El presidente brasileño Jair Bolsonaro, considerado un lunático en algunos medios políticos y un neoliberal capaz de despojar al país de sus grandes riquezas naturales, le está haciendo la guerra a los pueblos indígenas de la región amazónica, en especial, para favorecer a las trasnacionales extranjeras.
Apenas ha pasado poco más de un año desde que el ex capitán defensor de las dictaduras militares y diputado por siete legislaturas consecutivas asumiera el máximo cargo gubernamental, tiempo en el que ha demostrado ser un fanático de los peores políticos ultraderechistas, como él, capaz de venderle su alma al diablo, a pesar de su muy publicitada religión evangélica.
Este individuo, cuya familia está involucrada en negocios ilícitos, y su hijo Flavio aparece como uno de los líderes de las milicias que matan y golpean a figuras de la izquierda brasileña, pretende entregar el país más grande de América Latina, poseedor de una de las mayores biodiversidades del planeta, al capitalismo foráneo, con grandes beneficios para Estados Unidos (EE.UU.).
Bolsonaro es un narcisista de primera línea, capaz de llevar a altos estamentos su espíritu discriminador hacia los negros y los pueblos autóctonos que mantienen fidelidad a su cultura y defienden, asistidos por el derecho, sus tierras primitivas.
Se estima que en ese país viven 900 000 indígenas, lo que equivale al 0,4 % de la población brasileña. El Gobierno reconoció 690 territorios que abarcan aproximadamente el 13 % de la superficie del país.
Una mayoría de ciudadanos de este país gigante de pies descalzos, con una extraordinaria desigualdad social, votó por Bolsonaro en las elecciones de 2018, quien urdió un complot mediático y judicial contra el que debió ser el jefe de gobierno, el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, y lo mantuvo en prisión por falsos delitos durante 580 días. Su campaña fue mayormente en las redes sociales, sobre la base de noticias falsas propagadas en Brasil y el resto del mundo.
El evangélico presidente, amigo personal —dice él— de sus homólogos Donald Trump, de EE.UU, y de Israel, Benjamín Netanyahu, sigue una hoja de ruta contra los derechos humanos del pueblo brasileño.
Ejemplo de ello fue el asesinato en plena calle de la concejala Mairelle Franco, una mujer negra, residente en una favela y bisexual —los Bolsonaro odian a los gays—, quien investigaba en Río de Janeiro el poder de los paramilitares en los morros de ese sureño Estado. Junto a ella cayó también tiroteado su chofer Anderson Gomes.
Comprobada está la participación en el crimen de sicarios vinculados al mandatario y a su hijo Flavio, quien se supone dio la orden del homicidio.
En una de sus intervenciones catalogadas de locas, hace algunos días Bolsonaro aseguró que “el indio está evolucionando y convirtiéndose en un ser humano”. La vergüenza cayó sobre Brasil, una nación que abriga a más de 300 grupos indígenas, varios de ellos sin contacto con otros seres humanos, lo que podría cambiar en poco tiempo de manera obligada cuando penetren en esas zonas vírgenes los trabajadores de las trasnacionales.
DESPOJAR A LOS INDÍGENAS
Para el clan Bolsonaro —el presidente y sus dos hijos con escaños en el Congreso Nacional—, la vida de un indígena vale un cero multiplicado por tres. Este individuo inculto, esconde sus intenciones bajo el disfraz de payaso de turno, capaz de expresar las ideas más tontas tanto en el campo personal como político. Pero aun con sus continuos dislates está consciente de que debe cumplir las exigencias de la oligarquía nacional y el capital foráneo que le ayudaron a entrar por la puerta principal del Palacio de Planalto a pesar de su reconocido bajo nivel intelectual. Era el títere perfecto de la invasión imperial.
Pronto el presidente enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley que autoriza y reglamenta la minería y la generación de energía eléctrica en tierras de reservas indígenas, determinadas por la Constitución Nacional.
Como en Brasil tanto los diputados como los senadores aprueban o no en base al dinero extra que reciban por los votos, existe la certeza casi absoluta que la nueva regulación será aprobada.
El anuncio de la futura ley estuvo precedido del nombramiento del antropólogo y pastor evangelista Ricardo Lopes Dias como coordinador de los indígenas aislados de la Fundación Nacional del Indio (Funai), un departamento muy importante en la institución dedicada a la protección de los pueblos autóctonos.
Legalmente se consideran “aislados” a los integrantes de comunidades que optaron por permanecer sin ningún contacto con el mundo exterior, quienes son más vulnerables a las acciones de mineros y madereros clandestinos, cuya actividad se multiplicó en los últimos meses.
Muy cercanas están aun las imágenes del incendio provocado en el Amazonas, donde viven miles de indígenas, que ya son víctimas de la tala de las trasnacionales beneficiadas por la administración bolsonarista. En agosto pasado el fuego arrasó 29 944 km² de bosque amazónico, según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil (Inpe).
Lopes Dias está vinculado a la secta religiosa Nuevas Tribus de EE.UU. por lo cual algunos medios consideran que nada hará para salvar la vida de quienes desde hace cientos de años permanecen alejados de la llamada civilización.
Nuevas Tribus promueve la evangelización de los pueblos originarios y la explotación de sus riquezas naturales.
El nombramiento de este individuo fue rechazado por organizaciones defensoras de los derechos de las comunidades primarias, entre ellas, el Consejo Indigenista Misionero, vinculado a la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil y otras congregaciones religiosas.
Las dos medidas tomadas por el régimen eliminarán las barreras protectoras de las tribus asentadas en la región amazónica.
Cuando era diputado, el ahora mandatario criticó lo que piensa es “un exceso de derechos” de los primeros pobladores de Brasil, lo cual, en su opinión, impide el progreso en áreas demarcadas. “Ninguna reserva será demarcada durante mi mandato”, anunció en plena campaña electoral en 2018. Y lo viene cumpliendo.
En uno de sus tantos disparates políticos, el presidente dijo que “Los indios no hablan nuestra lengua, no tienen dinero, no tienen cultura. ¿Cómo lograron hacerse del 13 % del territorio nacional?”, dando muestras de que desconoce la historia de su nación.
En su defensa de la apertura a la explotación comercial de las reservas, volvió a cometer otro dislate cuando afirmó: “Seguramente los indios cambiaron, están evolucionando. Cada vez más, el indio es un ser humano parecido a nosotros, pero es criminal que las reservas abriguen inmensas cantidades de valiosos minerales desperdiciados”.
Y como esos grupos carecen de capitales, la explotación de sus propias tierras estará a cargo de firmas dispuestas a quedarse con las riquezas y el dinero del gigante suramericano de más de ocho millones de km2.
En su plan destructivo, Bolsonaro deberá violar la Constitución Nacional de 1988, la que estableció que “cualquier tipo de exploración mineral en las tierras indígenas debe obedecer a una rigurosa reglamentación votada en el Congreso. Además, los habitantes del área deberán inevitablemente aprobar el proyecto”.
La disposición enviada al Parlamentos sugiere la consulta a las poblaciones afectadas, pero ellas no tendrán derecho al voto.
Además de extender el negocio de la megaminería, en la futura ley se incluyeron las actividades agropecuarias —para las cuales los bosques son un impedimento— explotación de petróleo y gas, y generación de energía eléctrica con construcción de presas y usinas. El daño al medio ambiente será devastador, de aprobarse el engendro gubernamental.
El diario O Globo, defensor del ultraderechismo, informó que el borrador de la ley prevé el pago de indemnizaciones a las comunidades restringidas en el uso de sus propias tierras. También señala que pueden desarrollar por su cuenta las actividades mineras, cuando sabido es que no tienen capitales para hacerlo, o de lo contrario, buscará el gobierno su consentimiento para que terceros lo efectúen.
Bolsonaro nunca ocultó su odio y deseo de eliminar a los pueblos indígenas. Tal es su deseo de aniquilarlos que en una intervención en el Congreso cuando era diputado y se discutía sobre su exterminio, refirió: “Lástima que la caballería brasileña no haya sido tan eficiente como la norteamericana (su obsesión por igualarse a EE.UU. es enfermiza) que los exterminó”.
Los sectores ambientalistas de Brasil denunciaron el genocidio que sobrevendrá si el presidente logra que el Congreso apruebe la nueva ley.
La respuesta pública de Bolsonaro contra quienes defienden el medio ambiente y protegen las comunidades dejó perplejos a muchos. “Si pudiera los confinaría en la Amazonia, ya que tanto les gusta”, aseguró.
El presidente está convencido de que logrará una mayoría en el Congreso, aunque algunos analistas recuerdan que varios de sus proyectos no pasaron. Pero ahora se trata de mucho dinero por el medio y a su favor tiene el apoyo de la bancada vinculada al agronegocio, de gran poder en el órgano legislativo.
Una de las personalidades que protestó por su llamado “sueño de aniquilamiento masivo” fue Sonia Guajajara, coordinadora de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), quien señaló que “Su sueño, Bolsonaro, es nuestra pesadilla y nuestro exterminio, porque la minería trae muerte, enfermedades, miseria y acaba con el futuro de nuestros hijos”.
También la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (COIAB) señaló que “Nuestras familias sufrieron históricamente con la actuación de misioneros proselitistas que forzaron el contacto con nuestros abuelos y abuelas. Un contacto forzado a través de mentiras, violencia y amenazas de muerte”.
Mientras, Paulo Guedes, ministro de Economía, sigue como una veloz locomotora despilfarrando los bienes de de Brasil con el proceso de privatizaciones, que incluye la petrolera Petrobrás, en pleno proceso de disección.
Guedes, exfuncionario de Augusto Pinochet, es uno de los que dejó a Argentina, como consejero de Mauricio Macri, en la ruina económica heredada por el presidente Alberto Fernández.
Defensor a ultranza de la entrega del país al capital foráneo, este individuo aseguró ante la prensa que, “si dependiera de mí, yo privatizaría hasta el Palacio de La Alvorada”, en referencia a la residencia presidencial.
Mientras, un analista como Eric Nepumoceno escribió en el periódico Página 12 la obsesión de Bolsonaro por destruir los gobiernos progresistas, a los que él llama comunistas. Recordó que todos los sectores de Brasil sufren una nueva dictadura. El excapitán, siempre amenazante, advirtió que destruirá el comunismo en América Latina. Muchos se preguntan en este mundo si Bolsonaro sabe siquiera el significado de la palabra comunismo.
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