Argentina en paro

Marzo fue un mes de movilizaciones y protestas en Argentina, y solo seis días después del inicio de abril, la Central General de Trabajadores (CGT), la mayor del país, convocó a un paro nacional este jueves luego de que el gobierno de Mauricio Macri no tomara nota, al parecer, de la fuerza de los sindicatos.

“Los trabajadores durante 15 meses (tiempo transcurrido desde la asunción del millonario exempresario) pusieron el hombro, y Macri lo único que hizo fue aumentar las tarifas”, expresó el consejo directivo de la central obrera en una declaración.

El paro nacional de 24 horas fue un reclamo de los distintos gremios contra las políticas oficiales y la aparente indiferencia del ejecutivo neoliberal ante las movilizaciones del pasado mes, que estremecieron el país suramericano.

Juan Carlos Schmid, uno de los secretarios generales de la central obrera —dirigida por una tríada— expresó que la paralización demuestra el repudio al gobierno y sus políticas y recordó que los participantes en la marcha del 7 de marzo exigieron una demostración de fuerza de la clase obrera.

Desde que Macri, aliado de Estados Unidos y uno de los furibundos actores políticos contra la Revolución Bolivariana de Venezuela, asumió la Casa Rosada en diciembre de 2015, “los asalariados perdieron poder adquisitivo, puestos de trabajo y a la caída del consumo se le sumó la llegada de más productos importados”, indicó Schmid.

Para los líderes de la CGT, el presidente, repudiado por el tráfico de influencias para condonar una deuda de cuatro mil millones de dólares a una firma de su familia, debe escuchar y recapacitar sobre su política neoliberal, que dejó en la calle a más de 150 empleados de los sectores público y privado.

La ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich, ofendió a los sindicalistas por el paro nacional y afirmó que “no ayuda en nada” la ofensiva obrera contra el gobierno, y los conminó a “ponerse a trabajar”, pues las medidas de fuerza “son, en su opinión, totalmente inexplicables”.

Al anuncio de la CGT, la respuesta oficial fue la amenaza de una ofensiva legal contra los sindicatos para, afirmó Bullrich, “escarmentar a los promotores de la huelga y recordarles que deberán lidiar con la administración de Mauricio Macri como rival”.

Lo cierto es que el presidente sigue un peligroso camino con la represión a los sindicatos, los que, como otros movimientos sociales, estudiantiles, docentes y agrarios protestan contra sus medidas dirigidas a complacer a los capitales. En su primer año, el antiguo gobernador de la provincia de Buenos Aires, donde se concentra gran parte de las familias más ricas del país, impuso altas tarifas al servicio eléctrico y el gas. No es difícil encontrar viviendas a oscuras, pues los nuevos precios elevaron entre un 300 y 500 % las facturas domésticas.

Ante el paro nacional, Macri solicitó a su gabinete “doblar fuerzas para ir a fondo y no dejarse ganar por los mafiosos”, refiriéndose a los sindicatos.

Casi gritando —según un testigo que solicitó anonimato— el dignatario pidió a sus ministros enfrentar a los sectores sindicales, empresarios y políticos que quieran trabajar para desestabilizarlo. “O los mafiosos van presos, advirtió, o nos voltean”. 

Según esa fuente, Macri solicitó garantías “para la libre circulación en las calles este jueves para quienes quieran y puedan ir a trabajar por sus propios medios. En esto no vamos a aflojar”.

 Las convocatorias a las movilizaciones partieron de la CGT, dos del gremio magisterial, un paro internacional de mujeres el día 8, a las que se unieron las argentinas; una acampada en la calle 9 de Julio de los movimientos sociales. También el día 24 y el 29 y, finalmente, una el día 30 —reflejada incluso en los medios de comunicación oficiales—, mediante llamamiento de las dos Centrales de Trabajadores Argentinos (CTA).

Aunque el pasado mes fue significativo en la lucha contra el gobierno macrista por las masivas concentraciones y marchas, la presencia obrera se halla latente en las calles argentinas desde que asumió Macri, al margen incluso de los partidos políticos tradicionales que intentan razonar con los neoliberales mediante el diálogo.

La clase obrera argentina, que históricamente ha constituido una importante fuerza política, tomó el pasado mes la voz de la oposición, sin respiro para el oficialismo.

Aunque las direcciones de los sindicatos poseen criterios heterogéneos, es innegable que la exigencia de la clase obrera para que se actúe contra Macri ha logrado en la nación austral un importante grado de unidad en la acción antigubernamental, lo cual apunta, indican analistas, a una convergencia de criterios sobre las formas de lucha para enfrentar al gobierno.

Las movilizaciones contra las políticas del dignatario, considerado un peón de la derecha en la región, dieron paso a una conducción articulada, inexistente hace algunos meses, por las direcciones del movimiento sindical, cuyo propósito ahora es mantener en jaque a las filas gubernamentales.

Para Macri la situación política le resulta poco favorable ante elecciones de medio término, pues hasta ahora ha incumplido sus previsiones de campaña para la presidencia, o sea, a grandes rasgos, la entrada de inversiones, creación de empleo y reactivación del sistema productivo.

Todo ello redunda en una pérdida de sustento político en las bases, que nunca le fue tan favorable al mandatario, pues ganó los comicios por solo un tres por ciento de diferencia frente a su rival del oficialista Frente para la Victoria (Fpv) Daniel Scioli, poco convincente en sus pretensiones y atacado por una sucia campaña conservadora que le restó votos.

A las medidas antipopulares se une el descubrimiento de maniobras económicas por parte de Macri —como su presunto vínculo con el escándalo Panamá Papers— o la condonación casi completa de la deuda de Correo Argentino, propiedad de su familia, o concesiones de rutas a una aerolínea directa, sucesora de otra también del grupo de sus parientes.

Observadores entienden que el presidente necesita conjurar los efectos de la protesta social, lo cual será casi imposible, pues estas tienen su génesis en la contradicción de que al jefe del gobierno le resulta difícil ejercer una autonomía política sin intromisión de los grandes capitales que él representa.

Para quienes votaron por él y su alianza derechista Cambiemos, ante las promesas de reducir la pobreza, unir a los argentinos y acabar con el narcotráfico, el gobierno de Macri es una gran estafa. De esos objetivos, solo los decomisos de drogas brindan alguna respuesta a la confianza de sus votantes.

Para tratar de salvar su imagen —y al contrario lo que hace es perjudicarla más—, el gobierno juega las cartas de los regímenes conservadores latinoamericanos, con mecanismos de desprestigio a los líderes de los movimientos obreros, a los que pretende presentar como apologistas de la violencia.

La nueva confrontación electoral comienza en agosto próximo y, según dirigentes de Cambiemos, su batalla será contra el FpV de la expresidenta Cristina Fernández, en un plan para suprimir la influencia de otras fuerzas y presentarse como única opción al llamado kirchnerismo iniciado con el fallecido mandatario Néstor Kirchner.

Otra táctica de Cambiemos es tratar de atraer a sindicatos de la CGT para iniciar conversaciones que supriman las movilizaciones de calle.

Algunos analistas consideran que el gobierno juega esa carta para evitar el surgimiento de otras fuerzas políticas capaces de restituir al kirchnerismo en las próximas elecciones o en las del 2019, aunque es también probable que del movimiento popular surja una perspectiva política que se constituya en opción electoral.

Las elecciones legislativas primarias, según anunció este miércoles el gobierno, se efectuarán el venidero 13 de agosto, y los comicios generales el 22 de octubre.

La normativa suscrita por Macri, y publicada en el Boletín Oficial, indica que en agosto se elegirán los candidatos a senadores y diputados nacionales, mientras que dos meses después serán esas mismas figuras por cada distrito.

En 2017 concluyen sus mandatos 127 miembros de la Cámara de Diputados y los senadores de las provincias de Buenos Aires, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Juan, San Luis y Santa Cruz, indicó la agencia de noticias Prensa Latina desde Buenos Aires.