Año complejo para gobierno de Gabriel Boric (+Audio)

Cuando asumió la presidencia de Chile el pasado marzo con el apoyo de más del 55 % del electorado, el exlíder estudiantil y declarado izquierdista Gabriel Boric no imaginó las problemáticas y desafíos de los meses siguientes, en un año complejo con duros golpes a su imagen pública.

Boric ganó la primera magistratura a los 35 años con la alianza Apruebo Dignidad, frente a un rival de la ultraderecha, José Antonio Kast, con el cual el austral país, si hubiese ganado, seguiría el camino del saliente millonario Sebastián Piñera, quien ordenó la brutal represión contra una masa juvenil que en 2019 exigía una nueva Constitución Nacional.

Dotar al país austral de una Carta Magna devino uno de los campos de batalla para el joven mandatario, que heredó una Convención Constituyente redactora escogida en elecciones populares, pero que no cumplió las expectativas de una mayoría, y fue rechazada (62%) en referendo popular el pasado septiembre.

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Aunque el mandatario no es responsable directo del revés sufrido en el referendo, sí lo es de que el reclamo popular sea cumplido.

En octubre de 2020 casi un 80% de los electores en Chile votaron a favor de cambiar la ley de leyes y hacerlo mediante una Convención Constitucional redactora, a la que Piñera puso un alto número de trabas e inconvenientes. El texto resultó relegado, pero no la reclamante exigencia popular.

Como resultado de su primera crisis gubernamental, Boric reestructuró su gabinete, en un momento de crispación política, tras una caída de su popularidad (ahora en torno al 29%, según la encuesta Plaza Pública) , debido a medidas no aceptadas –como la prolongación del estado de excepción en el Sur-, el alza inflacionaria, y fracturas entre la coalición que lo apoya.

Entre los nuevos ministros está Carolina Tohá, del Partido por la Democracia, que ocupa la cartera de Interior, y  Ana Lya Uriarte, del Socialista, encargada del ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Analistas coinciden en que el presidente dio entrada en su gabinete a figuras del centroizquierdismo tradicional. Tohá fue alcaldesa de Santiago (2012-2016) y ministra del gobierno de Michelle Bachelet (2009-2012). Uriarte dirigió el gabinete de Bachelet durante su segundo mandato.

La saliente ministra del Interior Izkia Siches, figura clave en la campaña electoral del exdirigente estudiantil, en especial para el balotaje, salió del Ejecutivo.

Algunos rejuegos políticos ya aparecen en el gobierno. El actual contexto poco favorece al mandatario, obligado a buscar otras vías para cambiar la Carta Magna vigente, elaborada por figuras cercanas al dictador Augusto Pinochet.

Tras el plebiscito en el que ganó el Rechazo, Boric retomó el proceso de redacción de una nueva Constitución, que coronó en un acuerdo con 14 partidos políticos con representación en el Congreso Nacional –al que es evidente brinda más protagonismo- tras casi 100 días de negociaciones.

En una fase considerada burocrática y de alto riesgo político, la redacción del futuro texto comenzará con la elaboración de un anteproyecto a cargo de una Comisión Experta que se instalará en enero próximo.

Esa Comisión Experta estará formada por 24 personas elegidas en partes iguales por la Cámara Baja y el Senado, según la presencia de las fuerzas políticas en el Legislativo.

El Consejo Constitucional en tanto será elegido en votación universal y obligatoria en abril del 2023 y contará con 50 integrantes, que en mayo del próximo año, podrá aprobar, rechazar o modificar la propuesta de la Comisión Experta, y discutir y dar el visto bueno a las normas y el texto final de la nueva Constitución. El documento se entregará el 21 de octubre de 2023 y será sometido a un plebiscito ratificatorio el 26 de noviembre siguiente.

No todos coinciden en Chile con el nuevo andamiaje constitucional. Tras ser anunciado el denominado “Acuerdo por Chile” –y así lo refleja la prensa alternativa local- la opinión pública duda sobre el rol de los 24 expertos.

De hecho, una de las preguntas que saltan a la palestra es ¿Qué se entiende por un experto?.

Pero el presidente tiene otras preocupaciones que calientan el ambiente político y social.

Una de las promesas de su campaña hasta ahora incumplida es la liberación de 211 jóvenes – de acuerdo con Radio Nacional de Chile- detenidos durante las manifestaciones ocurridas  entre el 18 de octubre de 2019 y el 30 de marzo de 2021. De ellos, 144 están en prisión preventiva y otras 67 tienen sentencias firmes. Pueden ser muchos más, según reclaman familiares de desaparecidos.

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Más allá de esas cifras, el problema radica en que el proyecto de ley impulsado por el Gobierno y que aún descansa en el Congreso puede abarcar a presos por otras causas, ya que el presidente precisó una amnistía y no indulto para los detenidos, lo cual cubriría, según abogados, la criminalidad común.

Sin embargo, para el abogado José Gutiérrez, "todos los jóvenes privados de libertad con posterioridad al estallido social son parte de un mismo contexto, ya que todos los hechos tienen la misma explicación y es, en definitiva, expresar de manera contundente el malestar que en esa época había en el país".

El vocero de la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos de la Revuelta, Osvaldo Duran comentó que esperarán hasta fin de este año para que el Ejecutivo cumpla sus compromisos. ¨Con ese mismo valor, dijo en referencia al mandatario, conque va a otros países y habla de los presos de Nicaragua, de los derechos humanos, yo le pido que visite las cárceles y vea en las condiciones que están los presos¨.

Otro tema que compromete la gestión de Boric es la inseguridad ciudadana y el temor a ser víctima de actos de violencia, ya que nuevas tipologías delictuales amenazan con hacer mucho más daño.

En conversación con Radioanálisis, el director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, reveló que el último Indice realizado por esa institución  demostró un aumento en la percepción de temor de la ciudadanía, alcanzando un 28% en el país, la cifra más alta en los 22 años que ha registrado este instrumento.

Jhonson destacó que el nivel de temor “por supuesto que es gravísimo porque genera mucho daño también. Las familias están extremadamente atemorizadas¨ y puso como ejemplo, ¨la presencia del crimen organizado, el aumento de la violencia en delitos y en las tasas de homicidio”.

En su opinión, ¨el despliegue informativo en los medios de comunicación y las redes sociales  hacen a las personas testigos permanentes de casos de violencia, y evidentemente hay una mayor exposición a estos delitos”.

Pero en Chile hay motivos reales para vivir atemorizado. En el gobierno se baraja un proyecto de ley de narcotráfico y crimen organizado y de protección a las policías, las que se consideran mal equipadas, aunque en las manifestaciones públicas hacen uso de armamentos sofisticados. En la nación austral operan varias bandas mafiosas, incluso algunas importadas del exterior, como el Tren de Aragua, fundada en Venezuela, dedicada al tráfico ilegal de personas desde Perú hasta Santiago de Chile.

Según InsightCrime, ese grupo y el narcotráfico serían los responsables del  empeoramiento de vida en algunas partes del país, como la macrozona norte, en especial en la ciudad de Iquique, situada a 1757 kilómetros de Santiago, y que colinda muy cerca de la frontera boliviana. Hasta inicios de agosto se contabilizaban en Iquique 31 homicidios, mientras que el 2021 hubo 51.

Asimismo, el Estado de Excepción –al cual Boric se opuso años atrás- fue impuesto de nuevo por su gobierno en la macrozona sur de Chile, El Ministerio del Interior explicó que en esa zona son constantes conflictos entre la policías y comuneros mapuches.

José Manuel Zavala, profesor del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile, explicó sobre los últimos acontecimientos  que, cuando se refiere a "Macrozona Sur, estamos hablando del territorio histórico del pueblo mapuche, cuya parte central se mantuvo relativamente autónoma del Estado chileno hasta mediados del siglo XIX”.

Precisó que, tras el golpe de Estado de Augusto Pinochet, "se desató una represión muy fuerte contra comunidades y dirigentes mapuches y se implementó una contrarreforma agraria que devolvió tierras a los antiguos terratenientes".

Ese es un conflicto que se mantiene hasta hoy y que no parece será resuelto por Boric mientras opere la represión contra los pobladores autóctonos.

En el orden social, poco hay que destacar. A mediados de julio pasado, Boric admitió ¨tenemos una situación en la que hay una presión muy grande hacia las familias por el alza del costo de la vida¨.

Tres medidas fueron dictadas para aliviar la situación económica de una parte de la población, pero resultan insuficientes.

Chile posee 19 212 362 de habitantes. Un 10,8% vive bajo la línea de pobreza (2 112 185) y 4,3%, (831 232) en pobreza extrema.

En la acera opuesta, el patrimonio conjunto de los chilenos más ricos (de al menos 1 000 millones de dólares, equivale a un 16% del Producto Interno Bruto de ese país, de riquezas extraordinarias, pero con pobreza extrema.