Argentina comienza caliente el 2018

Aunque la coalición oficialista Cambiemos ganó las elecciones de medio tiempo el pasado año, el gobierno de Mauricio Macri, que cada vez aprieta más el bolsillo de los argentinos, empezó enero con el pie izquierdo, una tendencia que puede repetirse durante los próximos meses.

Esta semana, varios acontecimientos sacudieron el espectro político y económico del régimen derechista del millonario Macri, quien proclama muy orgulloso su amistad con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien es evidente le interesa más el proteccionismo a su país que las buenas relaciones.

Dos noticias acapararon primeras planas de la prensa del país suramericano el pasado jueves: las movilizaciones contra los miles de despedidos del pasado año —solo en diciembre fueron más de 2 000 y en torno a 100 000 en 12 meses— y, de acuerdo con previsiones de los sindicatos, las cesantías que se avecinan, al igual que otras medidas de ajustes y recortes sociales. Las protestas también respondieron a las nuevas tarifas en servicios básicos.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Argentina, Hugo “Cachorro” Rodríguez, confirmó que en los últimos días el gobierno ordenó otros 1 100 despidos y criticó “el envalentonamiento y autoritarismo de Macri”, que, dijo, actúa “hostigando y amenazando” a los funcionarios del sector público.

Rodríguez explicó en entrevista radial que “se militarizaron las plantas de fábricas para impedir que los obreros ingresen a sus puestos de trabajo”.

Estas movilizaciones, precisó el líder sindical, también se realizan en protesta por los aumentos a los servicios públicos, transporte y electricidad a partir del próximo lº de febrero y las reformas neoliberales en marcha.

En efecto, en los primeros días de este mes el gobierno anunció nuevas alzas en los boletos de ómnibus y trenes. En el área metropolitana de Buenos Aires, de intensa movilización de público, el incremento —que continuará de manera paulatina el resto del año— comenzó con un 33 % para concluir en diciembre en un 116 %. El llamado ticket mínimo de tramos cortos en los trenes subirá un ciento por ciento. La estatal Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), incrementará un 27 % el precio de los pasajes.

La tarifa de electricidad para clientes residenciales se elevará un 12 %, y el gas hasta un 49 %, en todas las provincias, desde abril próximo.

Según fuentes oficiales, los precios tendrán ajustes a la alza a mediados de este año, mientras se esperan también nuevos precios en otros sectores.

Pero, en opinión del Fondo Monetario Internacional (FMI), uno de los prestamistas del gobierno argentino, Macri “lo está haciendo muy bien” con los ajustes que aplica, aunque le exigió más recortes, como el 5 % que redujo en subsidios en el presupuesto de este año, según concluyó en su Informe del 2017.

Los trabajadores argentinos tienen razones de sobra para protestar, una línea de los sindicatos y movimientos populares adoptada para el desgaste del régimen que ya, dos años después de su asunción, no puede hablar de derechos humanos, pisoteados en absoluta inmunidad, en componenda con el Tribunal Supremo de Justicia y los grandes grupos de poder.

En acciones que recuerdan la dictadura militar que desapareció a más de 20 000 jóvenes, el régimen macrista también se caracteriza, aunque gobierna bajo una llamada democracia, por la violenta represión contra sus opositores.

Golpeaduras, uso de gases lacrimógenos y carros de agua contra manifestantes, desaparición forzosa y asesinato de dos jóvenes, prisión política de una activista social, caracterizan una política pública que suspendió la libertad de expresión que primaba durante los anteriores gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

La otra noticia está relacionada con Estados Unidos. Resultó un puñetazo para Macri en especial, cuyos arrumacos con Trump no surtieron los efectos esperados en el tema de los subsidios norteamericanos al biocombustible procedente de Argentina e Indonesia.

El presidente había gestionado personalmente con Trump el quite de los aranceles a ese producto, que ahora, según expertos económicos, no podrán ser exportados por el alto costo impuesto por Washington.

“Las gestiones del Gobierno han sido muy importantes. El presidente habló con Trump y también hubo conversaciones por parte del ministro de Producción y el Canciller. El tema está en el más alto nivel político. El Departamento de Comercio planteó la disposición para negociar”, afirmó el gobierno. Mintió.

Con la firma de la International Trade Administration del Departamento de Comercio, el Boletín Oficial de ese ente estadounidense afirmó que “el gobierno concluyó que su industria se veía ¨materialmente perjudicada¨ por las importaciones subsidiadas, a tono con la política proteccionista del jefe de la Casa Blanca”.  .

Publicada la medida en el diario Página 12, el Boletín establece que las empresas suramericanas deberán pagar a partir de este jueves un arancel del 71,87 %, con excepción de la Louis Dreyfus Corporation Argentina, con un 72,28 % y la Vicentín, el 71,45 por ciento.

La decisión del amigo de Macri cierra en la práctica la puerta a las exportaciones nacionales, equivalentes a 1 600 millones de dólares anuales.

Comenzó un 2018 caliente en la tierra del tango, con claros antecedentes en la semana del 10 al 16 de diciembre pasado, cuando el gobierno intentó anotarse dos tantos importantes: aprobar la reforma previsional y anunciar el acuerdo del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea (UE) durante la Cumbre Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) con sede en Buenos Aires.

La movilización popular puso en jaque la prevista reforma que implica cambio en la modalidad de cálculo de la actualización salarial de las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales, encaminada a que los beneficiarios cobren menos y de esa manera contribuir a reducir el déficit fiscal.

Tal fue el descalabro que —para su suerte retrocedió— el gobierno amenazó con impulsar la previsional mediante un decreto presidencial, lo que hubiese sido, dicen analistas, echarle gasolina al fuego.

La Cumbre de la OMC militarizó la ciudad con el despliegue de millares de policías y gendarmes. Más allá del espectáculo, el encuentro resultó fallido en las negociaciones comandadas por las grandes corporaciones. Tampoco se concretó el acuerdo del TLC entre el Mercosur y la UE.

Al contrario de los supuestos triunfos gubernamentales, la política macrista desató un escándalo internacional cuando prohibió la acreditación y entrada de delegados de Organizaciones no gubernamentales y asociaciones inscriptas en el foro de la sociedad civil. A ellos se unió la deportación cuando ingresaban al país de Sally Burch, de la Agencia Latinoamericana de Información (Alai) y de Petter Titland, integrante de Attac, de Noruega.

Muchos se preguntan por qué si Macri ganó la presidencia en 2015 y las legislativas de 2017 le cuesta tanto esfuerzo concretar sus políticas neoliberales.

La respuesta es que sus triunfos electorales obedecen a múltiples razones, entre ellos la división de los partidos de izquierda, pero no están asentados en una derrota de los sectores populares, precisamente sus principales opositores. De ahí sus desaciertos y su represión con ribetes dictatoriales.