Colombia, la paz y elecciones en punta

Colombia está inmerso en un complejo panorama político debido al cumplimiento solo del 18 % de los Acuerdos de Paz de 2016, elecciones legislativas marcadas el próximo 11 de marzo y una violencia desmedida contra exguerrilleros y activistas políticos y sociales.

Este ambiente dista mucho de lo que se esperaba después de la suscripción del texto para dejar atrás la guerra con las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) en La Habana y Cartagena de Indias, que la derecha interna rechaza y trata de quebrar.

El Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz (OIAP) dio la alarma sobre los incumplimientos gubernamentales.

La firma de la paz marcó un giro importante en la historia colombiana, pero en la actualidad, luego del desarme de los campamentos, la entrega de las armas de más de 7 000 combatientes y el pase a la vida civil como Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) son muchas las fuerzas políticas progresistas inconformes con la manera en que el presidente Juan Manuel Santos encaminó el posterior proceso de supuesta reconciliación.

Santos, quien ganó la reelección con la promesa de pacificar el país, favorecido con un Premio Nobel por esa causa, no puede, porque se lo impide Estados Unidos y la derecha, continuar con la agenda suscrita, o no le interesa llevar a buen fin la paz, ya en las postrimerías de su mandato.

El director del Centro de Análisis y Asuntos Públicos, Juan Fernando Londoño, expresó que el proceso de reincorporación de los excombatientes avanza con lentitud, ya que son “más de 10 mil personas a la vez, cuando antes se trataba de un proceso gradual y minoritario”.

Un segundo momento deriva de las conversaciones, suspendidas por el momento, entre el gobierno y el Ejercito de Liberación Nacional (ELN), en Quito, Ecuador, que se espera sea retomado para el fin de una confrontación bélica que solo con las FARC-EP duró más de 50 años, con un saldo de 8 376 463 personas afectadas hasta el 2016. Ahora son más.

El Registro Único de Víctimas (RUV) detalló que, de esa inmensa cifra, 7 134 646 fueron personas desplazadas, 983 033 asesinadas, 165 927 desaparecidas por la fuerza, y 34 814 secuestradas.

LAS NUEVAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO Y LAS ELECCIONES

Los paramilitares colombianos fueron creados por la oligarquía en la década de los 80 del pasado siglo, para en un principio, supuestamente, proteger sus intereses, y después para asesinar dirigentes de las fuerzas progresistas y revolucionarias. Esos grupos cobraron más auge en Colombia luego del Acuerdo de Paz, pues los guerrilleros de las FARC-EP cerraron sus campamentos y fueron ocupados de inmediato por los paramilitares.

Solo en lo que va de año, según datos de la FARC, unos 80 dirigentes, muchos de ellos exsubversivos que pasaron a la vida civil, fueron asesinados por esas formaciones que actúan con absoluta inmunidad ante el evidente desinterés del gobierno por aniquilarlas.

La dirección política de las FARC, incluida en las próximas elecciones de marzo y mayo, decidió la última semana evaluar si seguirán en ese proceso, concebido como un paso de avance en la presunta reconciliación nacional, debido al asesinato de sus postulados y de quienes hacen trabajo político a su favor.

En recientes declaraciones, el antiguo jefe militar de las FARC-EP y candidato al Palacio de Nariño, Rodrigo Londoño Echeverri, anunció que reevaluarán la situación, aunque ello significa, según interpretan analistas, una victoria para la derecha, que los quiere fuera del juego para irlos exterminando en silencio.

Londoño alertó que “el grado de nuestras preocupaciones ha llegado a tal nivel, de hacerme pensar si he obrado con demasiada buena fe en este proceso”, luego de reunirse con el ministro del Interior, Guillermo Rivero. Calificó de insólito haberse visto obligada la FARC a suspender su campaña política debido a los ataques de la extrema derecha, cuando siempre se les instó, hasta por el propio expresidente ultraderechista Álvaro Uribe (2002-2010) a cambiar las balas por los votos.
Según el acuerdo, el nuevo partido surgido del movimiento guerrillero presentó sus aspirantes al Senado y la Cámara de Representantes, en las que, aun cuando no fueran ganadas en votos, tenían cinco escaños en cada uno.

Si el Partido de los antiguos guerrilleros decide retirarse de la contienda —aunque se espera que retornen porque solo conseguirán dar mas espacio a los enemigos de la paz—, este importante logro del Acuerdo, como otros, se irá a bolina.

Uno de los asuntos más calientes, sin solución hasta ahora por un gobierno devenido consulado de Estados Unidos en América Latina y en sucia guerra contra Venezuela, es el de los cultivos ilícitos, cuya destrucción debió hacerse de manera voluntaria por los campesinos para sustituirlos por cosechas alimentarias. Se estimaba que el Programa Nacional Integral de sustitución de cultivos se encargaría del nuevo proceso, pero este cayó en manos del Ejército, que destruye las plantaciones a la fuerza, golpea a mujeres y hombres y cuenta con varios asesinatos por esta causa.

Los campesinos reclaman que los militares arrasan a su paso sin entregarle las semillas de los nuevos productos. Además esta situación los condena al ostracismo, pues las zonas donde residen están muy alejadas de los comercios de venta. El informe de la Fundación Paz y Reconciliación revela que el 50 % de los cultivos se encuentra en 10 municipios de cuatro departamentos colombianos: Nariño, Norte de Santander, Cauca y Putumayo, donde se reportan, además, el mayor número de confrontaciones.

En su defensa, los pobladores reiteran que la siembra de la coca representa la única alternativa de ingresos ante sus condiciones de pobreza. Ellos solo venden las hojas, pues la cocaína es elaborada en laboratorios.

El informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) reflejó que 78 líderes sociales han sido asesinados tras denunciar acciones violentas en contra de sus comunidades. Medios locales reseñan que fallecieron casi 100 activistas, mientras las autoridades afirman que son 54. Además, se suman los más de 20 excombatientes ultimados y más de 10 familiares en 2017, a quienes el Estado debía brindar protección personal para consolidar su reintegración social, como parte de lo pactado.

Otro importante incumplimiento gubernamental es el referido al juzgamiento de los antiguos participantes en la guerra, tanto guerrilleros como miembros de los distintos órganos militares. La Corte Constitucional de Colombia aprobó el sistema de Justicia Especial para la Paz (JEP), pero en un giro inesperado acordó que solo juzgará a los excombatientes, mientras los militares quedarán libres. Será el Congreso quien determine las condenas de quienes se sublevaron ante la penosa situación de la población pobre de Colombia.

ELECCIONES EN MARZO Y MAYO

Los motores ya están calientes para la celebración, el próximo día 11, de las elecciones, donde serán electos los miembros de las dos Cámaras del Congreso Nacional: 102 escaños del Senado y 166 de la Cámara de Representantes. La inscripción de candidatos dejó 2736 aspirantes (943 al Senado y 1793 a la Cámara).

Son 16 los partidos o grupos significativos representados en el tarjetón electoral al Senado para circunscripción nacional, y siete partidos o movimientos por la circunscripción especial para comunidades indígenas.

En estos momentos, muchos de los 36 millones de colombianos convocados a las urnas se preguntan si habrá un congreso mejor en el futuro o será una copia del actual, que es rechazado por el 70 % de la ciudadanía.

Esta rama del poder público está envuelta en escándalos de corrupción desatados el pasado año, que dejaron como resultado dos congresistas presos del Partido Social de la Unidad Nacional, o Partido de la U, del presidente Santos.

También para su descrédito, el Congreso trabajó de manera burocrática y taimada la tramitación del Acuerdo de Paz de La Habana. Algunos legisladores, incluso, según revelaron diarios colombianos, le hicieron la guerra a Santos tratando de cambiar votos favorables a la paz por cargos en el gobierno, lo que causa gran malestar en la población.

Un hecho inédito marcan las presidenciales: por primera vez hay más candidatos por aval de firmas que por partidos políticos. De los 13 candidatos que aspiran llegar a la Casa de Nariño, ocho cuentan con el respaldo de las firmas recolectadas. 

La cadena multinacional TeleSur informó que la Registraduría Nacional del Estado Civil dio visto bueno a las rúbricas de Germán Vargas Lleras, Carlos Caicedo, Alejandro Ordóñez, Piedad Córdoba, Sergio Fajardo, Juan Carlos Pinzón, Gustavo Petro y Marta Lucía Ramírez, lo que permite su postulación.

Mientras, los avalados por partidos políticos son Humberto De la Calle (Partido Liberal), Clara López (Alianza Social Independiente - ASI), Iván Duque (Centro Democrático) y Rodrigo Londoño (FARC). 

Según esas fuentes, las alianzas y coaliciones políticas por los bloques de la derecha y la izquierda continúan fraguándose; la centro-izquierda aún discute cómo elegir a su candidato, mientras que la derecha parece no ponerse de acuerdo.