron prueba alguna”.

En los últimos días, el eventual candidato presidencial afirmó que un solo partido no lograría ganar las elecciones, por lo que llamó a formar una alianza de fuerzas revolucionarias que estaría integrada, en principio, por el Partido Socialista de Brasil, el Democrático Laborista y el Comunista de Brasil, con los cuales pretende el trazado de un “programa programático”.

Y mientras el proceso judicial continúa su curso en medio de la crítica popular, ya se anuncian nuevas caravanas por distintas localidades por el futuro candidato del PT, en una campaña electoral no declarada.

Uno de los lugares mencionados por voceros de ese partido, el mayor del país, es la Bajada Fluminense, una región del sureño estado de Río de Janeiro, donde se asienta la población más pobre, víctima de la violencia del narcotráfico y de la Policía Federal. Esa área es considerada una de las más violentas del famoso territorio, buscado por millones de turistas extranjeros.

Para el PT es imprescindible recobrar la confianza de su militancia y de sus millares de seguidores en la base en respuesta a las críticas contra la exmandataria Rousseff, que, dicen fuentes progresistas, dejó a un lado a la población para gobernar con la élite política que después la traicionó.

NUEVAS DENUNCIAS CONTRA TEMER

El presidente de facto Michel Temer fue denunciado en las últimas horas por organización ilícita criminal dentro de su partido, el Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) en la Cámara de Diputados, carcomida por la corrupción en la empresa estatal Petrobrás.

La acción procedió de la Policía Federal de Brasil, que envió a la Corte Suprema el resultado de las investigaciones demostrativas de que “el presidente Michel Temer posee el poder de decisión en las acciones del grupo del PMDB de la Cámara, tanto para indicaciones en cargos estratégicos como en la articulación con empresarios beneficiados en los esquemas, para el recibo de valores, bajo justificativa de donaciones electorales”.

Como en toda organización criminal con división de tareas, afirma el texto, el mandatario se vale de terceros para ejecutar acciones bajo su control y gerencia y “utiliza” al ministro de la Secretaría de Gobierno, Moreira Franco, al ministro de la Presidencia, Eliseu Padilha, y al actualmente preso, exministro Geddel Vieira Lima para conseguir “la captación de recursos” de empresas privadas.

Entre los delitos citados, presuntamente cometidos por el grupo, resaltan corrupción activa y pasiva, lavado de dinero, fraude en licitaciones y evasión de divisas.

La denuncia policial ocurrió tres días después de que el Fiscal General, ya en retiro del cargo, Rodrigo Janot, tuviera igual actitud por la asociación ilícita de la cúpula en el Senado del PMDB, un partido fundado en época de la última dictadura militar para brindar una imagen de democracia en el país. Según Janot, los implicados recibieron 587 000 de reales (moneda nacional) en propinas de varias empresas.

Acciones similares ya han estado planteadas contra el usurpador del cargo presidencial, pero no prosperan pues su investigación debe ser aprobada por la Cámara de Diputados, en la que sus miembros aparecen indicados en los delitos.

De ahí que el pasado sábado, el presidente no electo, con solo un 5 % de apoyo popular, se reuniera con parte de su gabinete para trazar la estrategia —dijo el Jornal do Brasil— con que hará frente a las nuevas acusaciones y ultimará detalles de su viaje este martes a Estados Unidos, donde se reunirá con el presidente Donald Trump y otras autoridades.