Fuegos no sofocados

Casi un centenar de heridos y numerosas detenciones policiales caracterizaron las recientes jornadas de protestas masivas lideradas por los independentistas catalanes, luego de conocerse el apresamiento en territorio germano de Carles Puigdemont, el  jefe del gobierno regional destituido por Madrid y obligado a marchar al exterior para proteger su persona.

Los medios de prensa han hablado los últimos días de marchas masivas que ahora añaden a sus reclamos separatistas la garantía de que  la máxima figura política catalana no será privada de libertad, remitida a manos de la Moncloa, e impedida por la fuerza del ejercicio indefinido de sus funciones ejecutivas.

Y no se trata de aspiraciones y exigencias sin sustento. Vale recordar que una mayoría independentista se impuso en el último referendo realizado en Cataluña en torno a sus lazos con respecto a Madrid, consulta que el ultraderechista gobierno de Mariano Rajoy pretendió sabotear en materia organizativa y luego reprimiendo a los votantes y obligando a las autoridades locales a una virtual diáspora para evitar ser apresados bajos los duros cargos de sedición, traición y hasta mal manejo de fondos públicos.

Todo un escenario hostil y tenso que, sin embargo, no pudo evitar que semanas después, en diciembre pasado, y en comicios organizados por la propia Moncloa, el independentismo arrollara en las urnas con un setenta por ciento de respaldo entre los que acudieron a sufragar.

Entonces Carles Puigdemont, refugiado en Bruselas, dijo que semejante victoria lanzaba por tierra todo ardid legalista de Madrid contra el independentismo, y ofreció a Mariano Rajoy la posibilidad de establecer un diálogo en cualquier capital europea.

No obstante, desde entonces el equipo de Rajoy no ha escatimado esfuerzos para evitar el trabajo a plena capacidad del nuevo legislativo catalán, establecer consuetudinarias barreras e imposiciones que no permitan el regreso de los políticos locales que debieron marchar al exterior, a la vez que incriminar y mantener encarcelados a los que permanecen en territorio español.

Contra Puigdemont en particular se instruyeron acusaciones de “sedición, rebelión y malversación de fondos públicos”, y se promovió la aplicación de la titulada “orden de arresto europea”, concebida para poder atrapar en cualquier nación del Viejo Continente a personas buscadas por uno de sus vecinos regionales.

El líder catalán logró en Bélgica evadir esa disposición al entregarse a la policía de ese país y obtener libertad bajo fianza mientras esperaba acudir a los tribunales que decidirían sobre su extradición a España. Por demás obraba en favor de Puigdemont que para condenarlo en Bruselas las inculpaciones españolas deberían estar contenidas en las leyes belgas, y al parecer no todas aparecían en tales legajos.

Así las cosas, España suspendió la solicitud con respecto a Bélgica, y aprovechando un reciente viaje del político catalán a Finlandia, activó nuevamente su empeño, lo que motivó el actual arresto de Puigdemont a su entrada en Alemana, su remisión a una cárcel local, y la preparación de un posible juicio donde debe decidirse si es devuelto o no a las autoridades de Madrid.

Técnicamente, en este caso también habrá que determinar si las inculpaciones que pesan sobre el ex jefe de gobierno tienen similares formulaciones en las leyes germanas.

De todas formas, la percepción de los catalanes que aspiran a la independencia sigue siendo la de total asfixia a sus mayoritarias aspiraciones y decisiones, y lógicamente semejante escenario no hace otra cosa que alebrestar las voluntades y cercenar los caminos a un entendimiento equilibrado y respetuoso… propósito este último que evidentemente no consta en la agenda del actual gobierno aposentado en Madrid.