En clima enrarecido, colombianos eligieron el Congreso Nacional

El domingo fueron las elecciones legislativas en Colombia, a las que se presentaron cerca de 3 000 aspirantes a los curules de 102 Senadores y de 167 Representantes, en medio de un clima de violencia generalizada contra figuras y activistas políticos de la izquierda, con saldo de decenas de asesinatos, atentados y ataques.

Así, los colombianos definieron un nuevo congreso con 166 representantes a la Cámara y 102 senadores en su mayoría compuesto por partidos de derecha, en la Cámara de Representantes los partidos con más votos fueron el Partido Liberal (PLC), el Centro Democrático (CD) y el partido Cambio Radical (CR).

En cuanto a los resultados para el Senado los tres más votados fueron el Centro Democrático (CD), Cambio Radical (CR) y el Partido Conservador (PC).

El Partido Liberal con el 16,59 por ciento se mantiene como el movimiento con mayor número de representantes en la cámara al conseguir 35 curules. En su representación en el Senado obtuvo un 12,40 por ciento consiguiendo 14 senadores, tres menos que en el 2014.

Colombia cerró 2017 con 170 muertes violentas de líderes sociales y defensores de paz, indicó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), un 45,29% más que el año precedente.

En enero de este año, según esa fuente, otros 23 activistas fueron ultimados por grupos militares fortalecidos después de la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016 por las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FAR-EP) y el gobierno del derechista Juan Manuel Santos.

Ayer, cerca de 36 millones de colombianos fueron convocados a las urnas, aunque se esperaba un abstencionismo alto, tradicional en esta nación donde los políticos hacen carrera y millones de dólares a costa de la pobreza en que viven sumidas 8 580 000 personas, en tanto otras 6 000 000 están en pobreza extrema, indican informes de organismos internacionales.

Los candidatos al Congreso pertenecen a 16 partidos, movimientos y coaliciones políticas, aparte de las circunscripciones especiales para comunidades indígenas.

Estas elecciones resultan de suma importancia para el país. Desde que se firmó el Acuerdo de Paz primero en La Habana y luego en Cartagena de Indias quedó en evidencia la inexistencia de voluntad política del saliente Congreso Nacional en la implementación de las regulaciones adoptadas.

El órgano legislativo, de mayoría conservadora, transformó varios acápites del Acuerdo, impuso una Ley de Amnistía que favorecía a los sicarios y mantiene en prisión a los guerrilleros, paralizó el fast track, con el cual se aligeraba la toma de decisiones para fortalecer el proceso pacificador, entre otras muchas trabas que impidieron movimientos importantes del Ejecutivo.

El resultado de esa actitud de quienes rechazan la paz, liderados en el Senado por el ex presidente Álvaro Uribe, de fuerte influencia en la población, hizo que el gobierno de Santos –quien recibió el Premio Nobel de la Paz 2017 por suscribir el trato con las guerrillas- es que solo el 18% de los compromisos están cumplidos hasta ahora por el gobierno, según Naciones Unidas.

Ocurren estos comicios, previas a las presidenciales del próximo 27 de mayo, con la presencia por primera vez en 56 años del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), luego de que las FARC-EP desaparecieran como fuerza armada tras entregar las armas, identificar a sus miembros y pasar a la vida civil.

También en momentos en que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el gobierno buscan un acuerdo en la frágil negociación de Quito, Ecuador. Estas conversaciones fueron sacudidas por los asesinatos de líderes y activistas y enfrentamientos armados entre las partes al finalizar una tregua bilateral el pasado 9 de enero.

El clima de violencia que viven los colombianos se acrecienta con las acciones armadas de los grupos paramilitares que dominan territorios con el apoyo de poderes públicos locales que el Estado central no controla, dado su poderío vinculado al del narcotráfico.

Las organizaciones paramilitares creadas por Uribe cuando era gobernador de Antioquia, devenido su santo protector, son los asesinos de los 205 dirigentes sociales, ex guerrilleros y sus familiares, contabilizados hasta comienzos de febrero desde que se pactó la desmovilización de la FARC-EP el 26 de noviembre de 2016. Un acercamiento a la paz que para algunos analistas fue solo un movimiento de la derecha, muy bien urdido, para liquidar al movimiento guerrillero más antiguo de América Latina.

Las últimas semanas han sido violentas también contra candidatos presidenciales y a legisladores.

El ex alcalde de Bogotá, el izquierdista Gustavo Petro, sufrió un atentado en Cúcuta –fronteriza con Venezuela- que, demostró, fue planificado por las autoridades de esa localidad. Entretanto, el también postulado por las FARC, el excomandante Rodrigo Londoño, fue víctima de ataques derechistas que le impidieron hacer campaña y determinaron su salida de la contienda por el Palacio de Nariño.

Un artefacto artesanal explotó en Segovia, Antioquia, en el cierre de campaña de Olga Suárez y Horacio Gallón, del Partido Conservador, que dejó nueve personas heridas. El grupo paramilitar Clan del Golfo se responsabilizó con el atentado, pero al igual que ocurrió con Petro y Londoño, los delincuentes actuaron con absoluta impunidad y protección oficial.

CONSULTAS PARA DETERMINAR CANDIDATOS PRESIDENCIALES

El domingo también se realizaron dos consultas interpartidistas de carácter voluntario para que la ciudadanía se pronunciara sobre los candidatos a la Presidencia de las coaliciones de la extrema derecha y las de la izquierda.

En la autodenominada ¨La gran consulta por Colombia¨, el partido Centro Democrático presenta tres aspirantes: el senador Iván Duque, Martha Lucía Roque, y el ex procurador Alejandro Ordoñez. El primero es apadrinado por Uribe y la segunda por el también ex presidente Andrés Pastrana.

Tras el escrutinio de las mesas electorales, Iván Duque y Gustavo Petro fueron los elegidos por votación popular para ser candidatos a la Presidencia de Colombia.

Durante la jornada electoral realizada este domingo en Colombia, los candidatos Gustavo Petro e Iván Duque resultaron vencedores de las consultas interpartidistas "Inclusión social para la paz" y "Gran consulta por "Colombia", respectivamente.

Cuando algunos un tanto pomposa y equivocadamente llaman a estos meses en Colombia de post conflicto, la realidad indica que tanto en las campañas para las legislativas como para las presidenciales la violencia y la polarización política atentan contra lo que pudiera ser una acción democrática.

Los programas que presentan los candidatos a legisladores en los 32 estados y el distrito federal de Bogotá pasaron a un segundo plano, al igual que el Acuerdo de Paz, cuyo futuro queda en manos del nuevo Congreso y futuro Presidente.

Las poderosas fuerzas conservadoras lideradas por Uribe tratan de convencer a la ciudadanía que los aspirantes de posiciones centristas e izquierdistas son afines a lo que ellos llaman castrochavismo e intentarán, si ganan, convertir a Colombia en otra Venezuela, algo muy difícil de considerar teniendo en cuenta las características de los aspirantes presidenciales.

Nada que ver esta Colombia del 2018 con Cuba, Venezuela y los pueblos y gobiernos de corte socialista de esas dos naciones latinoamericanas, que defienden la libertad de los pueblos a escoger sus gobernantes y a la no injerencia foránea en los asuntos internos de otros países.

De este ardid apoyado por la media se valen los conservadores para evadir el debate sobre los grandes males nacionales, como el posible modelo de desarrollo basado en la megaminería y extravicismo y sus estragos ambientales, la pobreza, la exclusión social, la desigualdad e inequidad en el segundo país más desigual en la distribución del ingreso en América Latina: el uno por ciento más rico de la población concentra el 20% del ingreso.

Tampoco hablan Uribe y su comparsa de las 10 millones de familias campesinas golpeadas por los tratados de libre comercio, la carencia de salud pública y educación gratuita para todos. No mencionan que Estados Unidos mantiene siete bases militares en el territorio nacional ni que Santos dejó de ser un amigo de Venezuela, país que colaboró durante años  para la consagración del Acuerdo de Paz, para definirse como aliado de la derecha regional y de Washington contra el chavismo.

La histeria de la derecha colombiana es tanta que para demeritar a la izquierda –en su criterio- una propaganda televisiva del candidato Germán Vargas Lleras muestra hablando al ex alcalde de Bogotá con la voz del presidente venezolano Nicolás Maduro, intentado confundir al pueblo con la idea de que Petro es el candidato castrochavista. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral no interviene porque sus magistrados son elegidos por los partidos que siguen la línea del uribismo.

De esa actitud se deriva de que no hay un poder electoral convincente, mucho menos transparente en las dos elecciones de este año.

El boicot y el saboteo a las campañas de aspirantes al Congreso Nacional que militan en partidos progresistas o de izquierda son evidentes.

A Estados Unidos no le conviene para nada un Legislativo en función de poner en práctica las reformas que le darían un alivio a las capas más vulnerables de una sociedad donde impera el narcotráfico y tiene en su amigo del Norte su más fiel comprador; ni tampoco que se haga la paz, pues en la venta de armas al Estado obtiene pingues ganancias.  Negocios contra política de paz.